Las dos formaciones políticas lideradas por Pedro Sánchez y Yolanda Díaz cerraron hace unos días un pacto con más de 200 medidas que llevarán a cabo si conforman gobierno, entre las que se encuentra la extensión de este tributo, así como el creado para las energéticas.

"Revisaremos los gravámenes sobre la banca y las empresas energéticas con el objetivo de readaptarlos y mantenerlos una vez que expire su periodo de aplicación actual para que ambos sectores sigan contribuyendo a la justicia fiscal y al sostenimiento del Estado de bienestar", recoge el acuerdo de PSOE y Sumar.

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Algo que no ha sentado nada bien en el sector bancario, especialmente entre las grandes entidades, que son las afectadas por el pago de este impuesto y que ya han afrontado su coste este año (con efecto sobre los beneficios de 2022). Lo volverán a hacer en 2024 (por el gravamen sobre las ganancias de 2023).

Los banqueros han reiterado su opinión de que este gravamen es "injusto" y "discriminatorio", así como sus advertencias sobre que su imposición puede afectar a las inversiones en España y a la concesión de crédito a largo plazo.

Creado para dos ejercicios

Hay que recordar que este impuesto fue diseñado para gravar los resultados de algunos bancos correspondientes a los ejercicios 2022 y 2023, pagadero en los años 2023 y 2024, respectivamente. Es decir, según su diseño inicial el último pago del mismo se realizaría el año que viene.

Este tributo grava con un 4,8% los ingresos por intereses y comisiones que registren las entidades que en 2019 superaron los 800 millones de euros en ingresos por estas dos partidas. Una condición que deja fuera a las filiales de bancos extranjeros, incluidas las de gran tamaño, como es el caso de ING. Otros bancos más pequeños también están excluidos de la obligación de pago del impuesto.

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Uno de los aspectos que más molesta a los banqueros es el hecho de que este impuesto se haya creado para minimizar sus ganancias -que en el Gobierno consideran "extraordinarias"-, pero no grave los beneficios, sino los ingresos. Algo que en la práctica implica que si un banco entra en pérdidas en un ejercicio pero registra ingresos, tendrá que hacer frente al pago del impuesto igualmente.

Además, a los banqueros no les gusta que no afecte a todas las entidades del país, dado que no sólo les pone en una situación de desventaja competitiva con los bancos europeos, sino también con otros que operan en España.

Irse de España

Los banqueros han reiterado su oposición frontal al impuesto durante los últimos días, aunque no han llegado a amenazar con llevarse las inversiones fuera de España, como sí han hecho los gestores de algunas energéticas.

En concreto, Repsol ha anunciado ya la paralización de un proyecto renovable de 100 MW en España hasta que haya estabilidad regulatoria. Lo ha hecho después de que Josu Jon Imaz, su consejero delegado, afirmara que sus inversiones "tienen que estar en stand by" si no hay un marco regulatorio "estable y previsible".

En línea con esta amenaza, Ana Botín, presidenta de Santander, afirmó el martes durante la Conferencia Internacional del banco que "hay que pagar impuestos, pero si se paga demasiado la gente se marcha". "A veces da la sensación de que queremos redistribuir, pero si no crecemos va a haber muy poco que redistribuir", defendió.

La necesidad de crecer y avanzar como sociedad ha sido un argumento que los banqueros han esgrimido en los últimos días al posicionarse contra el impuesto. 

Los primeros espadas del sector bancario creen que el hecho de que el impuesto grave los ingresos y no los beneficios puede ser especialmente perjudicial para el crédito en momentos en los que las entidades no tengan unos márgenes tan boyantes como en la actualidad. Es decir, en épocas de tipos de interés bajos o negativos, como la que se acaba de dejar atrás.

"Hay ciclos y estamos en un ciclo arriba y el impuesto puede afectar o no. En un ciclo bajo [con bajadas de los tipos de interés], creo que podría afectar de manera importante", advertía la pasada semana Héctor Grisi, consejero delegado de Santander. 

Impacto en el crédito

Precisamente, una de las principales advertencias que los banqueros emitieron cuando se creó el impuesto fue que podría afectar al crédito, algo que se presupone que no ha ocurrido por el momento.

Para Onur Genç, consejero delegado de BBVA, el motivo es que el efecto del impuesto no puede medirse en tan poco tiempo. "El impacto es más a largo plazo, no es un trimestre o seis meses", apuntó, para añadir después que "si tienes menos capital en el banco, darás menos crédito".

También Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, quiso pronunciarse en contra del gravamen hace unos días, durante su presentación de resultados. En su opinión, penalizar en términos de fiscalidad a la banca y a la gran empresa supone "pegarse un tiro en el pie".

María Dolores Dancausa, consejera delegada de Bankinter, que celebró su presentación de resultados antes de que se conociera el acuerdo para el gobierno de coalición, apuntó que cambiar "las reglas del juego" genera "inseguridad jurídica". Es su deseo que el impuesto decaiga "venga quien venga".

Por su parte, César González-Bueno, consejero delegado de Sabadell, rehusó pronunciarse respecto de la prórroga del impuesto durante su correspondiente presentación de resultados.