El fondo IFM generó un sismo de mediana intensidad en el mercado energético español tras comunicar este martes a la CNMV su opa parcial sobre el 22% de Naturgy. Un movimiento de 5.060 millones de euros que podría traducirse en un importante reordenamiento en el capital de la gasista.

El desembarco de IFM, el fondo australiano cuyo vicepresidente es el español Jaime Siles, impacta en Criteria como principal accionista con un 24%. También en el propio Gobierno de España que en plena pandemia se atribuyó una 'acción de oro' y un escudo anti-opas para proteger a empresas estratégicas de operaciones hostiles de empresas extranjeras.

Elementos que complican la operación pero que no son ajenos al fondo y ante los que "están preparados", dicen las fuentes consultadas. Y es que la llegada a Naturgy -"como un inversor a largo plazo", según dicen desde el propio IFM- es una operación que el fondo de pensiones australiano lleva preparando varios meses.

En ella ha tenido un papel protagónico el fondo CVC capitaneado por Javier de Jaime. Según asesores externos de la propia operación, el también miembro del consejo de Naturgy tras el desembarco del fondo y la Corporación Alba en febrero de 2018, ha sido uno de los asesores cercanos a los australianos.

De Jaime fue uno de los gestores a los que IFM preguntó sobre el potencial de Naturgy en el mercado del gas -uno de sus focos de crecimiento en este momento- y sus sinergias con su actual porfolio. 

Activos estratégicos

Dentro de sus principales activos cuenta con puertos de GNL, agua, aeropuertos, estaciones de metro, autopistas, puertos y todo tipo de infraestructuras. En España se le conoce por la adquisición del negocio de concesiones de OHL y una participación del 49% en Aqualia, la filial de agua de FCC. No obstante, ahora su foco está en el gas y para ello Naturgy se convertiría en un activo estratégico.

De Jamie también ha sido uno de los pilares de la incipiente alianza entre IFM, CVC (20,7% del capital de Naturgy a través de Rioja) y GIP, que compró otro 20,6% de la compañía en septiembre de 2016.

Rioja y GIP fueron los primeros en conocer la operación hace algunas semanas y han sido conscientes de todos los movimientos desde que IFM decidió lanzar su oferta. De hecho, en el proyecto publicado en la CNMV, estos dos fondos indican que no venderán, pero que sí respaldan el desembarco de IFM en el Consejo de Administración de la gasista.

Si llega a buen puerto la opa de IFM, los tres fondos tendrían más del 62% del capital de Naturgy e incluso podría lograr mayoría en el Consejo. Es por ello por lo que es clave lograr un acuerdo amistoso con Criteria Caixa, principal accionista con el 24% del capital de la compañía energética.

Las intenciones de IFM son pacíficas, pero para que su desembarco se produzca en un clima cordial deben necesariamente llegar a un acuerdo con el brazo industrial de la Fundación La Caixa. Las fuentes consultadas por este diario indican que su proyecto está en manos de Isidro Fainé desde hace algunos días, aunque Criteria mantiene silencio sobre la oferta.

Otras fuentes explican que el grupo está estudiando la propuesta, aunque recuerdan que Naturgy siempre ha sido un activo clave para el grupo inversor. 

Exploraciones con Criteria

Del mismo modo, a primera hora de este martes Naturgy comunicó a la CNMV que conoció mediante la nota de IFM enviada al regulador los términos y condiciones de la oferta voluntaria y "no solicitada" realizada sobre un 22,689% de su capital social.

Estas mismas fuentes indican que la clave de toda la operación está en los acercamientos que se deben producir a partir de ahora entre los fondos y el grupo industrial. Estas negociaciones -respecto del eventual futuro consejo y la posición accionarial de Criteria tras la opa- determinarán si estamos ante una operación hostil o amistosa.

De estas negociaciones depende también la presentación de la opa ante el Ministerio de Industria, organismo desde el cual el gobierno debe empezar a analizar la operación antes de ejercer 'su acción de oro', para bloquear o autorizar.

Desde el Gobierno se ha confirmado a Invertia que la solicitud no ha sido presentada formalmente todavía, por lo que el reloj de seis meses que tiene para fallar sobre la operación no se ha activado.

Después de la petición de autorización a la dirección general de comercio internacional e inversiones del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, IFM deberá responder a un cuestionario relatando la operación, los dueños finales del comprador y sus planes financieros y estratégicos con Naturgy. 

El Gobierno y Caixa

Luego, el caso pasará a la Junta de Inversiones Exteriores, con presencia de representantes de varios Ministerios, incluido el de Economía y con una participación protagonista de Transición Ecológica. Este organismo elevará un informe al Consejo de Ministros, sobre el que éste tomará una decisión. Solo después de esta autorización la CNMC podrá comenzar el estudio.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y solo horas después de conocerse la opa, la ministra Portavoz María Jesús Montero fue categórica e indicó que la 'acción de oro' "pone de manifiesto el interés del Gobierno por proteger las empresas españolas" para que "no cayeran en manos de un tipo de fondo que no fuera oportuno o deseable" o se produjera una opa hostil.

¿Quién decidirá si es una opa amistosa como dice IFM u hostil como indican algunas fuentes del sector empresarial? La clave estará en el input que encuentre el Gobierno en Criteria Caixa. El grupo mantiene excelentes relaciones con el Gobierno de Pedro Sánchez y, según las fuentes consultadas, el Ejecutivo no tomará ninguna decisión sin antes tomar el pulso de la opinión del sector empresarial.

Con todo, el gran problema para que la operación llegue a buen puerto son los plazos. Si el Ejecutivo así lo quisiera podría demorarlo todo seis meses, sin contar otro par de meses de análisis de la CNMV, lo que llevaría a una resolución hacia finales de este año. Todo está abierto.