Hacienda recaudará este año entre los bancos que cotizan en Bolsa hasta un total de 1.478,6 millones de euros por el impuesto especial a la banca. En concreto, un 32% más que en el pasado ejercicio, según se desprende de las provisiones que han ido comunicando las entidades financieras cotizadas en los últimos días.

Así, mientras que el año pasado los seis bancos que cotizan en Bolsa (Santander, BBVA, Sabadell, CaixaBank, Bankinter y Unicaja) tuvieron que abonar 1.119,8 millones de euros por el gravamen especial, este año el cargo asciende a 1.478,6 millones de euros, según recoge Europa Press. 

Eso sí, la recaudación total aumentará, porque hay otras entidades que están sujetas al tributo. Durante 2023, Hacienda recaudó del total del sector bancario 1.263 millones por este concepto, algo menos de la mitad de los 2.900 millones de euros que se recaudaron junto con el impuesto a las energéticas.

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La entidad más afectada por el gravamen sigue siendo CaixaBank, que tendrá que abonar este año 493 millones de euros, un 32,2% más que los 373 millones que abonó el año pasado.

En segunda posición se sitúa Banco Santander, cuya 'factura' con Hacienda se eleva un 49,6%, hasta los 335 millones de euros, mientras que BBVA tendrá que abonar unos 285 millones, un 26,7% más.

Convertirlo en permanente 

Sabadell abonará un 22,3% más, hasta 192 millones de euros, mientras que Bankinter contribuirá al erario público con 95 millones por este impuesto especial, un 23,4% más. De su lado, Unicaja tendrá que desembolsar 78,6 millones, un 23,2% más.

Aunque este gravamen extraordinario se implantó con un carácter temporal de dos años, para 2023 y 2024 (recaudando sobre los resultados de 2022 y 2023, respectivamente), la intención del Gobierno es convertirlo en permanente. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se ha ido reuniendo con las entidades desde su toma de posesión y algunas de ellas le han trasladado la petición de que el impuesto se modifique para reducir lo que consideran un "carácter discriminatorio".

La configuración actual deja fuera a entidades que ingresan menos de 800 millones de euros por margen de intereses y comisiones netas, lo que favorecería a la banca extranjera que opera en España.