El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a la reforma de la Ley de Cadena Alimentaria con el fin garantizar la rentabilidad de las explotaciones agroalimentarias y calmar al campo, que desde hace semanas se manifiesta por la baja rentabilidad y la política de precios. Un decreto ley que pone fin a la venta a pérdidas y prohíbe las promociones engañosas sobre productos. Todo ello sin alterar los precios de cara al consumidor.

El Gobierno ha aprobado este decreto ley tal y como informó el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en el Congreso de los Diputados ayer. La reforma de Ley de la Cadena Alimentaria modifica cuatro puntos incluyendo los costes de producción de los contratos suscritos con agricultores y ganaderos con la industria.

“Ese precio de venta no podrá ser inferior a los costes de producción estipulados previamente. Esto ocurre en el sector de la industria láctea”, ha indicado el ministro que ha puesto como ejemplo que un litro de leche por debajo de los 0,6 euros no compensa los gastos del productor. “A ese ganadero le vamos a reforzar su posición negociadora”, afirma.

Por otro lado, el Ejecutivo prohibirá la destrucción de valor en cada elemento de la cadena. “Ni la industria ni la distribución podrá vender por debajo del precio que ha costado producirlo con una excepción, como con los productos perecederos para evitar el despilfarro alimentario”, afirma.

Entre otras cuestiones, las asociaciones agrarias exigían el fin de la venta a pérdidas, es decir, aquella que se realiza por debajo del precio del coste de producción de un producto. A pesar de estar limitada y controlada en varias normativas, entre 2014 y 2019, la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), recibió un total de 53 denuncias por la venta a pérdidas realizada por estas superficies.

Asimismo, otra de las medidas dentro esta ley se incluye la desaparición de la venta a pérdidas y las promociones comerciales que se oferten de forma engañosa; así como la inclusión de los contratos inscritos serán objeto de publicidad.

Y todas estas medidas se toman bajo con la total seguridad de que los precios de venta de los productos no subirán al consumidor, tal y como los agricultores le han trasladado a Planas en sus encuentros. “No querían que se produjera incremento de los precios al consumidor. El Gobierno cree que es posible sin que los precios se incrementen”, apunta. 

Diálogo 

Desde que se iniciase el conflicto, tanto en ministro como el Gobierno han recocido el problema del campo y se han sentado en varias ocasiones para hablar con las partes afectadas: agricultores y productores por un lado, y cadenas de distribución como Carrefour y Mercadona por otro.

Además, Planas ha anunciado otras medidas como la modificación de la Ley del IRPF para la incorporación de los jóvenes a la agricultura; la reducción del número de peonadas y la bonificación de contratos fijos y eventuales en el ámbito agrario.

Asimismo, la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado que entre las prioridades del Gobierno dentro del marco plurianual de la UE ha destacado la necesidad de “dotar de más fondos a la Política Agraria Común (PAC) y los fondos de cohesión”.

Reunión con las asociaciones

“Es una respuesta a los ganaderos y agricultores. Hemos mantenido con ellos un diálogo que se ha concretado en 18 reuniones con cooperativas, asociaciones agrarias, distribuidoras y consumidores”, ha detallado el ministro.

Tras comparecer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para explicar la reforma de la Ley de cadena alimentaria, se reunirá con la mesa del diálogo agrario y las tres asociaciones convocantes de las movilizaciones en el campo, Asaja, UPA y COAG.