Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Las constructoras exigen revisar los precios públicos ante los aranceles de Trump y los costes de acero, aluminio y energía
Seopan insiste en que es necesario revertir los efectos de la Ley de Desindexación.
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Pese a que el IPC parece haberse relajado en el último año, lo cierto es que las empresas, sobre todo las de construcción, siguen sufriendo incrementos de costes de dobles dígitos. En 2024, el acero subió un 36%, el aluminio un 12%, el gas un 29,6% y el cemento un 5,6%. Y todo ello sin haber empezado la guerra comercial de Donald Trump.
Por ello, desde el sector de la construcción y de las infraestructuras consideran necesaria un reforma de la contratación pública. Concretamente, restablecer en los pliegos la obligación a la Administración de revisar los precios,algo que se eliminó en 2015 mediante la Ley de Desindexación.
Julián Núñez, presidente de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarios de Infraestructuras (Seopan), ha hecho esta reclamación. A ella, ha sumado que "es prioritario ampliar el límite máximo revisable de la revisión excepcional de precios del 20% al 30% para reequilibrar los contratos de obras anteriores a 2021, al comprometer gravemente la ejecución de importantes proyectos de alta velocidad y de carreteras del Estado".
En una rueda de prensa en Madrid, Núñez ha avisado de que la situación de los precios públicos es una de las principales razones de que haya licitaciones desiertas. Concretamente, en 2024 un 8% de la licitación pública nacional no encontró demandante desierta.
Un escenario causado, además de por los precios, por una "regulación obsoleta" necesitada de actualización, ha precisado Núñez.
Por otro lado, Seopan también ha alertado de que la licitación pública de concesiones de obras está en mínimos, con tan sólo 312 millones de euros licitados en 2024 frente a los 5.274 millones de 2023.
Así mismo, Núñez ha avisado de "la insuficiente regulación legal y reglamentaria del sistema español para obtener y renovar la clasificación de contratistas", algo que genera "inseguridad jurídica".
Respecto a la evolución del sector, lo cierto es que se registra un significativo crecimiento de la licitación pública nacional, del 10,3%, hasta 29.533 millones de euros, impulsado por la edificación (un 22,9% más) y en menor medida por la obra civil (un 2,5% más). Este ámbito que ya acusa el final de las contrataciones de subvenciones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
En este sentido, Núñez ha indicado que espera que los planes europeos para elevar el gasto en defensa también acaben repercutiendo en el sector de las infraestructuras, pero considera que es pronto para hacer estimaciones al respecto.
