Sánchez minimiza el impuesto para las energéticas pero deja a la banca sin incentivos pese a invertir en la descarbonización
- Las entidades realizan millonarias inversiones para financiar la transición verde, pero su impuesto ha sido agravado, en lugar de suavizado.
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Tras muchos vaivenes, el Gobierno ha decidido finalmente aprobar un nuevo gravamen temporal sobre las energéticas para 2025, eliminando de alguna manera la discriminación frente a la banca que se produjo al tumbar inicialmente el impuesto. Con todo, la banca seguirá estando más afectada, pues no podrá optar a los incentivos fiscales que sí recibirá el sector energético.
Pedro Sánchez anunció el lunes, tras el último Consejo de Ministros del año, que el gravamen a las energéticas se extenderá a 2025, a pesar de saber que dos de sus socios parlamentarios habituales están en contra del mismo y podrían volver a rechazarlo en el Parlamento.
Para intentar evitar llevarse otro no, el Gobierno ha decidido introducir como novedad incentivos fiscales para minimizar el impacto sobre el sector energético. Estos se concederán en función de las inversiones estratégicas que realicen estas empresas para la transición energética y la descarbonización.
Unos incentivos que no van a existir en el caso del impuesto a la banca. Hay que recordar que los gravámenes extraordinarios a las energéticas y al sector financiero nacieron juntos hace dos años con el objetivo de que ambos sectores contribuyeran más a las arcas públicas con la justificación de que recibían "beneficios caídos del cielo" -por la subida del precio de la luz y por el incremento de los tipos de interés, respectivamente-.
Sin embargo, este año han separado sus caminos. Mientras que las energéticas estuvieron a punto de conseguir que el gravamen se extinguiera y, finalmente, se haya aprobado con bonificaciones fiscales, la banca ha recibido la creación de un impuesto diferente -ya no es una tasa-, que afecta a más entidades y que, además, penaliza más a las grandes.
El rediseñado gravamen ahora es obligatorio para todos los bancos que operan en España, independientemente del tamaño de su activo, y se paga progresivamente, con mayor afectación para las entidades con mayor volumen de negocio.
Mientras el anterior gravamen establecía una cuota del 4,8% para todas las entidades sobre los ingresos por intereses y comisiones de los bancos más grandes, el tipo nuevo será de entre el 1% y el 7% en función de la base liquidable de cada entidad.
Incentivo fiscal
Por el momento, el Gobierno no ha dado prácticamente detalles sobre qué incentivos fiscales creará para las energéticas en la extensión del gravamen.
El Ministerio de Hacienda ha explicado que esas inversiones serán consideradas en función de su magnitud para contribuir al crecimiento económico y el empleo, ya se realicen en activos fijos o tecnológicos comprometidos en proyectos industriales.
Estas pueden ir desde la producción de hidrógeno renovable a transformar residuos en productos que tengan una segunda vida o en gases renovables, como el biogás.
En todo caso, se contemplan para el gravamen a las energéticas, pero no para el nuevo impuesto a la banca. Hay que entender que la inversión que realiza la banca en la transición verde es, lógicamente, diferente. En su caso, en lugar de inversiones con una naturaleza física, tienen que ver con financiar este proceso y a las empresas que quieren descarbonizarse, así como fomentar productos verdes, como las hipotecas (que se conceden a viviendas en edificios eficientes).
De hecho, las grandes entidades incorporaron hace años a su discurso la importancia de invertir en la transición verde y renuevan constantemente sus compromisos. Además, están obligados por los supervisores a apoyar la transición verde y a afrontar test de estrés climáticos para minimizar al máximo posible los riesgos de este proceso (físicos, operativos y de crédito).
El mismo lunes era Sabadell el que informaba de que se ha marcado la meta de reducir la intensidad física de las emisiones de gases de efecto invernadero de su cartera minorista hipotecaria en España en un 20% entre el periodo 2023-2030. En el caso del inmobiliario comercial, el compromiso es de una reducción de la intensidad de su cartera en un 51%, en el mismo horizonte temporal.
Por su parte, BBVA, que tiene el objetivo de ser neutro en emisiones de carbono en 2050, ha alcanzado recientemente los 108 millones de euros de inversión en fondos de descarbonización y selló una alianza estratégica con KKR para invertir 200 millones de dólares en su estrategia climática global.
Santander también tiene el objetivo de ser neutro en emisiones de carbono en 2050 y antes de 2030 (y desde 2019) tiene la meta de financiar o facilitar la movilización de 120.000 millones de euros en financiación verde.
En cuanto a CaixaBank, tiene el compromiso de reducir un 30% la intensidad física de las emisiones de gases de efecto invernadero de su cartera crediticia y de inversión en el sector eléctrico y un 23% en petróleo y gas, mientras que para el carbón térmico plantea una reducción del 100%, un 33% menos de intensidad de emisiones para automoción y el hierro y el acero, con entre un 10% y un 20% menos de intensidad de emisiones, todo antes de 2030.
Inversiones, todas, que en ningún caso van a librar a los grandes bancos de hacer frente a un gravamen de hasta el 7% sobre sus ingresos por intereses y comisiones. Y es que el impuesto al sector, aunque se haya reformulado, no incluye por ninguna parte incentivos a la inversión verde ni a ningún otro tipo de inversión.