La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha reabierto un expediente sancionador contra las grandes constructoras por supuestamente repartirse obras públicas, tras caducar el que inició hace casi dos años al no haber completado su tramitación en el plazo legal de 18 meses con que cuenta para ello.

El 'superregulador' atribuye a la complejidad de la investigación y a un defecto de forma el hecho de que haya concluido el plazo de instrucción del expediente sin lograr resolverlo.

No obstante, la CNMC asegura que la eventual infracción investigada no ha prescrito, por lo que ha incoado un nuevo procedimiento sancionador "en relación con los mismos hechos y presuntas responsabilidades", según fuentes de la comisión.

Cártel

El 'macroexpediente' que ha caducado sin resolver y que ahora se reabre es el incoado en octubre de 2018 a siete constructoras al detectar "indicios racionales" de que constituyeron un cártel para intercambiar información y restringir la competencia en la licitación de obras de infraestructuras públicas.

Acciona, ACS, FCC, Ferrovial, OHL, Sacyr y la extinta Isolux Corsán, a través de sus respectivas filiales constructoras, son las firmas involucradas en el expediente. En su día, técnicos de la CNMC llevaron a cabo inspecciones en las sedes y oficinas de cuatro de ellas.

Según indicó entonces el regulador, estas constructoras habrían constituido un grupo "estable y formal" en el que, semanalmente, trataban la preparación de ofertas técnicas para concurrir a contratos de obras licitados por distintas administraciones públicas.

De esta forma, sopesaban si concurrían conjuntamente a distintos aspectos técnicos de los proyectos, una práctica que, para la CNMC, supone la conformación de un cártel para acuerdos e intercambios de información entre empresas con el fin de restringir la competencia.