Alarma en la construcción: pierde más de 4.000 empresas y otras 1.200 están en concurso de acreedores

La construcción sigue viviendo su particular drama durante 2022. Y eso se traduce en la disolución de 4.175 empresas de enero a noviembre. A esa cantidad hay que añadir que otras 1.224 están en concursos de acreedores.

Son datos de Iberinform recogidos en el BOE y que ponen de manifiesto que el sector de la construcción, junto con el inmobiliario, están navegando por aguas turbulentas durante esta crisis. Una marejada que ha empeorado tras la invasión rusa de Ucrania.

Del total de 26.098 disoluciones que han tenido lugar de enero a noviembre (han aumentado un 11% respecto al mismo periodo de 2021), un 24% corresponden a construcción e inmobiliario (un 16% más que en los once meses de 2021).

[Las licitaciones desiertas en el sector de la construcción suman casi 900 millones de euros en el último año]

En concreto, de esas 26.098 disoluciones, el 16% han acaecido en la construcción: 4.175. Se trata de un 15% más. En el caso del sector inmobiliario, el porcentaje es del 8,5%: 2.218 (un 18% más).

En el capítulo de concursos, el total ha sido de 6.801 de enero a noviembre (un 22% más respecto a idéntico periodo del año anterior). De esa cantidad, el 18% ha tenido como protagonista a las empresas constructoras: 1.224 (un 31% más); y el 4,8%, a inmobiliario: 326 (un 16% más).

Deterioro del entorno

Los datos de las insolvencias no vienen sino a corroborar el claro incremento que se ha producido debido a la cancelación del periodo excepcional de 17 meses de moratoria concursal. Dicho periodo decayó el pasado 30 de junio.

Los acreedores, por tanto, han recuperado su capacidad legal para solicitar la declaración concursal de un deudor y los empresarios en una situación de insolvencia vuelven a estar obligados a solicitar la declaración concursal.

No ha sido la única causa. Tal y como indican desde Iberinform, “a estos cambios legales se suma el deterioro del entorno, marcado por una recuperación desigual de la actividad, el endurecimiento de las condiciones financieras, el aumento de la inflación y la escasez de materias primas o suministros”.

Por tanto, y con esta coctelera, la suma de todos estos factores permiten prever que se profundice en este incremento de los procesos concursales. Donde más los están sufriendo hasta ahora es en Madrid (24% del total) seguida de Cataluña (22%). Les siguen la Comunidad Valenciana (16%) y Andalucía (11%).

Por sectores, predominan las insolvencias en construcción e inmobiliario (23% del total) y el comercio (22%). Le siguen la industria manufacturera (14%), servicios a empresa (12%) y hostelería (10%).

En el caso de las disoluciones de empresas, de nuevo es construcción e inmobiliario quienes ocupan lo más alto del podio. A continuación, comercio (20%) y servicios a empresa (15%). Son menos intensas en los sectores de la industria manufacturera (7,6%), hostelería (5,8%) y el sector primario (1,5%).

Por territorios, también es Madrid quien concentra la mayor pérdida (30% del total), Andalucía (14%), la Comunidad Valenciana (12%) y Cataluña (7%) son la siguientes en este particular escalafón.

Un ejemplo de que la construcción no está pasando por su mejor momento lo encontramos en el número de licitaciones públicas que cada mes quedan desiertas. Así, de octubre de 2021 a septiembre de 2022, dicho número ha sido de 1.939. Traducido a euros, se trata de 882,5 millones que no han pasado a las arcas de las constructoras.

Son datos de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) que también destaca que cerca del 95% de las obras públicas no están sufriendo revisión de precios. Una situación que sufren más las pymes, lo que lleva a la ralentización, a la paralización e, incluso, al abandono de las obras.

Dicha organización, recientemente, ha pedido el uso de fondos europeos para impulsar un Plan Renove que modernice la maquinaria de las empresas constructoras. Conviene recordar que su edad media supera los 18 años. Hacerlo supondría “una transformación radical del sector a nivel de innovación tecnológica, económica y medioambiental”, según explicó su presidente, Pedro Fernández Alen.