De hecho, el último capítulo también ha servido para dividir aún más al Gobierno. Este sábado, durante un acto de Podemos con sus espadas regionales en Castilla-La Mancha, el diputado de Unidas Podemos, Rafa Mayoral, ha asegurado que Juan Roig es "un monopolista que exprime a las pequeñas y medianas empresas mientras la CEOE le ríe las gracias". 

Las declaraciones del secretario de Horizonte Republicano de los morados tuvieron lugar exactamente una semana después de que la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, calificase de “capitalista despiadado” al presidente del Mercadona. Pidió, además, intervenir los precios de los alimentos. 

Juan Roig, presidente de Mercadona. Efe

La jugada no le salió del todo bien. Mercadona cuenta con un ajustado margen de negocio del 2,7% (680,31 millones), según el ranking elaborado cada año por Alimarket.

Sin querer entrar en cifras, Juan Roig respondió a los ataques de la también secretaria general de Unidas Podemos, defendiendo que los empresarios “generamos riqueza y bienestar” y “si los que luego gobiernan, lo saben hacer, pues hay riqueza para todos”. 

Frente a sus socios morados, la parte socialista del Gobierno ha defendido a los empresarios. Su alegato lo lideró la portavoz, Isabel Rodríguez, en el pasado Consejo de Ministros. No solo apoyó a los supermercados, sino que recordó su labor durante la pandemia al impedir que la cadena de abastecimiento se rompiera. 

Solo unas semanas antes de esto, otra petición un tanto utópica, pasó algo desapercibida. El fundador de Podemos, Pablo Iglesias, defendió la idea de crear un supermercado público. 

Y lo hizo con este argumento: “la diferencia fundamental entre un supermercado público y uno privado es que el primero, aunque necesita ser eficiente, no persigue el lucro ni los grandes beneficios, sino satisfacer una necesidad social”.

E iba más allá al decir que era preciso favorecer “un sistema de supermercados cooperativos autogestionados y propiedad de organizaciones sociales, de trabajadores y de consumidores que aspiraran a dar el control de la cadena alimentaria a los proveedores y a los propios consumidores, que serían los que habrían de tomar las decisiones”. Sin embargo, esta idea, de momento, no ha sido recogida ni incluida en las peticiones de la formación morada de forma pública. 

Cesta de la compra

Para llegar a este grado de tensión política, basta con echar la vista atrás, concretamente al pasado verano cuando Díaz propuso topar los precios de los alimentos a la vez que Podemos hablaba de subir diez puntos porcentuales el Impuesto de Sociedades.

Todas estas medidas pusieron en alerta a la parte socialista del Ejecutivo, que no dudó en salir a rechazar el tope a los alimentos y en defender al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, uno de los miembros del Gobierno más respetados por las dos facciones que lo integran.

[De la rebaja del IVA de los alimentos al cheque de 200 euros: todas las medidas del Gobierno contra la inflación]

A pesar de ello, Yolanda Díaz abanderó la idea de que los supermercados propusieran una cesta de la compra básica y asequible. Tan solo Carrefour lanzó la suya por 30 euros, pero más por reclamo mediático que por la intermediación de la vicepresidenta. Con el resto de las cadenas y grandes superficies no tuvo nada de éxito, a pesar de que se reunió con ellas en un intento de hacerles ver que era buena idea. 

La respuesta fue el rechazo absoluto. De hecho, el sector tampoco entendió las razones por las que Luis Planas era ajeno a estas reuniones. Fue aquí cuando Asedas, la patronal de Mercadona, Lidl y Dia, trasladó otras medidas que en mayo ya propuso al Gobierno, como la rebaja del IVA de los alimentos.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, durante la reunión mantenida con los distribuidores.

De estos tortuosos encuentros celebrado en septiembre tanto Yolanda Díaz como el ministro de Consumo, Alberto Garzón -que ya se había sumado a la cruzada-, sacaron en claro que no podían limitar los precios ni obligar a las cadenas a crear cestas básicas de la compra.

Y por ello dejaron pasar varias semanas, hasta que las aguas se calmasen, especialmente con sus socios de Gobierno. 

Tercer paquete anticrisis

Pero la fecha para configurar y anunciar el tercer paquete anticrisis se acercaba. Hablamos de los meses de noviembre y diciembre. Con el fracaso de la cesta de la compra a sus espaldas, Yolanda Díaz y Podemos volvieron a la carga. 

En esta ocasión, la idea era centrarse en los beneficios de las cadenas de distribución ante una inflación desbocada. Y fue cuando se propuso el cheque de hasta 500 euros y aplicar un impuesto del 33% sobre los beneficios de las grandes distribuidoras (algo que ya se aprobó en Portugal, pero que no se ha llegado a poner en marcha). 

De nuevo, el sector de la distribución en bloque rechazó estas ideas. De hecho, en ese momento las grietas en el Gobierno de coalición eran cada vez más grandes. Por un lado, el PSOE apostaba por la rebaja del IVA, tal y como adelantó este medio, así como por pactar con estas empresas acuerdos para rebajar los márgenes de beneficios y evitar imponer impuestos. 

Por otro lado, en Unidas Podemos querían llegar a un entendimiento para que las compañías facilitaran una cesta de la compra asequible y con productos de calidad, aunque con matices. Aquellas cadenas que faciliten esta cesta tendrían bonificaciones. Pero las que no estén por la labor podrían ver cómo se les prohíbe repartir dividendos.

Rebaja del IVA

El desenlace final fue que se anunció una rebaja del IVA que entró en vigor el 1 de enero. Recordemos que implica la reducción del gravamen del aceite y la pasta del 10% al 5% y de los productos esenciales del 4% al 0%. 

Su duración inicial es de seis meses, pero el Gobierno ya avisó de que esta medida se mantendrá hasta que la inflación subyacente baje del 5,5%, es decir, si cae por debajo de esa tasa, se recuperará el tipo impositivo habitual de IVA en los alimentos afectados.

Cajera de supermercado de Dia.

Se trata de una medida que reivindicaban desde hacía meses las propias cadenas de supermercados, especialmente por su éxito en Alemania, aunque no gustó que se anunciara con tan poco margen para cambiar las etiquetas de miles de productos. También es una política que la parte socialista del Gobierno defendía. 

No obstante, han sido varias las denuncias por no aplicar esta rebaja y el Ejecutivo se ha comprometido a estar alerta. Sin embargo, basándose los datos recogidos a través de microanálisis, desde el Ministerio de Asuntos Económicos aseguran que las mencionadas bajadas del IVA se están aplicando por parte de lo comercios.

Inflación

Como ya informó este periódico, en un encuentro con periodistas celebrado el pasado viernes, fuentes del departamento de Nadia Calviño expusieron que en el sector de la distribución los márgenes no están creciendo más que en el resto (aunque no descartan que pueda estar sucediendo en algunas empresas).

En cualquier caso, el Gobierno, tanto PSOE como Podemos, esperan a que el dato de la inflación de enero muestre o no los efectos de esta medida. Si estos no se perciben, Podemos tendrá una nueva razón para pedir nuevas medidas que alivien la cesta de la compra. 

Según el dato de diciembre, la inflación se moderó hasta el 5,7%. Sin embargo, es cierto que llenar la cesta de la compra cada vez cuesta más: en el último mes de 2022 el precio de los alimentos se disparó un 15,7%.

Pero pase lo que pase, las grandes cadenas de distribución son conscientes de que ya han entrado, sin quererlo, en campaña electoral. Y, al menos hasta las elecciones autonómicas del 28 de mayo, seguirán estando en boca de Podemos.