Abengoa negocia con la Comunidad Valenciana el traslado de su sede social

Abengoa está manteniendo conversaciones con la Generalitat Valenciana para trasladar su sede social de Sevilla a Valencia. Fuentes del Gobierno autonómico confirman abiertamente las negociaciones en línea con las especulaciones realizadas para presionar a la Junta de Andalucía para que firme su apoyo financiero. 

El propio presidente autonómico, Ximo Puig, presumió este jueves en su intervención en la sesión de control celebrada en el Parlamento Valenciano de que la autonomía mantiene contactos para “el traslado de una multinacional”.

Presidencia de la Generalitat Valenciana ha afirmado a Invertia que se trata de Abengoa y ha subrayado que las negociaciones “son fruto de la confianza que genera la Comunidad Valenciana”. No obstante, agregaron que se trata de “un contacto inicial con voluntad de seguir hablando”. No se trata, no al menos por el momento, de un traslado ya cerrado.

La región tampoco precisó qué aspectos concretos están negociando las partes. Pero no es tan sencillo cambiar una autonomía por otra para lograr el infreso. Ximo Puig debería lograr algo más que un mero traslado domiciliario para justificar una gran aportación de su administración a una empresa que no está implantada en su territorio.

Si bien es cierto que la Generalitat Valenciana apoya cuantiosamente a sus grandes industrias -Ford Almussafes, por ejemplo, recibe millones de euros cada año en subvenciones nominales de la región- las aportaciones siempre responden a la inversión y al empleo generado en el región. Para disfrutar de las mismas Abengoa debería llegar a la Comunidad Valenciana con un importante proyecto industrial bajo el brazo.

La noticia, adelantada por la Cadena SER, se produce a la espera de que la Junta de Andalucía confirme su participación en el plan de rescate de la compañía sevillana. En declaraciones a Invertia, fuentes de la compañía han declinado hacer comentarios al respecto evitando también desmentir el posible cambio de sede social.

A principios de noviembre ya se confirmaron los primeros contactos con la Comunidad Valenciana sobre el cambio de sede. Desde el Gobierno andaluz rechazaron entonces las “amenazas” sobre la mudanza. El propio portavoz del Ejecutivo, Elías Bendodo, manifestó que no le parecía bien que se amenazara con el cambio ni que se dijese que se condiciona su viabilidad por 20 de los 540 millones de euros que componen el plan.