Este 2023 la Audiencia Nacional podría pronunciarse -tras varios años de espera- sobre uno de los cárteles más grandes de España, el de la leche. Se espera que, si el fallo avala la sanción de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) interpuesta a dos asociaciones lácteas y ocho de las mayores empresas del país, hasta 33.000 ganaderos afectados se sumen a la causa para solicitar indemnizaciones.

Para llegar a este punto, es preciso echar la vista atrás. En 2019 estalló el famoso ‘cártel de la leche’. La CNMC sancionó a estas empresas y asociaciones con 80,6 millones de euros por intercambiar información que “les permitía coordinar estrategias comerciales en detrimento de los intereses de los ganaderos”. Algo calificado de infracción grave. Las empresas afectadas recurrieron ante la Audiencia Nacional. Fallo que se espera que llegue a lo largo de 2023 tras más de dos años de espera. 

Se estima que por el ‘cártel de la leche’ cerca de 50.000 ganaderos se vieron afectados. De estos, unos 12.000 se han personado en la causa, de los que la mayoría (7.000) están defendidos por el bufete Eskariam, que apoya la resolución de CNMC junto con la Abogacía del Estado en los procedimientos ante la Audiencia Nacional. 

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“Una vez que la Audiencia Nacional emita su sentencia, se producirá una oleada de casos”, señalan desde este bufete, que calculan que hasta 33.000 ganaderos -de los que no han reclamado daños- se sumen para pedir indemnizaciones.

Eskariam estima que cada ganadero podría reclamar unos 150.000 aproximadamente a razón de pérdidas de 0,03 euros por litro de leche. En total, se prevé que, como mínimo, la industria láctea se enfrente a pagar más de 800 millones de euros. 

Además, el plazo para reclamar sigue abierto. En junio de 2022, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) amplió el plazo para poder reclamar en casos de cárteles como el de la leche. De hecho, hasta que no haya sentencia de la Audiencia Nacional dicho plazo (de cinco años) para pedir indemnizaciones no empieza a correr, explican desde el bufete de abogados. 

En el caso de que, como se espera, la Audiencia Nacional dicte sus sentencias confirmando la existencia del ‘cártel de la leche’, se abrirá otra posible vía judicial ante los Juzgados de lo Mercantil, dirigida a reclamar los daños sufridos por los ganaderos como consecuencia del cártel.

De hecho, recientemente ya se ha dictado una sentencia de un Juzgado Mercantil de Granada que ha considerado acreditada la existencia del cártel.

Sin embargo, la resolución del ‘cártel de la leche’ podría alargarse en el tiempo. En caso de resolución favorable a la CNMC por parte de la Audiencia Nacional, el sector lácteo afectado podría recurrir ante el Tribunal Superior y, por tanto, ampliar los plazos del desenlace final.  

Informe de la CNMC

Las cantidades tan elevadas que los ganaderos podrían reclamar se deben a que estas prácticas anticompetitivas se produjeron en una horquilla de tiempo muy amplia: entre 2000 y 2013. 

En su resolución, la CNMC detalló que los intercambios de información estratégica se produjeron en distintos foros con el objetivo común de consensuar y adoptar una  visión conjunta para controlar el mercado de aprovisionamiento de leche cruda de vaca. Además, en determinados momentos, se habrían materializado en acuerdos concretos para coordinar los precios de compra de leche y para la cesión de ganaderos entre industriales.

Esta información, según el organismo, permitía a las empresas ajustar su comportamiento y evitar ofrecer mejores precios y condiciones comerciales a los ganaderos, limitando la competencia en el mercado de aprovisionamiento de leche cruda. Como consecuencia de ello, los ganaderos carecían de libertad para fijar el precio de su producto y la empresa a la que suministraban, distorsionando el normal funcionamiento del mercado en beneficio de los transformadores.

Las empresas sancionadas fueron: Calidad Pascual, Corporación Alimentaria Peñasanta (que actúa bajo la marca Central Lechera de Asturiana), Danone, Grupo Lactalis Iberia, Nestlé España, Puleva, Schreiber Food España (antes Senoble Ibérica) y Central Lechera de Galicia (Celega). También cometieron dicha infracción la Asociación de Empresas Lácteas de Galicia y el Gremio de Industrias Lácteas de Cataluña (GIL).