La abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Tamara Capeta, ha pedido este jueves que se desestimen íntegramente los recursos presentados por los accionistas y acreedores del Banco Popular contra la liquidación de la entidad ejecutada por la Junta Única de Resolución (JUR) y aprobada por la Comisión Europea en junio de 2017. El dictamen rechaza también todas las pretensiones de indemnización de los afectados.
Las opiniones de los abogados generales del TJUE no tienen carácter vinculante, pero los jueces suelen seguir sus recomendaciones en una gran mayoría de los casos. La sentencia final se publicará en cuestión de meses.
En fallo del 1 de junio de 2022, el Tribunal General de la UE (TGUE) ya avaló la liquidación del Popular y su venta por un euro al Santander por la necesidad de garantizar la estabilidad financiera en la eurozona. El procedimiento de resolución del Banco Popular "perseguía un objetivo de interés general, el objetivo de garantizar la estabilidad en los mercados financieros".
[El TJUE avala la liquidación del Popular y rechaza devolver el dinero a los accionistas]
Un principio que puede justificar la limitación de otros derechos esgrimidos por los demandantes, como el derecho de propiedad o el derecho a ser oídos, según el fallo del TGUE. Los jueces desestimaron también las alegaciones de supuestas irregularidades en el proceso de venta al Santander y rechazaron devolver el dinero a accionistas y acreedores.
La sentencia ha sido recurrida en casación ante el Tribunal de Justicia de la UE por grandes fondos como Aeris, así como por particulares que lo perdieron todo en la liquidación del Popular. Los afectados mantienen su reclamación de ser indemnizados.
En su dictamen de este jueves, la abogada general pide al TJUE que desestime los recursos de casación y condene en costas a los recurrentes. De hecho, Capeta defiende que se confirme la sentencia de primera instancia en todos sus términos.
En este sentido, la abogada general vuelve a rechazar el argumento de que fueron las propias filtraciones a la prensa de la JUR sobre los problemas del Popular, así como las declaraciones de su presidenta, la alemana Elke König, las que provocaron el pánico bancario que desembocó en la intervención de la entidad.
"El Tribunal General señaló con razón que los problemas de liquidez de Banco Popular eran graves ya antes de que se realizara la entrevista el 23 de mayo de 2017 y que la crisis de liquidez de Banco Popular fue causada por múltiples factores que se derivaron de los malos resultados del banco anunciados en febrero y abril de 2017", dice el dictamen.
En cuanto a las pretensiones de indemnización de accionistas y bonistas, la abogada general señala que el reglamento del mecanismo único de resolución "no contempla la posibilidad de solicitar indemnización y las demandantes en primera instancia no especificaron el alcance exacto del perjuicio sufrido o el importe exacto de la indemnización solicitada".