Es solo un ejemplo de la actividad de las constructoras españolas en Chile. Un mercado en el que Sacyr es la primera empresa en concesiones de infraestructuras, invirtiendo cerca de 6.500 millones de dólares (5.580 millones de euros) en diferentes proyectos, como 13 rutas concesionadas. En el que OHLA trabaja desde 1981. En el que Dragados (ACS) cuenta con una experiencia acumulada de 35 años. Y de donde procede una parte importante de los ingresos de Abertis.

Los chilenos están llamados a las urnas el próximo 21 de noviembre. Si no hay un ganador claro, habrá segunda vuelta el 19 de diciembre. Entonces saldrá el relevo de Sebastián Piñera, cuyo mandato concluirá el 11 de marzo de 2022, día en que se investirá a su sucesor.

“Las concesiones en España son cero. Y todo el proceso electoral que se está viviendo en Latinoamérica tampoco ayuda”, señalan fuentes del sector a EL ESPAÑOL-Invertia. Un periodo en el que la maquinaria política frena el desarrollo de proyectos a la espera de quién tomará las riendas del Gobierno. Perú y Ecuador ya han cambiado de presidente. Tras Chile, y ya en 2022, el otro gran protagonista electoral será Colombia.

Chile es un país bien visto por las constructoras españolas. La colaboración público-privada es santo y seña, a la par que una regulación que no sufre vaivenes. Operativo está el plan de infraestructuras 2021-2025: son 15.000 millones de dólares (12.900 millones de euros). Pero en cartera hay otro, que abarca hasta 2050, cuyo montante es de casi 50.000 millones de dólares (unos 43.000 millones de euros). Y hay informes que hablan de que el país necesita una inversión en infraestructuras de casi 175.000 millones de dólares (algo más de 150.000 millones de euros) hasta 2027.

¿Habrá continuidad?

Los últimos datos ofrecidos por Seopan son tajantes: las constructoras españolas han contratado concesiones internacionales por valor de más de 61.000 millones de euros en todo el mundo durante el último lustro. Estados Unidos, Australia o Canadá han sido los principales mercados. Pero, tras ellos, Chile ocupa un lugar destacado junto a Colombia, México o Reino Unido.

Actualmente, Chile está desarrollando un plan de concesiones que abarca desde el 2021 hasta 2025. Dicho plan fue elaborado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), y la cantidad estipulada son unos 12.900 millones de euros para carreteras, hospitales, aeropuertos, edificios públicos… A grandes rasgos, el plan contempla unos 9.450 millones de euros para autopistas.

La pregunta que surge, ante el panorama electoral, es sí el próximo gobierno le acabará dando continuidad. Y si hará lo propio con el Plan de Infraestructuras para la Movilidad 2050 que, en su día, el titular de la cartera del MOP (Alfredo Moreno) entregó en el Senado.

La idea es que, con dicho plan, el PIB de Chile se duplique en los próximos 30 años. Y la inversión será de 49.755 millones de dólares (42.760 millones de euros). Dos tercios se financiarían vía concesiones. Un ‘panal de rica miel’ para las constructoras españolas. Además, el 45% de la inversión se concentrará en la primera década.

Serán las carreteras las que se lleven el mayor montante: 34.245 millones de dólares (29.430 millones de euros). Le siguen ferrocarriles, con 6.408 millones de dólares (5.510 millones de euros); aeropuertos, con 3.969 millones de dólares (3.410 millones de euros); y puertos del Estado, con 5.132 millones de dólares (4.410 millones de euros).

Más allá de estos planes, las necesidades de Chile van más allá. En concreto, y hasta 2027, las necesidades del país se traducen en una inversión necesaria de casi 175.000 millones de dólares (algo más de 150.000 millones de euros) hasta 2027. Así se desprende un informe de la Cámara de Chile de la Construcción (CChC) que pone el foco en trece sectores clave para el desarrollo del país.