En los próximos dos años, España podrá acceder a unos 140.000 millones de euros del fondo para la reconstrucción de Europa. Se trata de una multimillonaria cuantía que se entregará en forma de préstamos y entregas a fondo perdido para que este país modernice su economía y salga reforzado de esta crisis.

Bruselas ya ha avisado de que no va a permitir cualquier inversión, y recuerda que todas las medidas deben estar alineadas con los principios básicos que rigen la política europea de cara a los próximos años, con una fuerte apuesta por la sostenibilidad medioambiental. De hecho, se harán exámenes a los programas que desarrollen los estados, y la evaluación será esencial para el desembolso de las ayudas. 

De lo que se trata, en definitiva, es de evitar los errores del pasado, cuando los programas de la Unión Europea servían para financiar costosas infraestructuras que luego no sirvieron para nada. Inversiones en planes E o en la construcción de autovías o estaciones fantasma de AVE que luego no obtuvieron el rendimiento esperado.

Cartel del Plan E.

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ya puso sobre la mesa a mediados de mayo algunas de las reformas estructurales que necesita este país para sanear sus cuentas públicas, revisando el gasto y mejorando los ingresos fiscales. 

En Invertia hemos querido preguntar a distintos expertos y a representantes de diversos sectores económicos en qué deberían invertirse esos 140.000 millones. 

El economista Javier Santacruz señala varios ámbitos urgentes de actuación: “la reforma del sistema de financiación autonómica con el foco en la Educación, la dotación de recursos para la transición energética, la inversión en infraestructuras y redes de conexión de agua y el reforzamiento del sistema logístico nacional con la reforma de los nodos logísticos” son los más destacados a su juicio.

Pero, ¿qué dicen los distintos sectores económicos?

Sanidad 

La sanidad será una de las piezas clave a reforzar en los próximos meses. No solo por el coronavirus y por posibles brotes que puedan venir: el acuerdo de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos recoge que la inversión en sanidad suba al 7% del PIB (unos 12.000 millones de euros anuales más) y la renovación del parque tecnológico de los hospitales.

Pero, ¿qué priorizar? José Martínez Olmos, ex secretario general de Sanidad, considera que los esfuerzos se deben centrar “en reforzar los sistemas y el personal relacionado con la salud pública”. Apuesta por mejorar los sistemas de registro de enfermedades, las tecnologías que permitan su rastreo y ‘fichar’ más epidemiólogos para diseñar estrategias preventivas que pongan a raya el Covid-19 u otro tipo de virus.

Un laboratorio en una imagen de archivo.

También habría que invertir “en digitalizar los servicios sanitarios, para hacer más eficiente la gestión y abrir la atención a otras fórmulas” como la telemedicina. “Determinados casos se podrían resolver con una conversación virtual entre paciente y médico, y esta fórmula es más efectiva y eficiente”, sentencia.

Una fórmula que serviría para mejorar la asistencia en residencias de ancianos y en dependientes. Esto ayudaría también a abrir “nuevos espacios de negocio” para los suministradores de estos servicios.

Respecto a la renovación de la tecnología sanitaria (entre la que se encuentran los equipos de diagnóstico), Fenin, la patronal de este sector, planteó en 2019 una estrategia a cuatro años para abordar este problema: con 1.600 millones de euros se podría paliar.

Turismo 

Uno de los sectores más afectados por la crisis del coronavirus es el turismo. El presidente de la patronal Exceltur cree que de los 140.000 millones que le corresponden a España de ese Fondo de Recuperación, unos 30.000 millones deberían ir a inversiones en el turismo. 

Unos fondos que servirían para tres cuestiones concretas. Primero, financiar la extensión de los ERTE más allá del 30 de junio. Segundo, reforzar el apoyo y la liquidez necesaria para las empresas turísticas con nuevas líneas de crédito ICO y también eliminar cargas impositivas “para asegurar la supervivencia empresarial”. Por último, poner en marcha un plan renove de destinos turísticos maduros. 

Establecimientos cerrados en el Aeropuerto de Barajas.

Por su parte, la Mesa de Turismo insiste también en la ampliación de los ERTE y la reducción del IVA al 7%. Además, Carlos Abella, el secretario general de la organización, reclama campañas publicitarias “para potenciar la imagen de España como destino seguro y evitar que perdamos competitividad”. 

¿Y las aerolíneas? ERTE al margen, el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), solicita una rebaja de las tarifas aeroportuarias por parte de AENA compensadas por el Gobierno. “Una vez que se retome la actividad, la demanda  será menor y será necesario estimularla vía precios”, reconoce. De hecho, recuerda que el Ejecutivo ya tomó una medida parecida con la quiebra de Thomas Cook. 

