Sin embargo, solo semanas después el entendimiento que prometió Sánchez parece no estar tan claro: el gobierno peronista ha notificado al grupo español Abertis que examinó el contrato de concesión de las dos principales redes de autopistas del país, los accesos norte y oeste a Buenos Aires. El Ejecutivo les ha comunicado que se encontraron supuestas irregularidades en los contratos.

“Básicamente lo que estamos diciendo es que el contrato es ilegítimo”, resumieron las fuentes oficiales, al comentar la auditoría realizada por el ministerio de Obras Públicas de los acuerdos integrales de renegociación entre Buenos Aires y Abertis. En 2018, estos convenios reconocieron una deuda estatal y prorrogaron la concesión 12 años más, hasta 2030.

Abertis lleva un cuarto de siglo en Argentina y tiene la mayoría accionarial en las empresas Autopistas del Sol (AUSOL, 31,59%) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO, 42,87%). Sus socios son la italiana Webuild (19,82%), la argentina Natal Inversiones (14,12 %), la malaya IJM (20,10%) y el fideicomiso Supervene I (5,73%), mientras que el resto de las acciones cotizan en bolsa.

AUSOL explota el acceso norte a Buenos Aires, una carretera que se prolonga 120 kilómetros y permite el tránsito de un millón de vehículos diarios. Y GCO opera el acceso oeste a la ciudad a través de 60 kilómetros y 350.000 rodados al día.

Concesión de Macri

Hasta 2017, Abertis era socio en AUSOL del grupo local SOCMA, del entonces presidente argentino Mauricio Macri. Pero en aquel año compró el 23% de las acciones a la empresa del jefe de Estado. Al año siguiente, el mismo gobierno de Macri renovó por decreto la concesión de ambas autopistas a sus exsocios.

Ese nuevo acuerdo, según la auditoría, incluyó el reconocimiento de una deuda de parte del Estado por 424 millones de euros a AUSOL y 209 millones de euros a GCO -633 millones en total- a una tasa capitalizable del 8% anual. Además, se eximía a los concesionarios del impuesto a las ganancias, con lo cual embolsarían 1.580 millones de euros en total.

Para que Abertis y asociados reciban ese dinero, según el Ministerio, se les autorizó a “dolarizar” las tarifas de peajes, que el usuario paga en pesos argentinos, cada vez más devaluados. Y también se les permitió subidas mayores a las que originalmente habían sido reclamadas por los concesionarios: 276% para acceso norte y 303% en el oeste.

El gigante español de las autopistas y sus socios han venido afrontando un período de congelamiento de tarifas de peajes entre 2019 y 2020 a la vez que afrontan el incesante aumento de costes en un país con la segunda tasa de inflación más alta de Latinoamérica, detrás de Venezuela, con el IPC en torno al 50% anual.

También debieron poner cara al derrumbe del número de usuarios en ambas autopistas, producto del cese de circulación en cuarentena para afrontar la Covid, durante casi ocho meses en 2020. Inclusive, el presidente Fernández hasta prohibió el cobro de peajes entre marzo y mayo de aquel año.

Respuesta de Abertis

A raíz de todo ello, en 2020 AUSOL aseguró haber acumulado pérdidas por unos 43 millones de euros y GCO, unos 10 millones, según la prensa.

Ambas empresas han tomado nota de la resolución del ministerio de Obras Públicas y deben responder en 10 días. Pero en una comunicación al regulador bursátil argentino, firmada por el directivo Carlos Javier Palimbelli, se defendieron y sostuvieron que “las objeciones formuladas (por el Gobierno) son improcedentes”.

También comentaron en dicha carta que se encuentran analizando el asunto “en forma detallada” y sopesando “el curso de acción a seguir, en defensa de sus derechos”, dando a entender que podrían recurrir a la Justicia. EL ESPAÑOL contactó con el departamento de comunicación de Abertis Argentina, pero desde la compañía declinaron hacer comentarios.

En Argentina Abertis registró un Ebitda de 14 millones de euros en 2020 frente a los 27 millones de 2019. Es país suramericano se encuentra a la cola de los beneficios operativos en todo el mundo.

El talante estatista del Gobierno argentino y los antecedentes de otros procesos con otras empresas incluso españolas, hacen presagiar que revocará las concesiones y, finalmente, forzará la salida Abertis del país. De hecho, ya lo hizo en otras ocho concesiones viales de rutas nacionales con peaje a empresas privadas, que terminaron nacionalizadas pasando a manos de la empresa pública Corredores Viales.

Empresas españolas

Ello no haría sino ahuyentar aún más a los inversores de España, que fueron los ‘número uno’ en Argentina en el pasado. Pero tras los vaivenes de la economía, más las sucesivas nacionalizaciones -fondos de pensión de BBVA, acciones de Repsol en YPF, títulos de Aguas de Barcelona en AySA- quedaron relegadas al segundo puesto con 9.863 millones de euros según los últimos datos disponibles y detrás de Estados Unidos.

En la Cámara Española de Comercio en la República Argentina (CECRA) actualmente se agrupan dos centenares de firmas. Desde los bancos Santander y BBVA, pasando por DyCasa, Telefónica, Indra, hasta compañías más pequeñas asimilables a escala pyme.

La mayoría desembarcó en la década de los 90, cuando Argentina liberalizó su economía y sus principales empresas a los mercados internacionales.