La alianza Rehabilitar el Futuro, que integra a los principales actores del sector de la eficiencia energética en la edificación, ha propuesto al Gobierno la adopción de veinte medidas para activar la rehabilitación energética de edificios y aprovechar su potencial como motor de la recuperación económica y de la lucha contra el cambio climático.
La propuesta se ha llevado a cabo a través de la presentación de una propuesta a la Comisión de Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados y de la publicación de un manifiesto.
La rehabilitación energética de edificios tanto residenciales como terciarios, genera de forma inmediata efectos positivos en la economía, al tiempo que reduce las emisiones y mejora la calidad de vida de los ciudadanos.
En la Estrategia a Largo Plazo para la Rehabilitación Energética del Sector de la Edificación en España (ERESEE 2020) que el Gobierno remitió la semana pasada a la Comisión Europea, se estima que solo la intervención en la envolvente térmica de 1,2 millones de viviendas y en las instalaciones térmicas de 3,85 millones movilizaría entre 2021 y 2030 una inversión de 27.112 millones de euros, de los que únicamente el 27% procedería de fondos públicos.
Estas actuaciones generarían, según la ERESEE 2020, entre 33.000 y 88.000 puestos de trabajo al año (51.200 empleos de media anual entre 2021 y 2030), que además no se pueden deslocalizar, lo que representa un aumento adicional del 0,44% sobre el empleo previsto en 2030, con una aportación incremental del 0,47% al PIB estimado para ese año.
Asimismo, la estrategia remitida a Bruselas por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana calcula un ahorro de 7.206 millones de euros en la factura energética de los hogares; un impacto positivo en las cuentas públicas (se prevén unas necesidades de financiación del gasto público de entre 219 y 1.000 millones de euros anuales y unos ingresos fiscales adicionales de entre 1.027 y 4.113 millones de euros al año), y un aumento en la renta disponible de los hogares en todos los tramos de renta, pero con una incidencia sensiblemente superior en los tramos más bajos (del 1,7% y el 1,52% en los dos quintiles de la población con menor renta, respectivamente).
La estrategia estima como escenario base un ahorro en el consumo de energía final de los edificios de uso terciario de 47.395 GWh (un 35,94%) para el periodo 2020-2050, repartido del siguiente modo: un 12,9%, de 2020 a 2030; un 20,1%, de 2030 a 2040, y un 7,9% de 2040 a 2050.
Para conseguir estos ahorros, la estrategia incluye intervenciones en la envolvente térmica, las instalaciones térmicas y las de iluminación.
Por otra parte, la rehabilitación constituye una herramienta para mejorar la calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad y de pobreza energética, como ha señalado la Comisión de Industria, Investigación y Energía del Parlamento Europeo en su informe Maximizar el potencial de eficiencia energética del parque inmobiliario de la Unión, del pasado mes de abril.
Rehabilitar el Futuro se puso en marcha el pasado mes de junio con Greenward Partners, la primera empresa de activación de capital ecológico de España, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Energéticos (ANESE), la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética (A3e) y Green Building Council España (GBCe), como promotores.
Desde entonces, se han adherido a la plataforma hasta dieciocho entidades del sector (asociaciones sectoriales, empresas inmobiliarias, constructoras y empresas de rehabilitación, instituciones financieras, centros de investigación y think tanks, ingenierías, empresas de servicios energéticos, fabricantes de equipos y materiales, entre otros), que aglutinan a un millar de entidades de toda la cadena de valor del sector de la eficiencia energética en la construcción y rehabilitación de edificios.
La primera prioridad de la política de recuperación económica de la Unión Europea es lo que la Comisión Europea ha llamado una “oleada de renovación inmobiliaria”, con un presupuesto de inversión anual de 250.000 millones de euros, que será cubierto en una quinta parte con financiación pública a través de fondos estructurales y del Banco Europeo de Inversiones, y el resto, supuestamente con financiación privada.
Fernando de Roda, managing partner de Greenward Partners, ha dicho que “es urgente que el Gobierno ponga en marcha los mecanismos para poder aprovechar esta oleada de inversión y no perder esta oportunidad.
La redacción y aprobación de un real decreto, que elimine las distintas barreras normativas a las que se enfrenta la rehabilitación energética, está justificada por la emergencia con la que debemos actuar, como se ha hecho para impulsar y ordenar el despliegue de las energías renovables”.
Rehabilitar el Futuro propone al Gobierno desarrollar 20 líneas de actuación, encabezadas por el reconocimiento de la eficiencia energética de los edificios como un interés general prioritario.
La eficiencia energética es la primera fuente de energía sostenible en el mundo y un 30% de dicho potencial se esconde en los edificios. Los edificios, tanto los residenciales como los del sector terciario son uno de los elementos que más contribuyen al calentamiento del planeta y a la contaminación: es responsable del 40% del consumo de energía final y de un tercio de las emisiones de CO2.
En España, el 80% de los edificios es ineficiente en términos energéticos (certificación energética E, F o G). Asimismo, más de la mitad del parque edificatorio tiene más de 40 años y es anterior a la introducción de cualquier normativa en materia de aislamiento energético.
“España cuenta con la voluntad política, la tecnología, el tejido empresarial y los recursos privados para cubrir las necesidades de financiación que los fondos públicos no pueden cubrir”, señala el texto de la propuesta de la plataforma.
“Tenemos la oportunidad de aprovechar el potencial de la rehabilitación energética para afrontar de forma unida estos dos grandes retos a los que nos enfrentamos: la recuperación económica tras la pandemia y la lucha contra la emergencia climática”, añade.
El proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica que el Gobierno ha remitido al Congreso de los Diputados es “ambicioso en sus objetivos” y eleva hasta un mínimo del 35% el ahorro en el consumo de energías primarias que se tiene que producir por la aplicación de medidas de mejora de la eficiencia (con respecto a la línea de base conforme a normativa comunitaria).
“Desde Rehabilitar el Futuro, aplaudimos la firme decisión con la que las administraciones públicas están situando la lucha contra el cambio climático en el centro de sus políticas. Una vez establecidos los objetivos, es necesario el desarrollo urgente de las políticas e instrumentos efectivos que permitan alcanzarlos. Es hora de pasar de la emergencia climática a la emergencia legislativa; de las palabras y compromisos, a los hechos y los medios”, afirma el comunicado.
Las propuestas de Rehabilitar el Futuro incluyen medidas fiscales, administrativas, financieras y de certificación y seguimiento, entre otras, en un marco de colaboración público-privada, con el objetivo de maximizar la contribución de la rehabilitación energética a la recuperación económica y a la lucha contra el cambio climático, con el mínimo impacto en las cuentas públicas, y favoreciendo los esquemas de autofinanciación a través de los ahorros energéticos.