La Asociación Nacional Grandes de Empresas de Distribución (Anged), Moda España, Acotex y Asepri reclaman la configuración de un marco normativo adecuado, que asegure jurídicamente a las empresas del sector como la condonación de rentas y a la renegociación bilateral de contratos de alquiler, con efectos desde el inicio del estado de alarma y al menos hasta los seis meses siguientes a su terminación.
Así se lo han hecho saber por carta a la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. Entre las medidas propuestas figuran la aclaración expresa de que el compromiso de mantenimiento del empleo aplicable a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) en curso decae cuando concurran causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.
Asimismo, piden la flexibilización del procedimiento que debe seguir el empleador para solicitar del personal contratado tareas distintas de las fijadas en el convenio laboral, entre otras medida para frenar el drama del comercio.
Recuerdan que el sector de la moda es una pieza estratégica en el desarrollo económico y social de España. Representa el 2,8% del PIB nacional, crea el 4,1% del empleo y genera 6.000 millones de euros en impuestos.
"Su dinamismo ha contribuido al desarrollo de otros sectores económicos clave (como la logística y el transporte) y la internacionalización de la economía española, operando en más de cien países", señalan.
Impacto en el empleo
El impacto de la pandemia del Covid-19 pone en riesgo un tercio del empleo y entre el 35% y el 40% de los ingresos del sector de la moda para este año, tras cerrar 2019 con un descenso del 20%, según se desprende de un estudio elaborado por EY en colaboración con Boston Consulting Group.
Dicho informe revela que la actual estructura de costes de los comercios de moda no es viable, lo que obligará a algunos comercios a reducir plantillas y cerrar puntos de venta y abocará a otros a la desaparición.
En la actual situación de confinamiento, las empresas del sector deben seguir haciendo frente a una serie de costes operativos y a parte de los de venta, que representan más de un 50% de la facturación.
Estos costes incluyen: salarios de los empleados (entre un 13% y un 20% de la facturación), pago de los alquileres (entre un 15% y un 20% de la facturación), la parte del inventario que ya ha sido adquirida (aproximadamente un 10% de la facturación) y otros gastos operativos, incluyendo impuestos y la cuota de autónomos en el caso de los empresarios individuales.
Según el análisis, esta situación está generando un "grave" problema de liquidez, agravado por los altos niveles de inventario (por el que las empresas del sector ya han desembolsado alrededor del 20% del coste anual previsto) y al que no podrán dar salida en función de las condiciones del confinamiento y de la recuperación.
En el informe se identifican, además, una serie medidas de alto impacto para la protección y dinamización del sector, con un inmediato efecto positivo tanto en la fase de confinamiento como en la de reapertura.