¿Pagar por usar las autopistas? Es una realidad que cada vez parece más cercana en España. El Gobierno de Pedro Sánchez ha abierto oficialmente el debate sobre la posibilidad de poner en marcha este sistema en las grandes carreteras hasta ahora gratuitas para todos sus usuarios.
El Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana ha abierto esta semana la consulta pública previa a la elaboración del Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte Urbano. La intención, tal y como anunció la secretaria general de Transportes y Movilidad, María José Rallo, es presentarlo “hacia finales de año”. En el horizonte, cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
Uno de los puntos del Anteproyecto habla concretamente de la ‘Planificación y financiación de las infraestructuras de transporte’. En concreto, indica que “se planteará la necesidad de desarrollar un modelo predecible de financiación para la conservación y mantenimiento del importante stock de infraestructuras con el que está dotado nuestro país, todo ello en el marco de la normativa europea, así como de los nuevos instrumentos de gobernanza que se diseñen para el seguimiento de los sistemas de provisión”.
Traducido al lenguaje común de la mayoría de los españoles, cómo conseguir dinero para la conservación y mantenimiento de las infraestructuras del país. La principal vía que maneja el ministerio es el pago por uso de autopistas y autovías.
Gran debate en el Gobierno
Este debate entre pagar o no pagar por el uso de las carreteras lleva tiempo abierto en el seno del propio Gobierno español. Ya en 2019, este medio publicó la necesidad de encontrar vías de financiación para el mantenimiento de las carreteras debido al déficit en la inversión para obra pública.
La crisis de 2008 hizo que los diferentes ejecutivos metieran la tijera en las partidas para infraestructuras públicas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). La inversión pública en 2018 fue de 26.000 millones de euros, que representan un retroceso del 57% frente a 2009, el año con la mayor partida de la serie histórica (56.900 millones de euros).
Por si fuera poco, la crisis económica derivada de la pandemia ha llevado al Gobierno a focalizar todos los recursos en familias, pymes y empresas. Llegarán 140.000 millones de euros procedentes de la UE. No obstante, tal y como explicó Invertia, el fondo anticrisis incluye un 'freno de seguridad', que permitirá de facto a los países nórdicos paralizar las ayudas a España si consideran que Sánchez no hace las reformas y ajustes exigidos.
Las concesionarias, a favor
El Gobierno necesita aumentar los ingresos públicos y además cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Solo en infraestructuras, la inversión pública para que España alcance los ODS asciende a 103.633 millones de euros en los próximos diez años, según los cálculos de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan).
Para lograrlo, Seopan calculó recientemente que requeriría un esfuerzo inversor adicional en 2020/2030 equivalente al 8,3% del PIB, es decir, incrementar un 40% la inversión pública anual en el PIB en 2020/2030, del 2,12% previsto al 2,95%.
Foto de archivo de un autopista de peaje.
Dado que las cuentas no salen con los niveles de inversión actuales para cumplir con Naciones Unidas, Seopan ha diseñado un escenario base con el cual mide los impactos que supondría tarificar (poner peajes) toda la red viaria interurbana de gran capacidad del conjunto de las administraciones públicas (estado, comunidades autónomas, diputaciones y cabildos). En total, más de 14.130 kilómetros.
El presidente de Seopan, Julián Núñez, explicó en la presentación de este informe que la propuesta de las concesionarias pasa por “un modelo concesional de gestión y operación por parte del sector privado con un sistema free flow sin barreras y con un plazo de concesión de 25 años”. Según sus cálculos, podría suponer hasta un pago inicial del sector privado al Estado de 104.000 millones o anual de 4.800 millones.
Además, insistió el presidente de Seopan, habría que tener en cuenta el impacto fiscal de esta actividad a través de IVA, IBI e Impuesto sobre Sociedades. “Devengaría ingresos públicos por valor de prácticamente 4.700 millones y un ahorro de gasto anual de 850 millones en conservación de estos 14.130 kms. de autovías”, concluyó Julián Núñez.
El Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana aceptará propuestas de ciudadanos, organizaciones y asociaciones hasta el día 30 de octubre.