Abertis ha vendido su participación en la autopista A-65 de Francia, que discurre a lo largo de 150 kilómetros entre las ciudades de Pau y Langon, al suroeste del país, por un importe total de 222 millones de euros.
La compañía española participada por la italiana Atlantia y ACS mantenía un 35% en la concesionaria de la carretera, A'lienor, que ahora estará en manos de su principal accionista, el grupo de infraestructuras galo Eiffage.
Según informa Atlantia en un comunicado, la transacción también incluye la transmisión de todos los derechos que Abertis tiene en Sanef Aquitaine, la empresa a través de la cual ejecuta todas las labores necesarias para la operación y mantenimiento de la vía.
El monto total por ambas operaciones asciende a 222 millones de euros, aunque su cierre está supeditado aún a la aprobación de todas las autorizaciones pertinentes en materia de competencia en Francia. Una vez obtenidas las mismas, Abertis prevé culminar la transacción a finales de año.
La española enmarca esta operación en la estrategia adoptada para desprenderse de todos los activos en los que solo mantiene un control minoritario, con el objetivo de poder centrarse en las concesiones que sí controla.
Fin de concesiones
Entre estas últimas se encuentran las concesiones recién adquiridas en México (RCO) y en Estados Unidos (ERC), que ya están recuperando todo el tráfico perdido durante la pandemia y están impulsando las cuentas de Abertis, ahora que está perdiendo varias concesiones en España.
En concreto, el próximo martes 31 de agosto finalizan los contratos concesionales de la A-2 entre Zaragoza y El Vendrell, y de la AP-7, entre Tarragona y La Jonquera, así como la C-31 y C-33 en Cataluña, todas ellas pertenecientes a Abertis.
Como el Gobierno ha decidido no prorrogar estos contratos, todas estar carreteras levantarán sus peajes la próxima semana y serán gratuitas para los usuarios. Solo el tramo de la AP-7 generará un déficit de 1.291 millones de euros en las cuentas públicas, cantidad que el Estado deberá pagar a Abertis.
A finales de 2018 ya venció la concesión de la autopista AP-1 Burgos-Armiñón, que sumó 84 kilómetros de longitud quedando liberada completamente de peaje, uniéndose a ella desde 2020 las autopistas AP-7 entre Alicante y Tarragona, con un total de 474 kilómetros, y la AP-4 entre Sevilla y Cádiz, con un recorrido de 94 kilómetros.
El próximo mes de septiembre se unirán también el tramo de la AP-7 desde Tarragona hasta la frontera de La Jonquera (Girona) y la AP-2 entre Zaragoza y el Mediterráneo, que suman en total 640 kilómetros más libres de peaje.