Con un mes de retraso, el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley de ayudas al sector hostelero y turístico que la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha calificado de "ambicioso" ya que tendrá un impacto de 4.220 millones de euros a través de medidas como rebajas de impuestos y las prórrogas del alquiler. 

El plan prevé actuar en cinco bloques y objetivos, como reducir de forma clara el coste de los negocios para reducir el coste fijo de arrendamiento. El segundo es facilitar liquidez para que puedan hacer frente a los compromisos de gasto. El tercer busca aliviar la carga fiscal rebajando impuestos o aplazando esas obligaciones fiscales hasta que la actividad esté menor.

"En cuarto reducimos cotización y en quinto flexibilizamos algunas de las medidas regulatorias", ha explicado la portavoz del Gobierno durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.  

Dentro de este plan, se incluye una rebaja obligatoria del 50% para los grandes tenedores de inmuebles en los importes de alquiler de locales para la hostelería y el comercio. El impacto en las arcas públicas, que se estima muy limitado, llegaría por las exenciones fiscales para pequeños propietarios, si es que finalmente forman parte de la norma aprobada.

El inquilino podrá solicitar antes del 31 de enero la rebaja del 50% durante el estado de alarma, sus posibles prórrogas y hasta los cuatro meses posteriores. Para acceder esta ayuda, el local deberá ser propiedad de un gran propietario y no debe existir un acuerdo previo entre las partes para la reducción temporal de la renta o una moratoria en el pago durante la pandemia.

El texto incluye incentivos fiscales para aquellos que no sean grandes tenedores y rebajen las rentas que obtienen por el alquiler de sus locales dedicados a la hostelería y al comercio. 

Es decir, si un propietario que pide 1.000 euros decide rebajar a 400 el alquiler, va a poder deducirse 600 euros en el IRPF. Si perdona el alquiler, se deducirá 1.000 euros. "Con esta medida se producirá un ahorro de 324 millones de euros de ahorro del sector", ha asegurado Montero.

Créditos ICO

Por otro lado, el Gobierno ha aprobado la ampliación de un año en la carencia de los préstamos avalados por las líneas ICO y por las sociedades de garantía recíproca de las CCAA con reafianzamiento de CERSA, así como de tres años de su período de amortización hasta una máximo de ocho años.

En este decreto se incluye la creación de un nuevo tramo de la línea de avales del ICO aprobada en el Real Decreto-ley 25/2020, para pymes y autónomos del sector turístico, hostelería y actividades anexas dotada con 500 millones de euros y con hasta un 90% de garantía.

Esta línea permitirá obtener financiación a empresas muy afectadas por el Covid-19 como las agencias de viajes, el transporte discrecional y el sector alojativo al incrementarse la garantía pública de los avales en 10 puntos respecto a la línea ICO COVID-19.

Además, dentro de este bloque de financiación, se propone la creación de una Sociedad de Garantía Recíproca de carácter exclusivamente turístico que tiene como finalidad facilitar el acceso a la financiación mediante garantías. Su capacidad para inyectar liquidez es del 700% de su capital.

Deudas tributarias

Por otro lado, se aprueba un nuevo aplazamiento de 6 meses de deudas tributarias correspondientes a declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso finalice desde el 1 de abril hasta el 30 de abril de 2021, ambos inclusive.

Así, se aprueba la reducción del rendimiento neto en estimación objetiva (IRPF) y cuota del régimen simplificado (IVA) del 35% para el cuarto pago fraccionado de 2020 y para el primer pago de 2021. Además, se aprueban otras medidas para aliviar la carga fiscal de empresas y autónomos.

Por otro lado, se extienden las exenciones del RDL 30/2020 de medidas sociales en defensa del empleo a sectores que pasan a ser hiperprotegidos: comercio al por mayor de bebidas, restaurantes y puestos de comidas, establecimientos de bebidas.

Las empresas de estos sectores estarán exoneradas de pagar parte de las cotizaciones sociales devengadas en diciembre de 2020 y enero de 2021. Tendrán una reducción del 85% en sus cotizaciones sociales si la empresa tiene menos de 50 trabajadores y del 75% si tienen 50 o más, según ha indicado la ministra. 

En cuanto a las medidas regulatorias, se flexibilizan los requisitos para el mantenimiento de los incentivos regionales, se amplía la moratoria para presentar concurso de acreedores y se establece un régimen transitorio de las zonas de gran afluencia turística para 2021.