El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dictado este viernes un auto en el que suspende cautelarmente la resolución de marzo de 2021 del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) que habilitaba a la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) pudiera decidir por sí misma sobre la necesidad o no de una nueva evaluación ambiental para la ampliación norte del Puerto de Valencia.

Según ha informado la Comissió Ciutat-Port en un comunicado, con este auto, de fecha de 5 de diciembre, el alto tribunal de Madrid les da una primera decisión judicial favorable a sus peticiones, en un proceso judicial que dicha entidad inició primero ante la Audiencia Nacional, pero que derivó finalmente a la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM.

La entidad ciudadana, según ha recogido Europa Press, ha señalado que "siempre cuestionó la legalidad del comportamiento abstencionista tanto del organismo estatal Puertos del Estado, dependiente del Ministerio de Fomento, como del Miteco al eludir ambos sus responsabilidades evitando pronunciarse sobre la cuestión clave de los perversos impactos en el medio ambiente y la salud que podría ocasionar la macroampliación que promueve la Autoridad Portuaria de Valencia".

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En esta línea, ha subrayado que cuando Transición Ecológica, en marzo de 2021, "dictó una resolución que, 14 años después de la primera Declaración de Impacto Ambiental de 2007, pretendía modificar las responsabilidades de las diferentes autoridades para convertir a la APV en 'juez y parte' en la evaluación de impactos ambientales de una ampliación cuestionada", recurrió en vía administrativa ante el propio Ministerio "sin obtener respuesta".

Entonces acudieron a los tribunales frente a una resolución que consideran que es "nula de pleno derecho" y "dictada en fraude de ley". Ahora, la sala ha acordado la medida cautelar de suspensión de esa resolución "por la que se declara la subsanación de resoluciones de evaluación de impacto ambiental de proyectos portuarios, en lo atinente al proyecto 20050031, de ampliación del Puerto de València".

Desde la Comissió han destacado que esta suspensión "priva a la APV de la posibilidad de decidir por sí misma acerca de la necesidad o no de evaluación ambiental sobre una macroampliación que, de realizarse, pondría en peligro el futuro ambiental y la calidad de vida del área metropolitana y la existencia misma del lago de la Albufera".

"Política hipócrita"

Según la Comissió, "la primera consecuencia de la decisión judicial es que destroza la política hipócrita ejercida hasta el momento por el Ministerio de Transición Ecológica, en connivencia con el organismo público Puertos del Estado, que se ven ahora forzados a asumir sus obligaciones ambientales en lugar de derivar las responsabilidades en la APV".

De acuerdo con la entidad, Puertos del Estado deberá ahora requerir el proyecto de ampliación del Puerto de València que fue aprobado en el consejo de administración de la APV el pasado 2 de diciembre, "y decidir con una motivación adecuada si las modificaciones constructivas introducidas respecto de la propuesta inicial redactada 15 años atrás y que obtuvo Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable en 2007, deben someterse o no a nueva evaluación ambiental".

"Justo el escenario que las autoridades de Madrid querían evitar", concluye la Comissió, quien reconoce, no obstante, que se trata de una medida cautelar que no prejuzga la sentencia final sobre el fondo del asunto.

A su juicio, sin embargo, el TSJ de Madrid apunta que "valorados los diversos intereses en conflicto, la apariencia de buen derecho de la pretensión y la necesidad de asegurar la efectividad de una eventual sentencia estimatoria, el tribunal estima concurren circunstancias que justifican la adopción de la medida solicitada, habida cuenta de un fumus de inexistencia del procedimiento debido para llevar a cabo la modificación en la DIA del proyecto".

1.564 millones

Los portavoces de la Comissió Ciutat-Port interpretan estas consideraciones "como un respaldo a sus argumentos" y les lleva a mantener una "razonable confianza en una decisión final que obligue a reconsiderar la macroampliación del Puerto de València por sus efectos perversos sobre el medio ambiente, la calidad de vida y la salud de la población del área metropolitana".

La decisión del TSJM se produce justo después de que el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de València (APV) aprobara el pasado viernes el 'proyecto constructivo del muelle de contenedores de la ampliación norte del Puerto de Valencia' con un presupuesto base de 542,7 millones de euros de inversión pública. Lo hizo tras recibir, precisamente, un segundo visto bueno a la iniciativa por parte del Ministerio de Transición Ecológica.

A esta cifra se sumarían los 1.021 millones que aportará TIL, la compañía italo-suiza del grupo MSC que será la encargada de la construcción y explotación de la nueva terminal de contenedores en régimen de concesión administrativa.

"Se trata de una iniciativa que va a suponer una inversión público-privada de 1.564 millones de euros para dotar al recinto valenciano de la terminal de contenedores más sostenible y moderna del mundo, modélica con el medioambiente, donde el origen de la electricidad será 100% de fuentes renovables, que permitirá el suministro eléctrico a los barcos en puerto y contará con una clara apuesta por el ferrocarril", resumióe la APV.