Un informe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía enviado al juez que investiga el caso Tándem, Manuel García-Castellón, ha concluido que el excomisario José Manuel Villarejo utilizó una cuenta bancaria "instrumental" para recibir los pagos ordenados por el exjefe de seguridad de Iberdrola, Antonio Asenjo.
Ibedrola abonó un total de 1,3 millones de euros entre 2004 y 2017 al Grupo Cenyt, propiedad de Villarejo, por trabajos de investigación y espionaje encargados por Asenjo y que se encuentran bajo la lupa judicial por ser presuntamente ilegales: desde la neutralización de la oposición existente a la construcción de una central térmica en Andalucía hasta el acopio de información que pudiera servir para desprestigiar a empresarios competidores.
El informe desgrana las cuantías y las facturas de esos trabajos, que coinciden con las aportadas a la Audiencia Nacional por la propia energética. La primera transferencia es de noviembre de 2004 y la cuenta de destino fue abierta siete meses antes por Villarejo, figurando con firma reconocida su esposa, Gemma Alcalá, y su número dos, Rafael Redondo.
Por esa cuenta circularon ingresos por un importe total de 3,4 millones, aunque el informe se centra en los abonos procedentes de Iberdrola y concluye que "se aprecia el carácter instrumental de la cuenta de recepción de los fondos", que en gran parte eran transferidos "por un importe similar" a otra cuenta de Cenyt.
Además del traspaso de fondos entre cuentas, los abonos de Iberdrola fueron empleados por Villarejo para gastos personales como la amortización de una hipoteca.
El informe destaca que el resto de los fondos fue objeto de transferencias y traspasos "no habiéndose podido, en muchos de los casos, conocer el destino y beneficiario exacto" del dinero. Ello se debe a que hay movimientos con más de diez años de antigüedad, "lo que dificulta el análisis del flujo de capital".
Pagos de Casesa
El informe policial ratifica que la empresa Castellana de Seguridad (Casesa) efectuó dos transferencias a favor de Cenyt. La primera, emitida el 2 de agosto de 2004, ascendió a 82.360 euros, mientras que la segunda, el 27 de septiembre de 2004, fue de 81.200 euros.
El dato es relevante porque desmiente las manifestaciones que los responsables de Casesa hicieron en el Juzgado en el sentido de que no tuvieron negocios con Villarejo.
Los investigadores sospechan que hubo una 'triangulación' de facturas, de modo que Ibedrola habría abonado a Casesa trabajos realmente efectuados por Villarejo. Ello explicaría las posteriores transferencias de Castellana de Seguridad a Cenyt.
Esta operativa se habría realizado para que Cenyt no figurara como proveedora de Iberdrola. Pero lo cierto es que la empresa de Villarejo fue dada de alta en las bases de datos de la eléctrica en esas mismas fechas y las primeras facturas fueron contabilizadas poco después.