Gobierno, empresas y sindicatos han firmado el Acuerdo para la Transición Justa, que ampara a todas las centrales térmicas de carbón de España con la adhesión de EDP al acuerdo inicial alcanzado el año pasado.
En concreto, este acuerdo recoge el compromiso de todas las partes para acompañar la transición laboral y la reactivación económica de las zonas afectadas por el cierre de las centrales térmicas.
El acuerdo ha sido así suscrito por la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera; la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; el secretario general de CCOO Industria, Agustín Martín; el secretario general de UGT FICA, Pedro L. Hojas; el consejero delegado de EDP España, Rui Teixeira; el consejero delegado de Endesa, José Bogas; la consejera delegada de Iberdrola España, Ángeles Santamaría y el presidente ejecutivo de Naturgy, Francisco Reynés.
De esta manera, con la suma de EDP el acuerdo incorpora ya a todas las centrales térmicas de carbón de España, lo que le convierte en un pacto único en el mundo por el grado de consenso alcanzado.
La alianza representa el compromiso de las partes para garantizar el empleo y la reactivación económica de las zonas afectadas por el cierre de las centrales térmicas localizadas en Aragón, Andalucía, Principado de Asturias, Castilla y León y Galicia.
Los focos de actuación prioritaria del acuerdo pasan por el mantenimiento del empleo en los territorios y su dinamización económica e industrial.
Único en el mundo
En el acto de firma, Ribera destacó la importancia de este avance, ya que se "da un paso más asegurando que todas las centrales térmicas estén dentro de este paraguas de compromiso con personas trabajadoras y territorios".
Así puso en valor que este acuerdo se configura como "una propuesta sólida y coherente en el que todos tenemos un papel que desempeñar, sin dejar a nadie atrás". También subrayó que se trata de "un acuerdo único en el mundo que demuestra el compromiso del Gobierno no solo con la descarbonización, sino con la protección de los más vulnerables y con el diálogo social".
Por su parte, Yolanda Díaz, recordó que "en un tiempo de gran dificultad" para gran parte de la ciudadanía, este acuerdo "recoge compromisos claros para apoyar a las personas trabajadoras y a los territorios, ya que ambas cuestiones van intrínsecamente de la mano".
"En diversas ocasiones me he referido a la importancia del pacto territorial, junto al pacto social e intergeneracional, como líneas de acción sobre las que se debe fundamentar la recuperación y transformación de nuestro país. En este sentido, el mantenimiento del empleo en los territorios, y su dinamización económica e industrial, debe estar fuertemente vinculado al despliegue de proyectos de generación de energía y de riqueza, armonizados con el entorno", señaló.
En virtud del acuerdo suscrito el pasado 17 de abril, el Gobierno apoya la elaboración de los Convenios de Transición Justa. También se compromete a llevar a cabo actuaciones para el mantenimiento del empleo a través de planes de formación e inserción laboral específicos y a trabajar en la búsqueda proactiva de inversores con proyectos que puedan localizarse en las zonas afectadas. Eso siempre tomando en consideración las particularidades de cada territorio.
Desde la Administración, una de las principales iniciativas del acuerdo es la elaboración de un plan específico de apoyo a la formación profesional e inserción laboral de personas trabajadoras -tanto de las centrales térmicas como de sus empresas auxiliares- que facilitará la adecuación de los planes formativos a la demanda de nuevos perfiles.
Este proyecto ha sido incluido para su financiación en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se orquestará a través de un convenio entre el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y el Instituto de Transición Justa (ITJ), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Así, la evolución de este plan se seguirá desde el registro activo de personas desempleadas vinculadas a la actividad de las centrales térmicas, que gestiona el ITJ, para facilitar su acceso a las ofertas de empleo que surjan del desmantelamiento de instalaciones y de las tareas de restauración ambiental.
En cuando a la generación de actividad económica alternativa en las zonas afectadas por cierres, los convenios de Transición Justa se centrarán en captar las oportunidades que surjan en el ámbito de la transición ecológica teniendo en cuenta las características de cada territorio y favoreciendo la implantación de iniciativas empresariales vinculadas a la producción.
Compromisos
Con este acuerdo, las empresas titulares de las centrales térmicas de carbón en proceso de cierre se comprometen a elaborar un plan de acompañamiento para personas trabajadoras y territorios. Este plan debe incluir una propuesta de nuevas inversiones en las zonas relacionada con la generación de energías renovables y con otras oportunidades de negocio surgidas en el ámbito de su actividad.
El acuerdo también contempla el diseño de planes de recolocación para el personal propio y la prioridad de la contratación de las personas trabajadoras de empresas auxiliares en las labores relacionadas con el desmantelamiento de las instalaciones, la restauración ambiental y las futuras actividades productivas.
Además, las empresas colaborarán a través de acciones específicas en la formación profesional de las personas trabajadoras para mejorar su empleabilidad en las nuevas actividades.
En este sentido, las empresas mostraron en el acto su compromiso "de forma muy seria" con la descarbonización, entendiendo que la transición energética tendrá negocios "que tendrán que cambiar y no podemos tener personas que pierdan con esta transición", dijo el consejero delegado de EDP España, Rui Teixeira.
Mientras, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, destacó la "obligación de no dejar a nadie atrás" en la transición energética. Para ello, indicó que el plan del grupo pasa por compensar el cierre de los más de 5.000 MW de térmicas con la construcción de 5.700 MW de energía renovable, a través de una inversión de unos 4.500 millones de euros. Además, Endesa prevé destinar otros 2.000 millones de euros en otra serie de proyectos vinculados a la producción de hidrógeno o la economía circular.
Igualmente, la consejera delegada de Iberdrola España, Ángeles Santamaría, afirmó que con la firma de este acuerdo se "pone en valor y se hace más visible" el trabajo conjuntos entre todas las partes. Señaló la apuesta de la energética por la creación de empleo a través de su plan de inversiones a 2025 por 75.000 millones de euros, de los que 14.300 millones de euros tendrán por destino a España y su crecimiento en renovables.
Finalmente, el presidente ejecutivo de Naturgy, Francisco Reynés, reafirmó el compromiso del grupo con la transición energética y con que sea justa, "buscando una solución en todos aquellos lugares donde hasta ahora ha habido empleo y tiene que seguir habiéndolo" y apostando por proyectos de biogás e hidrógeno, "que van a ser energías del mañana".
Por su parte, los sindicatos se comprometen a facilitar el cumplimiento y seguimiento de los acuerdos alcanzados en materia de formación, prevención de riesgos laborales, reindustrialización y divulgación, así como de aquellos pactos que se puedan ir sumando en la consecución de los objetivos de este acuerdo.