El Gobierno traslada parte del recibo de la luz a petroleras y gasistas para financiar las primas a las renovables

La financiación tradicional del sistema eléctrico ya no funciona. Y aún menos lo va a hacer en los próximos años. Las medidas de eficiencia energética, junto con la electrificación de la economía y la integración de las renovables necesitan de un impulso para llevarse a cabo.

Por eso, el Consejo de Ministros acuerda iniciar la tramitación de un anteproyecto de Ley (APL) que tiene la intención de dar certidumbre sobre la sostenibilidad del sistema y facilitar la consecución de los objetivos de la transición energética y la recuperación verde.

El texto prevé la creación de un Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico que financiará los costes asociados al régimen retributivo específico de las renovables, cogeneración y residuos (RECORE), la parte regulada de la factura de la luz, que dejarán de formar parte de ella.

Gasistas y petroleras

La novedad a partir de ahora es que "debido a que ha cambiado el mercado, el mecanismo tradicional no funciona", explican fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica en un encuentro con los medios.

"Y no lo hace porque la demanda no crece, se ha estabilizado por las medidas de eficiencia energética, y los precios del mercado mayorista se caen por la entrada de renovables". 

Además, "también se gravaban tecnologías contaminantes, como el carbón, que han desaparecido. Por lo tanto, los ingresos no son suficientes para cubrir ese coste. Y la Covid ha empujado aún más a la baja esos costes. Por tanto, hemos tenido que acelerar la decisión de modificar el sistema de financiación".

Y la decisión es que a partir de que se apruebe esta Ley, que antes deberá pasar por el Congreso, "se buscará que la financiación se haga a través de todos los vectores energéticos. Es una reforma estructural, pero creemos que es justificado".

Lo gestionará el IDAE y se nutrirá de las aportacioens de los suministradores de electricidad, combustibles fósiles y consumidores directos, aunque por volumen de ventas, son las petroleras las que más van a aportar al fondo.

Señales de precio

Con la creación de este Fondo, el Gobierno pretende conseguir tres objetivos: evitar subidas en el precio de la electricidad, dar señales claras de electrificación de la economía y aportar la certidumbre, sostenibilidad y equilibrio al sistema que permitir la movilización de las inversiones necesarias en los próximos años.

Eso significa, según cálculos del Ministerio, que se podrá rebajar la factura eléctrica doméstica al menos un 13% gracias a la disminución de los cargos. Actualmente, el coste de pagar las renovables supone aproximadamente el 16% del recibo eléctrico doméstico.

Exenciones y compensaciones

Los sujetos obligados a la financiación del FNSSE serán los comercializadores de todos los sectores energéticos que contribuirán al fondo en función de sus ventas. Para garantizar la equidad y la redistribución, existirán exenciones y compensaciones para aquellos sectores con menor capacidad de adaptación y respuesta al nuevo sistema.

"En el capítulo de exenciones nos referimos a que no tendremos en cuenta a ciertas partes de la tarta, por ejemplo, los consumos que tendrían una doble contribución, como el almacenamiento eléctrico, los consumos de hidrocarburos para generación eléctrica, el queroseno, por ser un combustible diferenciado que le afecta los vaivenes internacionales y que está directamente ligado al sector turístico, uno de los más dañados por la Covid".

"Tampoco tendrán que participar en ese Fondo, el gasóleo agrícola y los sectores que ya aportan, como el biodiésel y los biocombustibles". 

En el caso de las compensaciones, el Gobierno considera que "si se aprecia que hay una repercusión en el coste final de ciertos consumidores, como son los electrointensivos, la industria que consume gas (gasintensivos) con riesgo de fuga de carbono y los transportistas o profesionales de mercancías". 

Certeza a inversores

Si no se modifica el sistema actual, la Ley en vigor obliga a ajustar al alza de manera automática la parte regulada del recibo de la luz. Con las previsiones actuales, esto supondría un incremento de entre un 10% y un 15% de la parte regulada de la factura.

Además, la aparición de desequilibrios económicos en el sistema eléctrico genera incertidumbre y menor confianza de cara a la inversión en nuevos proyectos de energías renovables o eficiencia energética: inversiones que, siendo importantes para la transición energética, lo son especialmente en un contexto de necesaria reactivación económica.

"Los promotores, inversores, financiadores son muy binarios y necesitan certidumbre y seguridad", continúan las fuentes ministeriales, "si la percepción del riesgo aumenta, ese apoyo se puede retirar y la transición energética que depende de ello, puede verse amenazada".

Un 41% costes renovables

Los costes del sistema eléctrico suman, con datos de 2019, unos 17.000 millones de euros al año, de los cuales unos 7.000 millones se destinan a retribución de redes, que se cobran mediante peajes que fija la CNMC. 

"De los otros 10.000 millones restantes, casi 3.000 millones derivan de la deuda del pasado, es decir, es el déficit de tarifa, y por tanto, nos quedan 7.000 millones para financiar las renovables, la cogeneración y los residuos". 

Hay todavía unos 600-700 millones que son el 50% de los extracostes peninsulares. 

Calendario a cinco años

El texto prevé un calendario de 5 años hasta la implantación total del FNSSE, lo que permitirá que la aplicación del nuevo marco se haga de manera gradual y lineal para facilitar la adaptación de todos los actores implicados.

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia pondrá a disposición de los agentes instrumentos públicos de apoyo en los próximos tres años para acompañarlos en esta transición. Asimismo, la implantación gradual permitirá a los consumidores adecuar sus pautas de consumo a la nueva situación.

Se activarán con carácter prioritario, desde inicios de 2021, líneas específicas destinadas a municipios de menos de 5.000 habitantes, facilitando el despliegue de la eficiencia energética, la movilidad sostenible y las energías renovables en estos territorios, impulsando la transición energética como una de las palancas para dar respuesta al reto demográfico.

En cuanto a las aportaciones de los sectores energéticos, éstas se realizarán mediante pagos trimestrales proporcionales a sus ventas de energía. El objetivo total de recaudación y el reparto entre los distintos sujetos obligados se calculará cada año a partir de las estimaciones de ventas comunicadas por los agentes, una vez descontados los ingresos provenientes de otras fuentes de financiación anteriormente citadas como tributos o ingresos de las subastas de CO2.

Consumidores vulnerables

La crisis sanitaria y sus efectos sobre los consumidores más vulnerables, así como la evolución de la demanda y los precios de la electricidad, también hacen necesario emprender actuaciones que abaraten la factura de la luz.

La creación del fondo tiene un efecto directo sobre el recibo eléctrico, que podrá reducirse, para los consumidores domésticos, al menos un 13% en cinco años gracias a la bajada de los costes fijos. De no crearse este fondo, los costes fijos del recibo de la luz para los consumidores domésticos podrían incrementarse alrededor del 10%, lo que supondría una subida media de la factura de entorno al 6,5% en un sólo año.

El impacto del nuevo sistema propuesto será socialmente progresivo: beneficiará especialmente a los hogares más vulnerables y expuestos a la pobreza energética, que son los que habitualmente tienen un consumo más elevado de electricidad en proporción a su renta y sus consumos energéticos, por lo que la bajada del precio de la luz les beneficiará en mayor proporción.

La reducción de los costes fijos en el recibo eléctrico se verá complementada con otras medidas para combatir la pobreza energética, como el bono energético que ultima el Gobierno en aplicación de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024, que busca dar cobertura a los distintos consumos energéticos a los que se enfrentan las familias vulnerables.