Frente común del Gobierno español y el sector pesquero para luchar contra el cierre el próximo 9 de octubre de 87 zonas para la pesca de fondo de Francia, España, Portugal e Irlanda. La secretaría General de Pesca está estudiando la posibilidad de presentar un recurso con la Abogacía del Estado y el Ministerio de Asuntos Exteriores frente a la decisión tomada por la Comisión Europea.
Así se lo han trasladado al sector pesquero en una reunión en la que se han reunido además con CCAA afectadas como Galicia, Cantabria, Asturias, País Vasco y Andalucía. El objetivo es hacer frente común ante una situación que pone en peligro el trabajo de 500 buques españoles.
“Tenemos muchas ganas de que España presente un recurso porque si lo hace un estado miembro afectado esto dará mucha fuerza”, señala Iván López, presidente de la EBFA y miembro de la Junta Directiva de Confederación Española de Pesca (Cepesca).
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Al margen de esto, Cepesca anunció ayer que presentará un recurso de anulación en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tras la publicación ayer en el Diario Oficial de la Unión Europea del Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1614 de la Comisión Europea.
En esta se determinan las zonas de pesca en aguas profundas existentes y se establece una lista de zonas en las que se conoce la existencia de ecosistemas marinos vulnerables o la posibilidad de que existan.
Paralelamente, la industria pesquera mantiene su opción de convocar paros y concentraciones ante organismos, tanto nacionales como europeos, en coordinación con otras organizaciones europeas, a través de la EBFA.
Cabe recordar que el reglamento de ejecución prohíbe todas las actividades pesqueras que conllevan contacto con el fondo marino (arrastre, palangre, enmalle, etc.) en las 87 zonas de pesca antes mencionadas, lo que impactaría muy negativamente en el futuro de la pesca de fondo en el Atlántico nordeste y, por tanto, en más de 10.000 pescadores.
Impacto
En concreto, la zona clausurada abarca 16.419 km2, entre los 400 y 800 metros de profundidad, en las que la CE aduce la existencia de ecosistemas marinos vulnerables o la posibilidad de que existan.
En total, 500 barcos españoles se verán afectados de forma directa por la propuesta. Y de forma indirecta las flotas del Cantábrico Noroeste, Cádiz y Gran Sol también lo notarán, ya que, si no se puede faenar en las zonas vulnerables, los buques españoles se tendrán que mover a estas zonas.