Recientemente, la Fiscalía Anticorrupción había solicitado esto mismo: mandar al banquillo al exdirectivo, apodado con sus siglas, FG; al antiguo comisario y a la propia entidad bancaria como persona jurídica. Y así lo ha decidido el magistrado, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, a través de un auto de 247 folios.

No obstante, tanto González como Villarejo, el BBVA y el resto de los encausados aún pueden presentar recursos con los que impugnar esta decisión.

El eje central de esta causa judicial son los encargos, aparentemente ilegales, contra empresas rivales que el BBVA encomendó desde 2004 hasta 2016 al Grupo Cenyt, el conglomerado empresarial propiedad de Villarejo. En aquellas fechas, este último era policía en activo.

De acuerdo con el auto del juez, uno de estos encargos trataba sobre obtener información sobre el intento de adquisición por parte de Sacyr de una participación significativa en el BBVA entre los años 2004 y 2005. Fue el denominado Proyecto Trampa.

El excomisario José Manuel Villarejo. Europa Press

El denominado Proyecto Summer Fish versó sobre el patrimonio del empresario Fernando Martín y el denominado Proyecto Summer-Gate, acerca del de Luis Portillo.

Según el criterio de Anticorrupción, éstas y otras contrataciones se produjeron con la expresa aquiescencia del entonces presidente y máximo responsable del banco, Francisco González. Y así lo cree también García-Castellón.

Por ello, los investigados serán enjuiciados próximamente por los supuestos delitos de cohecho en grado de continuidad y descubrimiento y revelación de secretos.

El auto del juez detalla todos los encargos realizados a Villarejo por parte del BBVA contra varios competidores, así como los pagos efectuados al Grupo Cenyt. Subraya que, a lo largo de varios de los años investigados, el banco fue el principal cliente del conglomerado empresarial.

Contratos

El magistrado, en sintonía con la Fiscalía Anticorrupción, considera acreditado que los investigados eran conscientes de que con dichos contratos se estaba vulnerando la normativa interna de la entidad al encargar a un policía en activo que recabara datos confidenciales mediante contraprestaciones a otros agentes en activo.

Además de Francisco González, se sentarán en el banquillo otros antiguos responsables de ciertas áreas del BBVA. Se trata de Julio Corrochano, exjefe de Seguridad del banco; su antiguo director de Riesgos, Antonio Béjar, y el otrora CEO de la entidad, Ángel Cano.

Se suman al listado de encausados: Rafael Redondo, socio de Villarejo; Eduardo Arbizu, exjefe de Control Interno de BBVA; Eduardo Ortega, actual responsable de los servicios jurídicos del banco; Joaquín Gortari, responsable de Auditoría Interna, y Óscar Santos, empleado de la entidad financiera. El auto del juez también acuerda el archivo de esta causa —la pieza separada número 9 del caso Villarejo— para once investigados.

Sobre Francisco González, el auto del juez recalca que existen indicios "relativos a su participación, directa y personal, en los hechos".

Autorizaciones

En resumen, el magistrado señala que los audios encontrados en casa de Villarejo ponen de manifiesto que FG "no sólo conocía", sino que "autorizó las ilegales actividades para las que había sido contratada Cenyt".

"Fue por su expresa orden por la que se procedió a contratar con Villarejo, siendo él la persona que recibía los informes elaborados", añade.

"Y la única razón por la que el BBVA no ejecutó el programa de prevención penal y puso de manifiesto lo sucedido era que todo se explicaba porque se trataba de ejecutar lo mandado por el presidente", reprocha el juez. 

Así, afea las "incongruencias difíciles de sostener" en las que FG incurrió en su declaración como investigado, en lo relativo a su grado de conocimiento sobre la contratación de Villarejo.

Fachada de la Audiencia Nacional, en una imagen de archivo. Efe

García-Castellón explica también que los encargos a Villarejo se iniciaron gracias a su amistad con otro de los investigados, Julio Corrochano, al que el primero solía referirse como Julito.

Gracias a estos contratos —expone la resolución— ambos se lucraron y Corrochano logró "afianzar su posición" en BBVA, a la par que Villarejo consiguió una importante fuente de ingresos.

De hecho, en el escrito en el que Anticorrupción solicitó celebrar un juicio por todos estos hechos, el fiscal Alejandro Cabaleiro señaló que Julio Corrochano conocía esa "doble actividad de su amigo" y le comunicó a FG la existencia de "tal anómalo e ilegal recurso". Asimismo, le habría garantizado al entonces presidente del banco total discreción si recurría a los servicios de Villarejo.

EL ESPAÑOL-Invertia se ha puesto en contacto con un responsable de la entidad bancaria a fin de recabar su versión sobre estos hechos. Fuentes de la entidad señalan que el banco "siempre ha defendido y sigue defendiendo que de lo investigado no se deriva responsabilidad penal" para el BBVA, "quien siempre ha tenido plena disposición a colaborar con la Justicia en su esclarecimiento".