A punto de que comiencen a adjudicarse los fondos para la recuperación económica de la Unión Europea (NextGenerationEU), y en un contexto de emergencia climática, Greenpeace analiza el sector del gas. En el informe "Por qué lo llaman gas natural cuando quieren decir gas fósil. Radiografía del gas en España" advierte de que, de seguir financiando falsas soluciones y trampas para el clima, España continuará atrapada en un modelo basado en los combustibles fósiles.
La organización ecologista demanda una mayor regulación y ambición climática y alerta de que el planeta no puede permitirse una transición energética que dependa del gas. Por eso cree necesario establecer una fecha para el fin de su uso en el sector eléctrico no más tarde de 2030 y en el energético antes de 2040.
“Estamos en plena emergencia climática y no podemos perder más tiempo con falsas soluciones ni tecnologías innecesarias: el gas no es una energía limpia ni de transición en la que se deba seguir invirtiendo. Los Gobiernos deben evitar que se asignen fondos que mantengan el gas durante muchos más años. Las energías renovables pueden cubrir todas nuestras necesidades”, ha declarado Tatiana Nuño Martínez, responsable de la campaña de Energía de Greenpeace.
“Las mismas empresas que usan el gas para hacer subir los precios de la energía son ahora las que piden millones de euros para nuevos proyectos de hidrógeno, pero sin una planificación y objetivos climáticos ambiciosos. Así solo corremos el riesgo de seguir financiando infraestructuras sobredimensionadas a través de subvenciones que perpetúan el uso del gas fósil“.
El gas se ha convertido ya en la segunda mayor fuente de emisiones de CO2 tanto en España como en Europa (solo por detrás del petróleo) y es el combustible fósil que más crece en el mundo.
En el informe se recalca que el gas natural es en realidad gas fósil, compuesto mayoritariamente por gas metano, un gas con un potencial de calentamiento global 84 veces mayor que el CO2 medido en un periodo de 20 años. Las pérdidas de metano durante el proceso de extracción y transporte y las emisiones de CO2 que se producen durante la quema de gas contribuyen al cambio climático y deterioran el medio ambiente.
Greenpeace denuncia que las políticas climáticas nacionales siguen siendo insuficientes para asegurar el abandono de los combustibles fósiles y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero al ritmo necesario para evitar los peores impactos del cambio climático.
En el contexto de los fondos de recuperación, la organización ecologista pide que los proyectos de hidrógeno que reciban fondos sean solo aquellos en que se haya obtenido exclusivamente con energía renovable, para usarlo como materia prima en la industria o para usos energéticos en los que no haya otra alternativa más eficiente.
“Existe un alto riesgo de que las empresas de combustibles fósiles, que ahora abanderan esta nueva revolución tecnológica, quieran rentabilizar las inversiones que ya tienen para, además, alargar la vida de sus centrales e infraestructuras de gas”, ha concluido Nuño Martínez.
El gas en España
España importa el 99% del gas fósil que se consume desde más de 10 países distintos. Hasta 2018, el 58% del gas entraba desde Argelia por gasoducto mientras que el 42% restante lo hacía en forma de gas natural licuado (GNL), transportado mediante buques. En 2019, el 70% del gas fósil importado mediante gasoductos provino de las conexiones norteafricanas.
En 2020, por primera vez desde hace siete años, los suministros en forma de gas natural licuado (GNL), con un 57% del total, superaron a los de gasoducto (un 43%) En las importaciones de GNL entran en juego otros países como EEUU, Rusia, Qatar o Perú.
España es el mayor importador de GNL de Europa y el sexto del mundo. Tan sólo le superan Japón, China, Corea del Sur, India y Taiwán.
Tres empresas son las que agrupan el mayor número de clientes de contratos de gas: Naturgy (52%), Endesa (20%), Iberdrola (13%) (con datos de 2019). La mayor parte de la red de transporte primario y secundario está controlada por Enagás.
España es el país de Europa con mayor capacidad de regasificación, ya que concentra un tercio de la capacidad europea. Enagás es una de las compañías con más plantas de regasificación del mundo.
Sobredimensionamiento
Las cifras hacen evidente el sobredimensionamiento de estas infraestructuras: entre 2008 y 2018 las regasificadoras en España se usaron de media un 22% de su capacidad, a pesar de que en 2019 el nivel de regasificación fue un 71% superior a la media de los cinco años anteriores. Según Enagás, la capacidad media de funcionamiento de las plantas fue inferior al 40%.
A pesar del exceso de infraestructuras de gas, Enagás insiste en resucitar proyectos fantasmas como Granadilla (regasificadora en Tenerife) o El Musel (regasificadora en Gijón), o pedir más infraestructuras esta vez para impulsar el uso del hidrógeno.
Las centrales de ciclo combinado (gas) son un signo más de la mala planificación energética en el país: han sido las principales beneficiadas de pagos por capacidad en las últimas dos décadas y en concreto de las subvenciones para la inversión de nuevas instalaciones y de pagos por disponibilidad.
Según estimaciones, la potencia instalada de ciclo combinado es el doble de la máxima que se ha necesitado en España en cualquier momento de la historia.
El Proyecto Castor, que pretendía ser el mayor almacén de gas fósil del país, se ha convertido en el ejemplo más flagrante de infraestructura fallida. Diferentes estudios desmintieron el argumento de que era necesario para la seguridad energética y, además, fue paralizado cuando se registraron más de 1.000 seísmos.
La deuda generada de indemnización y los gastos de mantenimiento que, incluyendo intereses, se estima que ascenderá a un coste total de 4.700 millones de euros, está siendo pagada por la ciudadanía a través de la factura de gas.