Automóvil

Si el turismo lo tiene difícil, el automóvil no se queda corto. De hecho, el sector no ha tenido una semana sencilla. Nissan ha anunciado su adiós de Barcelona, y Renault llevará a cabo un programa de jubilaciones anticipadas en los próximos meses. No es de extrañar que reclamen “medidas rápidas que le permitan mantener su competitividad en el futuro”, tal y como explican desde Anfac. 

Por eso, valoran como “fundamental” el paso dado por las instituciones europeas. Explican que desde el Ejecutivo deberían pensar en ayudarles en un momento clave de transformación hacia la movilidad electrificada y libre de emisiones. En definitiva, “un compromiso-país que impulse la competitividad” de las plantas y que envíe la señal de que España “cuida” a los inversores. 

imagen de una de las líneas en la fábrica de Seat Martorell. Seat

Reclaman también “sandboxes normativos y tecnológicos” que nos permitan ser “campo de pruebas” de nuevas tecnologías como el vehículo conectado o el electrificado.  

Energía

En el sector energético, las empresas consultadas explican que el sector no reclama inversiones para las grandes compañías.

Sí lo hacen, en cambio, para consumidores o sectores transversales que son imprescindibles para que la transición ecológica tenga éxito. Eso ayudará a que España pueda ganar competitividad en una economía más sostenible. En ese sentido, consideran una oportunidad el ‘Green New Deal’ al que se ha sumado la UE.

Se estima que es prioritario impulsar la electrificación en base a tecnologías ‘verdes’ y redes inteligentes, algo que puede tener un efecto tractor en la economía, la innovación y el empleo.

Un estudio de IRENA estima que cada euro invertido en renovables en la Unión Europea contribuye a incrementar en 0,8 euros el PIB, genera empleo de más calidad y mejora la cadena de valor nacional, además de tener un efecto transversal en sectores clave. 

Entre las medidas concretas que reclama el sector en este entorno en el que se impulsarán las energías renovables, figura la aceleración de inversiones en redes eléctricas, el fomento de la electrificación de la movilidad, el fomento del autoconsumo o el impulso a energías como el hidrógeno verde para descarbonizar la industria y el transporte de larga distancia.

Turbina de 14 MW de Siemens Gamesa.

Tanto desde el sector como desde la patronal de las infraestructuras, Seopan, reclaman apuntar hacia lo Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en materia de eficiencia energética en el sector residencial y terciario. 

Piden para ello invertir en infraestructuras 22.431 millones de euros en edificios existentes del sector residencial; 3.671 millones de euros en edificación del sector terciario y 6.333 millones en grandes instalaciones de climatización.

Empleo y educación

El economista Javier Santacruz considera prioritario “el saneamiento y puesta en orden del sistema de financiación autonómica, estableciendo como prioridades presupuestarias la inversión en educación”.

No se trataría de crear universidades de manera masiva o de imponer un sistema con solapamientos múltiples de colegios e institutos sino de hacer un “reparto inteligente”. Frente al modelo en el que cada provincia trabaje en solitario, Santacruz considera vital la creación de centros de alto rendimiento de investigación e innovación público-privados, dentro de un sistema coordinado y moderno de un sistema nacional de formación profesional dual.

Banca

El riesgo de morosidad por el esperado aumento de los impagos se ha convertido en el gran quebradero de cabeza de la banca. Por eso, los principales directivos del sector piden ayudas a las empresas, más allá de la facilidad de liquidez que, al final, engordará su deuda. 

Según datos del Banco de España, un 20% del crédito bancario está expuesto a los sectores más dañados por la crisis. Por eso, piden que el fondo europeo sirva para recuperar estas industrias cuanto antes a golpe de inversión directa.

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, apunta a las pymes y al sector turístico como principales receptores de las ayudas, para que la mortalidad empresarial sea lo menor posible una vez pasada la pandemia.

Una imagen de archivo sobre banca digital.

Fuentes bancarias consultadas por Invertia van más allá y aseguran que lo prioritario cuando lleguen los fondos es elaborar un plan “estudiado, predecible, que se pueda medir, que garantice una rentabilidad, tanto económica como social”. 

Apuntan directamente a la necesidad de un programa de creación de empleo de calidad, “especialmente para los jóvenes, a los que no podemos sacrificar en esta crisis”.

Desde el sector aseguran que la dotación europea también debe destinarse “a fomentar la tecnología y las infraestructuras digitales”, además de a una reconversión  industrial que genere valor añadido a sectores como el agrario o el turismo, “compaginando un impulso a la industria de ‘sol y playa’ con medidas para acabar con la estacionalidad”.

