Se abre la veda a los nuevos proyectos renovables con una avalancha de peticiones para los puntos de acceso

Ha llegado el día D. A partir del 1 de julio se abre la veda para que promotores, desarrolladores e inversores pujen por conseguir un nuevo punto de acceso y conexión. Después de una moratoria que comenzó en junio de 2020, la expectación es máxima y ya se habla de avalancha de solicitudes. 

"Desde primera hora de la mañana el Gobierno ya descuenta que se realicen muchas consultas a los mapas de capacidad. Tanto es así que incluso ha habilitado más capacidad para el procesamiento de datos", explican fuentes del sector energético a Invertia. 

"Hay mucha liquidez en inversores institucionales, como fondos de pensiones o fondos de aseguradoras, que necesitan colocar su dinero. Y es que el sector con más proyección de futuro es el de las renovables en España", explica por su parte a este diario Luis Villar, Representative - Country Manager at Global Capital Finance.

Una afirmación que contrasta con el pinchazo de las salidas a bolsa de renovables durante el primer semestre del año.

"No tiene que ver con las solicitudes para nuevos proyectos. España se ha convertido en un país objetivo, porque tiene mucho recurso y poco hecho, cuenta con el apoyo institucional tanto del Gobierno del país como de la Unión Europea y, además, el LCOE está muy por debajo del precio del mercado mayorista".

Más aún en estos meses, que alcanza precios récord históricos, "y no se espera que bajen a corto plazo", con lo que "es más interesante invertir en este sector que, por ejemplo, Bonos de Estado, con rentabilidades ridículas".

Más de 17,5 GW nuevos

El Ministerio para la Transición Ecológica ya ha publicado la Resolución para celebrar el concurso de capacidad de acceso en determinados nudos de la red. En él se incluyen nuevas condiciones para poder optar a un punto de conexión: los criterios socioeconómicos y ambientales.

"La decisión del Gobierno va por buen camino", continúa Villar. "Ha sido una sorpresa porque hasta ahora se otorgaban por el orden de prelación temporal. Quien lo solicitaba antes lo conseguía antes. Ahora, al ver tanta demanda, se ha decidido ordenarla y concederla a aquellos que vayan a aportar algo a las economías locales". 

Se subastará la capacidad de acceso de las nuevas plantas renovables en 175 nudos de la red eléctrica de transporte, en los que ha aflorado una capacidad superior a 100 MW y existe suficiente demanda previa de capacidad de acceso. Por tanto, la oferta que se abre es superior a los 17,5 GW. 

Se suman a la sobreabundancia de proyectos que Red Eléctrica (REE) ha concedido, puntos de acceso y conexión, que superan los 110 GW. Aún así, eso no significa que se concedan todos.

Para ello, deben cumplir una serie de requisitos. Según la Secretaría de Estado de Energía "los concursos podrán aplicar criterios que fomenten la generación de riqueza y empleo en las zonas donde se ubiquen las instalaciones –respaldados por avales y sanciones por incumplimiento– así como el respeto del entorno natural y el paisaje".

Una vez abierto el plazo, se celebrarán los concursos de capacidad de cada uno de los nudos, que se deberán materializar en un plazo de 10 meses.

Ola de protestas rurales

La adjudicación de los puntos de acceso a cada proyecto presentado será en función de la generación de empleo, el impacto en la cadena de valor industrial o la participación de inversores, empresas y administraciones. "Tiene sentido después de ver el creciente rechazo que se está produciendo en los entornos rurales", apunta el experto.

"Y es lógico, la instalación de renovables puede generar empleo pero después no tanto. Lo más interesante para la población rural es que puede arrendar sus terrenos. El precio está entre los 1.500 y 1.800 euros/hectárea/año, aunque con este boom podría subir". 

El Gobierno también valorará la existencia de mecanismos para reinvertir los beneficios en la zona donde se levanten las instalaciones, será obligatorio depositar una garantía financiera que respalde esta reinversión y se penalizará el incumplimiento del compromiso.

Asimismo, se tendrá en cuenta el eventual impacto ambiental de las instalaciones aplicando una puntuación en función del grado de afección y considerando la clasificación de la “Zonificación ambiental para la implantación de energías renovables: eólica y fotovoltaica”.