Como reza un dicho popular español, ‘cómo ha cambiado el cuento’ en la construcción. Mientras que en 2008 se terminaron 563.631 viviendas, durante el pasado año no llegaron a las 70.000. “España necesita 100.000 viviendas”, afirmó David Martínez, CEO de Aedas Homes, en el evento Iberian Reit & Listed.
Ese más de medio millón de viviendas de 2008 fue el germen de lo que se conoció como burbuja inmobiliaria. Había de todo, y sobraba de todo: mano de obra, materiales, financiación… Hoy, el sector tiene una carencia de 700.000 trabajadores, según la Confederación Nacional de la Construcción (CNC).
Mano de obra necesaria para, por ejemplo, poder ejecutar los fondos europeos Next Generation. Y de los materiales, aparte de que se han encarecido una barbaridad, no llegan, o lo hacen con cuentagotas. Algo que ya sucedía antes de la huelga de los transportistas.
Eso ha dado lugar a que la promotora Aedas Homes esté incluyendo en los contratos que ahora firma una cláusula relacionada con el precio del acero y el hormigón, por ejemplo.
El resultado de todo ello es que las viviendas que salen ahora al mercado son, de media, 100.000 euros más caras que las usadas. Por tanto, se construye poco, y para ‘bolsillos inquietos’. Por no hablar de la obra pública. Lo que se traduce en que se encienda la luz roja en el sector.
Abocadas a la quiebra
Ya durante el pasado mes de octubre, Crédito y Caución alertaba de un repunte de las insolvencias en el sector de la construcción en España. Por aquel entonces, la aseguradora de crédito relataba que microempresas y pequeñas empresas se veían abocadas a la quiebra. Y lo hacían por el incremento de los precios de las materias primas, el transporte y la energía. Una subida que se remonta a 2020, y que en 2021 se acentuó. Se encendía la voz de alarma.
"El sector podría registrar un aumento significativo de las quiebras a principios de 2022, en función la evolución de las medidas de estímulo, el final de las prórrogas de los préstamos bancarios y la velocidad de desembolso de los fondos de la Unión Europea", sostenía el documento elaborado por Crédito y Caución.
Dicho y hecho. Entre enero y marzo, y a nivel general, las insolvencias empresariales han crecido un 7,1%. Son datos del BOE recogidos por Iberinform. En el caso concreto de la construcción, ese porcentaje es del 44%.
Y eso que en España está vigente la tercera prórroga de la moratoria concursal hasta el 30 de junio de 2022. Dicha prórroga exime a las empresas que estén en situación de insolvencia que se declaren en concurso de acreedores.
Pero, a pesar de este escudo legal, los datos reflejan un incremento de los niveles de concursalidad. De hecho, es el sector de construcción e inmobiliario el que encabeza las insolvencias, con el 24% del total.
Por lo que respecta a las disoluciones, solo en el mes de marzo aumentaron un 14% con respecto al mismo mes de 2021. En el sector de la construcción e inmobiliario, ese porcentaje fue del 22% del total, según Iberinform.
Si miramos los datos de Informa D&B, de enero de a marzo, construcción y actividades inmobiliarias tuvo 318 concursos empresariales. Por tanto, una subida del 19% respecto al mismo trimestre de 2021. Si hablamos de disoluciones, fueron 2.540. Es decir, que están en trámites de su cierre o extinción definitiva.
¿Más madera? El sector sigue siendo el peor en tasa de dudosidad por euro financiado: 8,7% frente al 4,9% de media en España. Y eso se ha traducido en que las constructoras hayan pasado de captar casi el 7% de la financiación destinada a actividades productivas en 2015, al 4,9% en septiembre de 2021. Son datos recopilados por la aseguradora de crédito y caución Solunion.
Pagos con retraso
Cierto que, en 2021, el ladrillo se benefició de la demanda de obras que quedaron en suspenso durante la pandemia, de las medidas de estímulo vinculadas a la licitación, y del aumento de la demanda en lo que a reformas se refiere.
Pero se trata de un mercado en el que la competencia es intensa, los márgenes estrechos, y los clientes públicos pagan sistemáticamente con retraso. Por no hablar de otro retraso: aquel relacionado con la licitación pública.
Un 2021 en el que los costes de construcción en edificación residencial se dispararon a máximos históricos: un 23,5%. Un año antes, habían caído un 3,8%. Junto al ya reseñado incremento del precio de las materias primas, la energía y el transporte, hubo otro elemento que condicionó la subida: la rotura del stock en las cadenas de suministro.
Hasta que estas disfunciones se corrijan, no habrá estabilidad en las costes de construcción. A modo de ejemplo, vidriería subió casi el 50%; cimentación, un 33,9%; estructura, un 33,5%; divisiones interiores, un 26,8%; y fachadas, un 18,1%.
Medidas insuficientes
Ante esta situación de alto riesgo de impago, lo que eran alertas de un parón en las obras se han convertido en realidad. La Asociación de Promotores Constructores de España (APCE) y Asprima (Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid) han hecho una encuesta entre sus asociados. Y el resultado es que medio centenar de obras han tenido que parar este año, según recoge Idealista.
Un dato que continuará engordando, porque el 42% de los encuestados reconoce que lo hará si no cambia el escenario. Ya durante 2021, fueron casi 500 las obras que se paralizaron por un valor conjunto de 230 millones de euros, según la CNC.
En estas, el Gobierno desarrolló un real decreto con el fin de amortiguar la subida de precios en la obra pública. Sus puntos básicos fueron dos: limitar al 20% del presupuesto cualquier posible compensación, y los contratistas deben acreditar que el incremento de los materiales excede del 5% el importe certificado del contrato en 2021.
Medidas “insuficientes”, como las calificó el presidente de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Autopistas (Seopan). Julián Núñez se lamentó en la presentación del balance de 2021 de que no se incluyese la energía, a la par que excluía a la “práctica totalidad” de los contratos llevados a cabo durante el pasado año.
“En el primer trimestre de 2022, lejos de resolverse, se ha agravado. Por tanto, harán falta medidas adicionales para incorporar a los contratos formalizados a partir de 2021”, reseñó Núñez. Por su parte, Pedro Fernández-Alén, presidente de la CNC, indicó que "va a ser muy complicado acreditar el incremento de las materias primas".