En este encuentro, al que acudirán representantes del sector bancario, así como del equipo de Nadia Calviño, se ha convocado con el fin de tratar esta cuestión y otras en relación con el plan de ayudas a los hipotecados. Sin embargo, según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia, el orden del día aún no está cerrado y podrían añadirse otros temas.

Como ya informó este periódico, Calviño pondrá sobre la mesa esta medida, que para aplicarse deberá ser aceptada por la banca. Tras acordarlo con el sector, se añadirá una adenda o anexo a los Códigos de Buenas Prácticas y cada entidad decidirá si lo acepta o no, aunque es improbable que alguna se niegue a un acuerdo previamente pactado entre el Gobierno y las patronales.

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El Gobierno y la banca pactaron en noviembre del año pasado una serie de medidas para reestructurar la deuda hipotecaria de las familias con el objetivo de mitigar el impacto de la fortísima subida del Euríbor a doce meses sobre su renta.

Fruto de este acuerdo nacieron una serie de medidas agrupadas en dos Códigos de Buenas Prácticas: uno que es la ampliación del firmado en 2012 -tras el estallido de la crisis financiera- y otro de nueva creación. En ambos se recogen medidas como la congelación de las cuotas hipotecarias, el alargamiento del plazo de vencimiento de los préstamos y otras soluciones de reestructuración de la deuda.

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Estas medidas están limitadas a un nivel determinado de renta, cuyo máximo es de 3,5 veces el IPREM, es decir, unos 29.400 euros al año. Sin embargo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció durante su discurso de investidura que este umbral se elevará hasta los 38.000 euros. En concreto, hasta 37.800 euros anuales -4,5 veces el IPREM-. Una medida que, en realidad, ya había pactado con Sumar e incluido en su acuerdo para el gobierno de coalición.

Tampoco es que haya sido una sorpresa para el sector. Lo cierto es que antes de que se celebraran las elecciones Calviño ya puso sobre la mesa, durante una reunión celebrada con los representantes de la banca, la posibilidad de ampliar las medidas del plan de rescate hipotecario y, en concreto, de aumentar el umbral de renta para acceder a las ayudas, según ha sabido este periódico.

"No hay necesidad"

La opinión del sector sobre esta nueva medida es bastante unánime y se puede resumir en una palabra: innecesario. Los gestores de la banca creen que, debido al limitado número de solicitudes que se ha registrado hasta el momento, no hace falta incrementar las medidas.

Hace algunas semanas, el Banco de España desveló que la banca ha recibido unas 42.000 solicitudes para la aplicación de las medidas contenidas en los Códigos de Buenas Prácticas. Del total, tan sólo el 10% ha sido aprobado por el momento, mientras que el 50% está en revisión.

[La banca aprueba el 10% de las 42.000 solicitudes para el plan de rescate hipotecario y rechaza el 40%, según el BdE]

El 40% restante han sido rechazadas, mayoritariamente por no cumplir con los requisitos que incluye el programa. En relación con estas que han sido desestimadas, los bancos han recibido unas mil reclamaciones y, de ellas, el 90% se ha resuelto a favor del hipotecado.

Estas cifras, que son limitadas en relación con el número de hipotecas que están en circulación en el sistema -42.000 suponen apenas el 0,4% del total-, llamaron la atención del Gobierno, que pidió a la banca que "extreme la diligencia" en la tramitación de las solicitudes de adhesión a los Códigos de Buenas Prácticas. No en vano, estos números están muy lejos del millón de familias a las que el Gobierno aspiraba a llegar con estas ayudas.

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Desde el Banco de España, el propio gobernador, Pablo Hernández de Cos, afirmó hace unos días que en la institución no ven "necesidad en este momento de hacer una modificación del Código de Buenas Prácticas".

Y es que el uso de estos Códigos "está siendo todavía limitado", algo que, según el análisis del Banco de España, se debe a que "la economía ha ido razonablemente bien" y a la resiliencia del mercado de trabajo.

Nada lo exige

En la banca la opinión no es muy diferente. María Abascal, directora general de la Asociación Española de Banca (AEB), apuntaba en un foro bancario reciente que en su opinión no hay "elementos objetivos" que justifiquen u obliguen a poner en marcha una ampliación de los Códigos de Buenas Prácticas. "Lo cierto es que desde que aprobamos ese acuerdo, que sigue en vigor, nos han sorprendido positivamente todas las variantes", apuntó.

Por su parte, Antonio Romero, director corporativo de servicios asociativos y recursos de la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA), señaló que hay que dejar "más tiempo" para valorar si existe una necesidad de que el código sea extendido.