La alimentación se ha convertido en una de las industrias más necesarias en plena pandemia de coronavirus. Pero dentro de esta, el sector primario está respondiendo de distinta manera, siendo la agricultura una de las favorecidas y la pesca una de las más afectadas por la falta de medidas que apoyen al sector. Algo que se puede comprobar en los precios de los productos.
Los pescadores se encuentra en una encrucijada: dejar los barcos amarrados para garantizar la salud de sus trabajadores por no poder cumplir con las medidas de seguridad; o faenar, incluso, a sabiendas de que no se compra pescado en las lonjas o, si se hace, los precios están muy por debajo de lo normal.
En concreto, el sector pesquero ya está registrando una importante reducción de la demanda de pescado, además de una caída notable de los precios en determinadas lonjas con flotas de bajura que, inevitablemente, llevarán al cese de las actividades pesqueras en algunas zonas.
Por ejemplo, la gamba roja de Almería ha bajado de los 65 €/kg a los 35 €/kg; mientras que la merluza o el gallo han reducido a la mitad su valor. "Y el precio del marisco, tras el cierre de restaurantes, bares y hoteles, se hundió", aseguran desde Cepesca.
Ante esta tesitura, han solicitado al Gobierno aclarar si los armadores del caladero nacional pueden acogerse a la aplicación de un ERTE por causas de fuerza mayor, explica a Invertia el secretario general de Cepesca, Javier Garat. También reclaman ayudas económicas a Europa y el propio Gobierno. Hace unos días, Cepesca decidió crear un comité de crisis para hacer un seguimiento de la situación de la actividad pesquera de la flota española.
Y el Gobierno reconoce la situación. “En estos momentos hay dificultades en el cumplimiento de las normas; lo cual llevará a la parada de una parte de flota”, señaló el pasado lunes el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.
A esta llamada de atención se suma también la asociación Conxemar, que aglutina a más de 200 empresas del sector de comercialización y producción de pescado y productos del mar congelados. La asociación alerta de los problemas de liquidez, así como en los transportes de mercancía y en los movimientos de exportación e importación debido a la crisis del coronavirus.
Calma en el campo
Por contra, los agricultores respiran algo más aliviados tras, curiosamente, ponerse en pie de guerra contra el Gobierno durante el mes de febrero pidiendo precios más justos, entre otras cuestiones. “Ahora está todo más tranquilo. Tenemos la responsabilidad de sacar adelante la producción para garantizar el suministro a la población”, explica el secretario general de la UPA, Lorenzo Ramos. Además, en algunos productos como los tomates se está pagando el precio real y en otros como las berenjenas se están produciendo incrementos.
No obstante, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha reclamado que se autorice la celebración de los mercados de venta directa y de proximidad de productos agrarios, ante la suspensión generalizada tras las medidas de contención de la pandemia por coronavirus. Algo que el Gobierno no contempla.
La pérdida de estos canales de venta directa, unida al cierre de comedores escolares al que muchos agricultores suministraban alimentos en distintas comunidades, suponen un grave perjuicio para las explotaciones agrícolas que utilizan estas vías de comercialización (en torno a 25.000 en nuestro país), así como para los consumidores que optan por este canal de relación directa con los productores.
El cierre de bares afecta
Hay otro sector que prevé pérdidas. Los ganaderos especializados en productos destinados a la restauración han visto cancelados todos sus pedidos de la noche a la mañana. Los daños ya se están dejando sentir, sobre todo en los sectores del ovino-caprino y del porcino. “Productos como el cordero lechal ya no se pueden vender a restaurantes”, recuerdan desde UPA.
Mercamadrid también nota el cierre de la hostelería. El intermediario reconoce que acusa "cierto descenso motivado por el cierre de la hostelería, mercadillos ambulantes y descenso de pedidos de colectividades".
Por su parte, la Federación Española de Empresas de Distribución a Hostelería y Restauración (Fedishoreca) ha alertado de que más del 90% de su actividad está paralizada debido al estado de alerta decretado en España para frenar la expansión del coronavirus, que ha obligado el cierre de bares y restaurantes.