Vivienda 

En el sector inmobiliario consideran que buena parte de las ayudas europeas deben ir destinadas a las generaciones más jóvenes. “Creación de empleo sostenible  a largo plazo pero con impactos a corto plazo, teniendo en cuenta el gravísimo problema de emancipación que tienen, tanto en alquiler como en compra”, señala el director general de Asprima, Daniel Cuervo.

En ese mismo sentido, Mikel Echavarren, CEO Colliers International, apunta que “sobre la base de un precio medio de obra nueva de 250.000 euros, la dedicación de 3.000 millones de euros por parte del Estado supondría la construcción de 60.000 viviendas, la generación de más de 8.000 millones de obra y más de 50.000 puestos de trabajo”.

Este destino, explica el CEO de Colliers Internacional, “tiene un efecto multiplicador extraordinario en la actividad económica, más aún si se utiliza como complemento a la inversión privada en el suelo y en la financiación bancaria del 75% del precio final”. 

“No hay mejor receta para generar trabajo de forma inminente y a largo plazo (por los períodos de maduración de la promoción inmobiliaria) y recaudación de impuestos para las arcas municipales, autonómicas y estatales”, concluye Daniel Cuervo.

Promoción La Gavia Vivienda (Madrid). Lazora

Las fuentes bancarias consultadas también creen que sería necesario un plan de reconstrucción de la vivienda pública. 

“Es un gran problema al que hay que hacer frente, destinando dinero público a vivienda social de alquiler”, indican. Dejan claro, además, que para alcanzar estos objetivos “es imprescindible el consenso político para que el reparto del fondo sea compatible con una política de subvenciones que siente las bases de la recuperación de las familias y empresas”.

Infraestructuras para cumplir los ODS

Desde el sector de las infraestructuras reclaman inversiones centradas en cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La Asociación de empresas constructoras y concesionarias de infraestructuras (Seopan) ha cifrado en 157.000 millones de euros la inversiones que se necesitan entre 2021 y 2030.

De esta forma, en  Salud y Bienestar, estima necesario invertir 21.400 millones de euros en dotar a España de 56.303 camas hospitalarias nuevas. En este punto también incluye las inversiones para reducir a la mitad las lesiones y muertes por accidentes de tráfico, que requeriría 2.200 millones de euros.

Otra de las cuestiones en las que insisten desde Seopan es en la inversión en infraestructuras de agua limpia y saneamiento. Un punto en el que señalan 29 años de incumplimiento de la directiva europea de tratamiento de aguas residuales urbanas. 

Plantas de depuración: donde el agua recibe una nueva vida

Calculan que harían falta unos 3.506 millones en infraestructuras de depuración, ya que, actualmente, solo un 32% de nuestros municipios de más de 10.000 habitantes dispone de sistemas de depuración terciarios. Estiman también necesarios unos 1.747 millones en infraestructuras para mejorar la gestión de recursos hídricos en materia de regulación y reutilización, y protección de los ecosistemas del agua.

En lo que se refiere al ODS de Industria, Innovación e Infraestructura, la asociación señala unas necesidades de 2.898 millones en mejorar la calidad de las redes de saneamiento, distribución y suministro de agua. 

También habría que invertir 7.000 millones en conservación de carreteras y 7.650 millones en infraestructuras regionales y transfronterizas de transporte ferroviario de mercancías, conexiones ferro portuarias y logística. 

Corredor Mediterráneo.

Un punto al que se añaden las inversiones referente a las ciudades y comunidades sostenibles, para las que se deberán destinar 30.776 millones en ampliar la infraestructura de transporte público. 

También creen que hay que invertir 27.034 millones en mejorar la movilidad en vías urbanas e interurbanas; 6.000 millones en crear infraestructura verde en el ámbito urbano y 6.521 millones en reducir el impacto de los residuos municipales. 

Por último, solicitan 4.453 millones en servicios de alcantarillado y depuración y mejora de las vías interurbanas regionales. 

Por último, cumplir el ODS que reclama luchar contra la desertificación, la sequía e inundaciones que, en el caso de España, son causa de las mayores catástrofes naturales requerirá invertir 2.910 millones en infraestructuras para prevenir la desertización y la sequía y 938 millones en prevención de inundaciones.

Imagen de archivo de un coche eléctrico cargándose.

Según los cálculos de Seopan, todas estas inversiones generarían un impacto de 144.870 millones de actividad económica inducida, 2.362.020 nuevos empleos, con un volumen de importaciones necesarias de solo el 9% de la demanda final, y un retorno fiscal de 77.159 millones.

Las propuestas están sobre la mesa. Ahora será el Gobierno quien tenga que elegir en consenso con los sectores afectados. ¿Acertarán?