Directivos de empresas españolas como Banco Santander, Iridium (ACS), OHLA, Aldesa, Rover Infraestructura y Grupo Ortiz se han reunido en Madrid con representantes del Gobierno de Perú para informarse sobre un proyecto de una futura autopista en ese país de 3.400 millones de dólares (3.160 millones de euros).
La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión), entidad pública adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas peruano, les informó acerca de la situación actual del proyecto, aspectos contractuales, regímenes de bienes y riesgo predial, suspensión de obligaciones y los mecanismos de pago y financiación del llamado Anillo Vial Periférico.
Además, precisó detalles de equilibrio económico financiero, supervisión de obras, operación y mantenimiento, garantías, seguros, cierre financiero y solución de controversias, entre otros, según ha informado Proinversión.
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Esta agencia está desplegando acciones de promoción en España con el objetivo de fortalecer el posicionamiento de Perú como plaza atractiva de inversiones, informar sobre el marco regulatorio peruano y promover la competencia en los procesos de promoción de la inversión privada.
El Anillo Vial Periférico es un proyecto propuesto por un consorcio español formado por Ferrovial, Acciona y Sacyr al Gobierno de Perú, consistente en una autopista de 35 kilómetros de longitud en el área metropolitana de Lima, uniendo la capital con la ciudad de Callao, informa Europa Press.
A principios de enero, Proinversión abrió un plazo de 90 días para que terceras empresas puedan pujar por el proyecto en competencia con el consorcio español. Si no se presentan más ofertas, el contrato se adjudicará directamente a esa alianza, previsiblemente en el primer trimestre del año. En caso de más pujas, se convocará un concurso público y el contrato se entregará en el segundo semestre de 2024.
El grupo concesionario se encargará del diseño, financiación, construcción, operación y mantenimiento de esta autopista, que recorrerá 11 distritos en Lima Metropolitana y un distrito del Callao, beneficiando a 4,5 millones de personas.
El plazo de la concesión será de 30 años contados desde la fecha de suscripción del contrato de concesión o hasta que se alcance el valor presente de los ingresos de peaje (VPIP) establecido en el contrato de concesión, lo que ocurra en último lugar. Si el VPIP no se ha alcanzado al año 30, el plazo podrá ser prorrogado.