Agbar, gigante de la gestión del agua, mantiene un enconado pulso con su principal accionista, Veolia. Un enfrentamiento motivado por las inversiones que Aguas de Barcelona debe llevar a cabo en Cataluña para abordar la sequía y que podrían frenarse en seco por el nuevo plan estratégico de la compañía francesa.
En concreto, se trata de inversiones en la región cercanas a los 900 millones de euros hasta 2027. Deben acometerse para cumplir con lo dispuesto en la Ley de Medidas Extraordinarias que aprobó el año pasado la Generalitat.
Tal y como ha adelantado La Vanguardia y ha podido confirmar EL ESPAÑOL-Invertia, se trata de unas inversiones que la empresa Aguas de Barcelona, de la que el 70% es propiedad de Agbar, ha de afrontar para ayudar a frenar la situación de sequía que afecta a Cataluña desde hace tres ejercicios.
La empresa público-privada Aguas de Barcelona está participada en un 70% por la Sociedad General de Aguas de Barcelona (SGAB) perteneciente a Agbar, en un 15% por el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y en otro 15% por Criteria.
La filial de Agbar en Barcelona no ha mostrado rechazo alguno en desembolsar el citado capital. La inversión había sido aprobada por el consejo de administración que preside Ángel Simón, justo antes de incorporarse como consejero delegado de Criteria Caixa.
Aguas de Barcelona gestiona el ciclo integral del agua, desde la captación hasta la potabilización, el transporte y la distribución, además del saneamiento y la depuración de aguas residuales para su retorno al medio natural o su reutilización.
Ofrece servicio a cerca de 3 millones de personas en los municipios del área metropolitana de Barcelona. Es por esta razón por la que está obligada a acometer las citadas inversiones en materia de lucha contra la sequía.
Pese a la buena voluntad de Aguas de Barcelona y Agbar, hay quien tiene otros planes. Tal y como ha confirmado este diario, Veolia busca ahora centrarse en ejecutar su plan estratégico. Este pasa por avanzar en la bioenergía y el tratamiento de residuos. Dos segmentos donde el retorno es mucho mayor que en la actividad que viene realizando Agbar tradicionalmente.
De aplicarse, supondría un serio problema para Agbar que tiene la obligación legal de invertir esos más de 900 millones en tres años en Cataluña.
Hay que recordar que el pasado mes de febrero, la Generalitat de Cataluña declaró el estado de emergencia por sequía. Después de más de tres años, la región ha pulsado el botón de alarma, tras aceptar la peor anomalía climatológica desde que existen registros, hace más de un siglo.
La emergencia está en la peor fase de las que estipula el Plan Especial de Sequías (PES) en la que se aplican las restricciones más rígidas para algunas industrias, pero también para casi seis millones de personas.