La propuesta de cesta de la compra “asequible, variada y saludable” de Yolanda Díaz no hace más que dividir y crear discrepancias. Primero en el Gobierno, con la parte socialista en contra. Después en la distribución, con Carrefour adelantándose al resto y teniendo su propia reunión con la vicepresidenta segunda. Y, por último, en el primer eslabón de la cadena alimentaria: agricultores, ganaderos y productores, que no han sido invitados a la ‘fiesta’ a pesar del peso que tienen en la alimentación del país. 

La principal preocupación del campo está en que sean ellos los que acaben pagando los acuerdos de precios con algunos productos e incluso que se llegue a incumplir la Ley de la Cadena Alimentaria. “No vamos a permitir que se pague por debajo del coste de producción al productor”, asegura Miguel Padilla, secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG). 

La propuesta de Yolanda Díaz no deja de ser una recomendación para que las grandes distribuidoras hagan una cesta de la compra asequible, variada, saludable y que dure más allá de las Navidades. Por ello, junto con el ministro de Consumo, Alberto Garzón, han pedido “un esfuerzo a las grandes distribuidoras a costa de sus márgenes empresariales”. 

[Luis Planas descarta el impuesto a las grandes cadenas de supermercados que reclama Unidas Podemos]

Es decir, dejan a la buena fe de las grandes empresas asumir los costes de esa congelación o limitación de precios en determinados productos y que no sean repercutidos a los productores. Algo que, además, sería un incumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria. Sin embargo, este plan tiene muchas lagunas y el campo no se fía. 

“La experiencia que tenemos en España es la de una cultura en la que los supermercados han usado la leche o el aceite de oliva como producto reclamo para bajar precios y que el productor salga perjudicado”, señala Lorenzo Ramos, el secretario general de Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA).

Desde COAG alertan de que esto podría provocar que muchos agricultores y ganaderos abandonen el campo por no poder soportar más la situación. Hay que recordar que en el último año los costes de producción (energía, abonos, fertilizantes…) se han disparado. Por ello, Migue Padilla defiende que se topen los costes de producción y no los precios finales de los alimentos. 

Bastante molestos también se han mostrado desde la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja). Su presidente, Pedro Barato, cree que la ministra de Trabajo “no tiene potestad para hacer esto” y le exige que cumpla la Ley de la Cadena Alimentaria. 

Proteger al productor

El malestar en el campo es palpable a pesar de que Yolanda Díaz ha insistido en que las grandes distribuidoras deben proteger a los pequeños productores y cumplir con las leyes. De hecho, ella misma ha denunciado que no es de recibo que a los productores les compren naranjas a 15 céntimos y se vendan en el supermercado a 1,48 euros, un 887% más. 

Pero al campo español no le convencen estas palabras. En parte porque ni siquiera se las ha comunicado directamente a ellos, sino que lo ha hecho en comparecencias públicas. ¿Por qué? Porque no han sido invitados a reuniones en las que se llevarán a cabo estos acuerdos.

La primera fue ayer con Carrefour. La siguiente será el lunes con el resto de distribuidores y las asociaciones de consumidores. Pero ninguna de estas asociaciones agrarias con las que ha conversado EL ESPAÑOL han sido llamadas a consulta.

“No nos parece razonable que no nos hayan dicho nada”, denuncian desde COAG. Tampoco les parece “justificable” que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, no esté invitado a las reuniones siendo un tema de su competencia. Algo que la ministra de Defensa, Margarita Robles, echó en cara a la vicepresidenta. 

Desde Asaja creen que solo es una “ocurrencia” más de Yolanda Díaz que responde más a cuestiones electoralistas. Para ella, en cambio, “el bolsillo de los españoles compete a todo el Gobierno”.