La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha afirmado que no teme un cierre acelerado del parque nuclear por parte de las compañías eléctricas a causa del recorte de 1.000 millones de euros que se les impondrá para atajar la sobrerretribución de estas centrales y de las hidráulicas. Sería trastocar el acuerdo alcanzado para una clausura ordenada hasta 2035, ya que "si las cuentas les salían antes, ahora nada ha cambiado".
En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, ante las preguntas de El Español, Ribera recordó que ahora hay unos precios de 50 euros la tonelada de CO2 y de más de 80 euros el megavatio hora (MWh) en la electricidad, mejores incluso que cuando se alcanzó el acuerdo -con un precio del mercado mayorista de 50 euros por MWh y 20 euros por tonelada de CO2- que garantizan "la rentabilidad" de estas explotaciones con total seguridad.
Además, advirtió que el cierre de cualquier central es algo que depende del operador del sistema eléctrico (Red Eléctrica) teniendo en cuenta "la seguridad de suministro del conjunto del sistema eléctrico".
Respecto a la posibilidad de que las eléctricas lleven a los tribunales este mecanismo, Ribera consideró que "todos los actores tienen derecho a recurrir a todos los recursos a su alcance", aunque subrayó que la electrificación supondrá "un incremento muy notable del negocio al que se dedican".
"Saben que se trata de un sobrebeneficio que se descuenta en plantas antiguas, amortizadas largamente, con unos costes operativos muy bajos y por tanto con una rentabilidad elevadísima, incluso después de la minoración del CO2", dijo.
Precios poco asumibles
Además, recordó que estas empresas "reiteran una y otra vez en público y privado" sus compromisos de sosteniblidad y gobernanza, por lo que saben que unos precios altos de la electricidad como los actuales son "difícilmente asumibles para las familias y el despegue industrial".
"Una minoración de sus beneficios debería generar un incremento y aceleración de su negocio eléctrico. Teniendo en cuenta estos argumentos económicos y el respaldo jurídico para este mismo esquema en 2013 no es probable que pueda producirse esto, pero cada empresa tomará las decisiones que considere adecuadas", añadió al respecto.
Afirmó que de todas maneras el anteproyecto de ley se encuentra en su "fase inicial" y está abierto a propuestas.
Se espera que pudiera estar aprobado, como muy pronto, a lo largo del próximo semestre del año.