La siderúrgica Celsa pide a la SEPI salvar la compañía con proyectos de descarbonización

El sector electrointensivo, es decir, las grandes industrias como las siderúrgicas, llevan años clamando en el desierto por los altos costes energéticos a los que tienen que hacer frente. Y entre ellas, siempre ha estado Celsa, un grupo empresarial cien por cien español, con 43 años de historia siempre ligada al acero. Sin embargo, no quiere tirar la toalla, pese a los efectos de la pandemia, e incluso apuesta por la transición energética.

Esas dos son las principales razones de por qué ha solicitado casi 800 millones de ayudas al fondo de rescate de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales). Es la de mayor cuantía con cargo a este mecanismo hasta la fecha.

Y es que Celsa cumpliría con las condiciones para recibir esas ayudas: es una empresa que tiene carácter no financiero, su domicilio social y principales sedes están en España, no es una empresa en crisis antes de 2019, ni ha pedido concurso de acreedores. Sin embargo, también debe demostrar que sin la ayuda de la SEPI no puede seguir adelante, justificar que su desaparición tendría un impacto directo en la economía o el empleo y demostrar que su viabilidad es posible. 

El estoque final

La pandemia ha puesto la guinda a los altos costes energéticos que, según fuentes internas de la compañía, "llevaban erosionando año tras año las cuentas de la compañía".

"La empresa se había ajustado a las circunstancias de altos precios energéticos en estos años de atrás", explican por su parte representantes sindicales de CCOO en la compañía, "pero la pandemia ha hecho ajustarlos aún más". 

"Por ejemplo, se ha reducido en un 50% no solo la producción, sino también las ventas. Se ha tenido que pactar primero un ERTE de fuerza mayor durante el estado de alarma y ahora un ERTE ETOP, es decir, aquel que se basa en causas económicas, técnicas, organizativas y de producción".  

Así que "la bajada anual ha perjudicado tanto como dice la compañía. Hemos hecho los cálculos y a los sindicatos nos cuadran". 

"La pandemia ha sido el estoque final", añaden las fuentes internas del grupo siderúrgico. "No solo ha caído la producción y la demanda, también la recogida de la chatarra para el reciclaje, porque el confinamiento ha provocado la paralización de las actividades en el sector de la construcción y de la industria del automóvil, nuestros principales clientes". 

El Grupo Celsa, con ocho millones de toneladas de chatarra férrica fundidas anualmente en sus acerías, es el mayor reciclador de Europa.

Incertidumbres energéticas

Después de dos años de reclamar un precio de la energía competitivo con sus homólogos franceses y alemanes, el Gobierno aprobó por fin el pasado diciembre el Estatuto del Consumidor Electrointensivo. Un plan que pretendía proporcionar mayor estabilidad, seguridad y certidumbre en torno al precio de la electricidad, y favorecer la inversión industrial.

Sin embargo, "aún seguimos pagando más por la energía que nuestros vecinos, y todavía quedan incertidumbres regulatorias por aclarar", añaden las mismas fuentes.

"La primera de ellas es que aún no conocemos la cuantía de los cargos del sistema eléctrico, donde están incluidas las primas a las renovables". No es una cuestión baladí porque "la gran industria dejará de pagar hasta el 85% de esas primas, pero no sabemos su cuantía". 

Por otro lado, aunque esos costes se sacarán de la factura, se integrarán en el FNSSE (Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico). "Nos tememos que lo que no pagamos por un lado, lo vamos a pagar por otro, porque esas primas se van a repartir con petroleras y gasistas, y la siderurgia es una industria electrointensiva pero también gasintensiva". 

"Muy probablemente, con esta medida, se incrementarán nuestros costes energéticos hasta en un 5%". Y eso no es todo. "Necesitamos de una amplía flota de camiones, que son los que transportan la materia prima, la procesada y toda la chatarra que termina en nuestras plantas. Ellos también sufrirán esa subida de precio". 

Y por último, "el precio del CO2, en el mercado de derechos de emisiones, se ha doblado en solo seis meses, lo que supone un coste extra, eso sin contar que pueda subir aún más". 

Impulsar la descarbonización

La industria ha conseguido que el Gobierno les pague las ayudas por las compensaciones indirectas de CO2 de 2020, "pero solo un 29% de la cuantía que se les había prometido". 

"Ahora en 2021, con los PGE aprobados, se deberían destinar 270 millones para estas compensaciones a la industria, pero se han ido diluyendo en diferentes partidas, y finalmente se pagarán 170 millones", concluyen las mismas fuentes. 

Aún así, van a seguir luchando.

"Hay varios proyectos en los que se está trabajando para impulsar la transición energética justa en las fábricas del grupo, relacionados con el hidrógeno", señalan. "No solo se pide ayuda a la SEPI por los efectos de la pandemia sino para llevar a cabo el proceso de descarbonización de nuestra industria".

"No es salvar por salvar", concluyen por su parte las fuentes sindicales, "sino porque hay un proyecto estratégico que es bueno para el país".

Celsa Group es el primer grupo privado siderúrgico español y el tercer fabricante de productos de acero en Europa. La multinacional está formada por seis grandes grupos empresariales con acerías, trenes de laminación, plantas transformadoras, empresas de distribución y recicladoras. Cuenta con casi 10.000 empleados en todo el mundo y está presente industrialmente, además de nuestro país, en Dinamarca, Finlandia, Francia, Noruega, Polonia, Suecia y Reino Unido, con 120 centros de trabajo.