Un préstamo a través del recién creado Fondo Valenciano de Resiliencia. Esta es la fórmula con la que estudia inyectar la Generalitat Valenciana los 20 millones de euros que necesita Abengoa para llevar a cabo su plan de viabilidad. Se trata de una cantidad que, al menos hasta la fecha, no está dispuesta a ofrecer la Junta de Andalucía y que sí podría aportar finalmente la autonomía de Ximo Puig. A cambio, la firma sevillana debería fijar su sede social y acometer una inversión importante en la comunidad.
Así lo confirman a Invertia fuentes de Presidencia de la Generalitat Valenciana y del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), el banco público que dispone del instrumento financiero para acometer esta rocambolesca operación. El fondo fue aprobado el pasado 13 de noviembre por el pleno del Gobierno valenciano y, según precisa a este periódico el instituto, tiene capacidad para inyectar hasta 25 millones de euros en sociedades privadas en apuros.
Según agregan las mismas fuentes, las conversaciones se han producido entre el presidente valenciano, Ximo Puig; el director del IVF, Manuel Illueca; y Gonzalo Urquijo. Este último sigue, pese a su cese como presidente de Abengoa, como máximo representante de la filial Abenewco 1.
El Fondo Valenciano de Resiliencia está capacitado para prestar a cualquier empresa que tenga su sede social o centros productivos en la Comunidad Valenciana, según aseguran. Desde esta óptica, el IVF podría prestar el dinero sin exigir nada más que el cambio de domicilio de Abenewco 1. Pero la Generalitat Valenciana no lo hará a cambio de nada. Esta es la parte de la negociación que corresponde a Presidencia de la Generalitat, al margen del análisis técnico del plan de viabilidad de Abengoa que ya está realizando el IVF.
El Gobierno valenciano está dispuesto a, “si salen los números de la operación”, aportar la financiación que requiere Abengoa y “captar a una multinacional que, pese a los problemas por los que ha atravesado, tiene activos importantísimos y negocios con muchísimo futuro”. “El Fondo de Resiliencia está pensado, precisamente, para acometer operaciones de este tipo”, indican.
Pero Abengoa debería a cambio realizar una inversión importante en territorio valenciano -sobre las que el Ejecutivo no precisa nada por el momento-. “No bastará con un teléfono en la calle Colón de Valencia”, apuntaba al respecto este jueves un alto cargo del Gobierno de Ximo Puig.
Tal es la predisposición de la Generalitat Valenciana que el IVF está dispuesto a incrementar la partida del Fondo de Resiliencia -que tiene un presupuesto de tan solo 10 millones para 2021- y a revisar las bases para la concesión de los préstamos, pues contemplan en la actualidad que “podrá ser beneficiaria de este fondo cualquier sociedad mercantil no cotizada”, y Abengoa sí cotiza en bolsa.
Luz verde en la junta
Esta decisión no basta con unas conversaciones. Los estatutos de Abengoa S.A. dictan que el cambio de la sede social fuera de la provincia de Sevilla deberá ser propuesto y aprobado en una junta de accionistas. La próxima está fijada para el 22 de diciembre y no recoge el cambio de sede en su orden del día.
A todo ello se suma que Abengoa carece en estos momentos de un consejo de administración. Fue el pasado 17 de noviembre cuando Gonzalo Urquijo fue cesado como presidente en su última junta de accionistas por lo que no podría tomar decisión alguna. Por el contrario, sigue liderando Abenewco 1, grupo que recibiría la financiación íntegra del rescate.
La noticia ha levantado ampollas entre los accionistas. Los más críticos han sido los agrupados en Abengoa Shares que ven la maniobra como una forma para presionar al Gobierno andaluz. Opinan también que refleja el "nulo compromiso" del consejo cesado con la plantilla que ha conocido la noticia por la prensa.
Por el momento, Abengoa no ha hecho declaraciones al respecto. Fuentes de la compañía consultadas por Invertia declinaron hacer comentarios sobre el posible traslado. En el caso de los representantes de los trabajadores, UGT -único sindicato presente en Abengoa- desconocía las conversaciones sobre el cambio de sede social.
No es la primera vez que Abengoa acude a alternativas al Ejecutivo andaluz. También lo hizo con el Grupo Parlamentario Vox en Andalucía al pedirles que no respaldaran el presupuesto andaluz si no recogía una partida para su rescate. Lo mismo hizo con la banca con quien negoció un plan sin la firma de la administración andaluza.
Andalucía tiende la mano
Por su parte, la Junta de Andalucía se mantiene en sus trece. El aviso de traslado de sede saltó este jueves, minutos antes de una rueda de prensa con el vicepresidente, Juan Marín, y el portavoz del Gobierno, Elías Bendodo. Ambos admitían a los periodistas que conocían la noticia por los medios de comunicación.
En este sentido, Marín dudó de que el traslado se deba a la negativa de inyectar los 20 millones de euros. En caso de que se haga realidad, confió en que sea una "decisión empresarial" mientras siguió tendiendo la mano a una negociación con el Gobierno andaluz.
Sobre alternativas a una ayuda directa, el vicepresidente andaluz explicó que se llegó a plantear elevar una Proposición de Ley en el Parlamento andaluz para posibilitar otorgar esa ayuda. Sin embargo, según han reiterado en numerosas ocasiones desde el Ejecutivo, no hay un "vehículo legal" para ayudar a la empresa sevillana.
El Gobierno de Pedro Sánchez podría haber encontrado en el socialista Ximo Puig una vía alternativa para presionar al 'popular' Juanma Moreno. Pero, preguntados al respecto, las fuentes consultadas del Ejecutivo valenciano exponen que lo están abordando “con la máxima seriedad”. “Estamos ya trabajando con información muy sensible”, subrayan.