La agencia de calificación de riesgo norteamericana Standard & Poor's (S&P) ha asegurado este martes que mantendrá su calificación 'BBB-' para Abertis tras haber sido desestimada su reclamación de cerca de 4.000 millones por las obras de ampliación en la autopista AP-7.
S&P explica que sus calificaciones sobre la empresa no incorporaban ninguna posible compensación relacionada con la citada sentencia dada la incertidumbre del resultado.
"En consecuencia, la sentencia del tribunal es neutral para la calificación de la compañía", añaden.
[Abertis reconoce un impacto de 29 millones en sus cuentas por la sentencia de la AP-7]
De cara a una futura reclamación por parte de Abertis, la firma norteamericana apunta que la indemnización, si llegara a darse, sería una importante palanca para que la empresa financie adquisiciones antes de los vencimientos de las concesiones francesas, que tendrán lugar entre 2031 y 2033.
Esta mañana, tanto Abertis como ACS -propietaria del 30% de la empresa- han remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sendos comunicados en los que explican como afectará la sentencia a ambas compañías.
En el caso de Abertis, la empresa reconocer un mínimo impacto de 29 millones de euros. Para ACS, la pérdida es aún menor, de apenas 14,5 millones. Una cantidad que la constructora ha calificado de "inmaterial".
Tras perder el lunes cerca del 10% de su valor en bolsa, ACS se asoma en verde a los 36 euros mediada la jornada de este martes, con un repunte del 1%. Hochtief, la alemana del grupo -que ayer se dejó un 10%- también se recupera en cifras similares a las de ACS este martes.
La reclamación de Abertis se remonta a febrero de 2022, momento en el que el Consejo de Ministros compensa a la empresa por las obras realizadas en la AP-7 por 1.070 millones de euros. Esta decisión fue impugnada por Acesa, concesionaria de Abertis, que entendía que el dinero a percibir debía ser mayor.
La compañía consideró que la cantidad que le correspondía en virtud del convenio era de 5.373 millones de euros, es decir, cerca de 4.000 millones más.
Finalmente, el Tribunal Supremo ha desestimado la reclamación, abriéndose solo a la compensación por las inversiones y obras que se llevaron a cabo en virtud del convenio.