Las eléctricas declaran la guerra al Gobierno tras el recorte a las nucleares que las "aboca" a la quiebra

Esta reforma eléctrica, cuyo objetivo es la reducción del precio eléctrico, tiene todavía mucho camino por recorrer porque debe pasar por un debate parlamentario y en el caso de que se apruebe es más que probable que se lleve a los Tribunales, como casi todo en este sector. 

Pero en el corto plazo ya hay consecuencias. Solo en una semana, las eléctricas y en especial las propietarias de las centrales nucleares en España han vivido su semana negra en bolsa. Solo de las que cotizan en el Ibex 35 se han volatilizado nada menos que 7.899,4 millones de euros de capitalización, siendo las más castigadas Endesa e Iberdrola. 

Y tiene sentido. Con cifras de 2020 del sistema, Iberdrola y Endesa fueron las principales productoras en dichas tecnologías (43% y 37% respectivamente) pero el peso en EBITDA de producción de ambas tecnologías es mayor en Endesa (~15% del EBITDA’20, 12% EV) que en Iberdrola (8%, 4% EV), e inferior en Acciona (5%) o Naturgy (4%).

Impacto negativo

Los analistas apuntan que esto es solo el principio. Según Moody's, este proyecto de ley, si se implementa, sería crediticio negativo para los propietarios de centrales nucleares e hidroeléctricas españolas porque debilitaría los ratios de apalancamiento.

"La implementación de este proyecto de ley debilitaría gradualmente las métricas crediticias de Enel (Baa1 estable), Iberdrola (Baa1 estable), Naturgy (Baa2 estable) y EDP (Baa3 positivo)".

Endesa's FFO

También se introduciría un riesgo asimétrico. "Parece que esencialmente todo el alza de los aumentos del precio de la energía mayorista impulsados por el precio del CO2 se recuperaría, mientras que las empresas asumirían todo el riesgo a la baja del precio mayorista de la energía".

Habría un riesgo de disminución de la visibilidad del flujo de caja. "Esta legislación introduciría un desajuste entre la estrategia de cobertura de las centrales nucleares e hidroeléctricas españolas, normalmente ejecutada con unos trimestres de antelación, y el cómputo ex post de la CNMC de la recuperación de CO2. La liquidez en el mercado eléctrico mayorista español a largo plazo podría reducirse y aumentaría la exposición de la demanda a la volatilidad del mercado spot".

Para la agencia de calificación, además, persisten varias incertidumbres. Primero, es solo una legislación propuesta en esta etapa. El proyecto de ley tendría que pasar por el Parlamento español, lo que probablemente llevará unos meses y el debate parlamentario podría dar lugar a varias modificaciones, incluida la fórmula detrás del cálculo trimestral de la recuperación potencial que realizará la CNMC.

En segundo lugar, aunque el Gobierno español afirma que el mecanismo sería compatible con la legislación de la UE, es probable que esta suposición se ponga a prueba.

Banco Santander, por su parte, no se muestra tan crítico. Señala que "su aprobación en el Congreso podría sufrir modificaciones y necesitaría el apoyo del 50% de la Cámara". Además, "una minoración de 1.000 millones de euros anuales afectaría sobre todo a aquellas compañías con mayor exposición a centrales nucleares e hidroeléctricas en su producción".

Con todo, la minoración no parece muy significativa dado que 1.000 millones euros representan el 5% del EBITDA conjunto de las compañías y se repartirá en función de la producción hidro y nuclear.

"Teniendo en cuenta que es probable que esta medida no se pueda aplicar hasta 2022 y que tampoco es seguro que sea permanente, pensamos que la caída en bolsa ya recoge estas incertidumbres, que afecta más por las dudas regulatorias que lo que es el verdadero impacto en números", concluye.

En esa misma línea se posiciona Barclays, al menos respecto a la energética de Ignacio Sánchez Galán. "Las propuestas del Gobierno para la recuperación del carbono tienen un impacto limitado en Iberdrola debido a su diversificación geográfica". El impacto en la valoración se ve mitigado por el hecho de que las centrales nucleares comenzarán a cerrar a partir de 2027.

Sobre Endesa no se muestra tan optimista. En su análisis destaca que recortan su precio objetivo (TP) en un 5% a 25,9 euros (desde 27,4 euros). "Aunque vemos un impacto negativo moderado en los próximos 12 meses, creemos que el impacto a largo plazo puede ser significativo".

Suponiendo un coste de carbono de 9 €/MWh o 25 €/t, implícito en ese precio de la energía, "estimamos un impacto negativo de ~ 160 millones de €/año o del 8%. El impacto en la valoración se ve mitigado por el hecho de que las centrales nucleares comenzarán a cerrar a partir de 2027".

Ecologistas vs. eléctricas

Y mientras el sector nuclear valora negativamente esta decisión, los grupos ecologistas y ambientalistas aplauden a la ministra Ribera. En la Fundación Renovables el anuncio ha sido recibido con satisfacción. "El objetivo era dar una solución para que el coste del CO2 no se traslade siempre al consumidor final y no produzca los efectos contrarios a los deseados, así como que el destino de la recaudación vaya a la reducción del coste de la electricidad", señalan. 

Para Greenpeace, "el recorte del Gobierno a las eléctricas de una parte de los beneficios caídos del cielo es una buena noticia y debe realizarse de manera urgente". 

Incluso, coincidiendo con los precios récord que se están alcanzando en el mercado mayorista, los más altos de la serie histórica, la organización ecologista ha pedido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que investigue a las eléctricas por esta subida tan sospechosa coincidente con el anuncio del Gobierno. 

Al mismo tiempo, Foro Nuclear ha advertido que junto a las tasas, impuestos y tributos, este nuevo recorte de 1.000 millones de euros al año asfixia financieramente al parque nuclear español y lo aboca a su "quiebra técnica".

"Los impuestos y las tasas que llevamos soportando hace años son sencillamente confiscatorias", ha dicho la semana pasada Ignacio Araluce, presidente de la patronal del sector nuclear. 

Y en el sector de las grandes eléctricas el enfado es monumental. "Va en contra del derecho comunitario" y supone "una intervención" del mercado, señalan algunas fuentes. Es "una intervención en los precios de mercado no acorde con el trabajo de credibilidad-país realizado en los últimos años", puntualizan otras.

La guerra está abierta y todo dependerá de las mayorías parlamentarias en el Congreso. Y, nuevamente, la pelota estará en el tejado de PNV, que podría girar la balanza hacia un lado u otro. Aunque en pasadas ocasiones el grupo parlamentario vasco siempre ha dejado claro que su posición es apoyar a la industria, en esta ocasión tendrá que decidirse entre dos amores. Tendrá que ver a qué industria favorecerá con su voto.