En 1986, España entró en la Comunidad Económica Europea (CEE). Por aquel entonces, contaba con 22.000 buques de pesca. Cifra que en la actualidad se ha reducido a 8.657. Es decir, hay 13.343 menos. Un dato que revela la complicada situación de una industria esencial para el país, pero que en los últimos años se ha visto golpeada por decisiones políticas que solo generan incertidumbre.

La última de ellas ha sido el fin del acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos. El pasado lunes, expiró el protocolo de aplicación que llevaba en vigor desde hacía cuatro años. Lo hizo en plenas negociaciones y a la espera de la sentencia definitiva de los Tribunales sobre la jurisdicción de esas millas náuticas. Esto supuso la retirada de los caladeros de las aguas del Sáhara Occidental de la flota comunitaria y de la española (principalmente barcos canarios, andaluces y gallegos). 

El protocolo ofrecía 138 licencias de las que 93 eran para España. Pero solo 21 barcos aprovecharon el acceso a las aguas marroquíes entre 2021 y 2023 debido a que muchos barcos arrastraban problemas tras la pandemia y a que el elevado precio del combustible no hacía rentable faenar en esas aguas. 

[Temor en el sector pesquero a que la inflación reduzca el consumo de pescado]

“El impacto real es pequeño pero hablamos de un acuerdo histórico con Marruecos que va más allá y afecta a otros aspectos”, asegura a este medio el secretario general de Cepesca, Javier Garat. 

El problema es que las ayudas publicadas hasta ahora por el Gobierno solo benefician a 11 buques, porque han faenado al menos 20 días durante el último trienio en Marruecos. El resto, la gran mayoría andaluces, se quedaría sin ayudas. No obstante, el Gobierno está trabajando en la manera de hacer que las ayudas lleguen a todos porque sin ellas, la continuidad de estos pescadores está en duda.

Veto de Bruselas

Una incertidumbre que aún es mayor cuando hablamos de otra decisión con mayor impacto en la flota española. Se trata de la prohibición de Bruselas de pescar en 87 zonas para proteger los ecosistemas marinos vulnerables. Esta no será revisada por la Comisión Europea hasta finales de año.

Eso quiere decir que, como mínimo, los buques españoles afectados -500 inicialmente- no podrán faenar en estas zonas prohibidas por motivos medioambientales. El reglamento se publicó el 19 de septiembre y entró en vigor el 9 de octubre de 2022. Y aquí existe el temor desde el sector pesquero a que las zonas de prohibición se amplíen tras la revisión. “Se podrían cerrar más zonas de mayor tamaño”, apunta Garat.

“Es necesario que haya un equilibrio entre la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos”, señala Garat. Y es que en los últimos años los ecologistas han perseguido y denunciado algunas artes de pesca, como el palangre o el arrastre. “Hemos hecho muchos esfuerzos para cumplir con los criterios medioambientales”, se defienden desde Cepesca.

La eólica marina también supone una amenaza para el mundo pesquero. En la zona del Cantábrico, los pescadores alzaron la voz sobre algunos proyectos de polígonos de energía eólica que podrían poner en peligro el porvenir de 4.600 buques de diferentes artes de pesca y 12.000 pescadores.

También se mira con cierto recelo el Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y Tailandia por la competencia desleal de las flotas asiáticas que tienen a su tripulación en condiciones de esclavitud. Un acuerdo del que ya alertó Julio Morón, director gerente de la Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores (Opagac).

Este atún entraría de forma libre y sin aranceles llenando el mercado de latas de marca blanca que no competirían en igualdad de condiciones que el atún de las empresas españolas. 

A esto hay que sumar la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania que ha disparado los precios del combustible. Habitualmente supone entre el 30 y el 40% de los costes de explotación de los buques pesqueros, pero en 2022 llegó a superar ya el 60% de estos costes. 

Y, por si fuera poco, la decisión del Gobierno de no incluir al pescado en la reducción del IVA de algunos alimentos que entró en vigor el 1 de enero de 2023 ha supuesto el descenso de hasta un 20% de su consumo en nuestro país.

En España, a los productos pesqueros se les aplica un 10% de IVA, por encima de lo que ocurre en el resto de Europa. En Irlanda, Reino Unido y Malta no se aplica IVA al pescado. Francia lo grava con un 5,5%, Luxemburgo con un 3%, Bélgica con un 6%, Chipre con un 5% al igual que Hungría y Polonia y nuestro vecino Portugal con un 6%.

Relevo generacional

Este clima de incertidumbre tiene un importante impacto en la flota y el empleo en el sector. Desde la entrada de España en la UE, el número de barcos no ha hecho más que menguar. Entre 2006 y 2021 se ha reducido considerablemente el número de buques y el arqueo GT (capacidad de bodega), así como la potencia. 

Ese descenso de barcos en todas las artes fue más brusco en los primeros años, pero la tendencia a la baja se mantiene, como confirman los datos del censo de flota pesquera operativa. Solo en los últimos cinco años se ha reducido el número de buques en un 8%, al igual que el arqueo GT, así como la potencia, cuya reducción ha sido del 6%. 

En la actualidad, el número de barcos que hay es de 8.657, aunque activos no llegan a los 6.000. El resto son embarcaciones pequeñas que faenan pocos días al año, señalan desde Cepesca. 

Aunque la edad media de la flota española es de 31 años, todavía existen más de 2.700 barcos que superan los 40 años de antigüedad. La gran mayoría de estos buques son pequeños, de la modalidad de artes menores. Renovar estos barcos, en esta situación, no es una opción para los armadores. De hecho, muchos optan por desguazar sus barcos ante el incierto porvenir. 

Esto hace a su vez que el relevo generacional siga siendo el mayor quebradero de cabeza del sector. El número de trabajadores que se dedican a la pesca marítima también viene recortándose desde hace años.

El sector ha pasado de tener 35.669 hombres y mujeres ocupados en el sector pesquero en España en 2012 a 31.093 en 2020, según datos del informe anual de Cepesca. Esos empleos directos representan el 20% del empleo pesquero de la UE y apenas un 0,3% de la tasa total de empleo en España. 

En esta situación, desde Cepesca aprovechan para pedir al nuevo Gobierno que salga de las urnas este 23 de julio un Ministerio del Mar o, al menos, una secretaría de Estado de Pesca. Y, por supuesto, recuerda que el sector es clave para garantizar la soberanía alimentaria en España.

Tema que en un futuro será necesario poner sobre la mesa ante posibles crisis alimentarias. No olvidemos que España, con 800.000 toneladas (1% de la producción mundial), se mantiene en la vigésima posición del ranking de productores.