Lo cierto es que las recetas políticas e, incluso, las medidas puntuales del Ejecutivo para rebajar algunos impuestos nada pueden hacer por contener el precio de la luz y solo podrán servir para rebajar levemente la factura de la luz, que en agosto alcanzará el mayor precio de la historia.

En el mercado además se coincide en que el impacto de las medidas del Gobierno seguirá siendo muy acotado, ya que, como máximo, la rebaja temporal de impuestos podrá reducir en torno a seis euros la factura. No podrá impedir que siga la escalada mundial de precios de la electricidad, que a su vez seguirá disparando la factura de la luz. La culpa la tienen las materias primas.

El Banco de España (BdE) se posicionó el martes en el debate indicando que la culpa es casi exclusiva de las materias primas y que mientras no bajen los precios del gas, del petróleo y del CO2, estaremos condenados a seguir sufriendo en nuestros bolsillos las subidas históricas de los precios mayoristas.

En su informe estimó que en torno al 70% de la fuerte subida de los precios mayoristas de la electricidad en el primer semestre se debe al encarecimiento de los derechos de emisión de CO2 y de los precios del gas, materia que emplean las centrales de ciclo combinado.

Gas y CO2

De hecho, los expertos consultados por Invertia coinciden en que los precios altos de las materias primas se mantendrán hasta al menos finales de este año, con lo que hasta 2022 la luz seguirá en máximos históricos y, por tanto, la factura que pagan los consumidores seguirá rondando precios de récord en todo lo que queda de 2021.

En el caso del gas, Carsten Menke, director de investigación de próxima generación del banco suizo Julius Baer, explica que la combinación de niveles de almacenamiento ajustados, una temporada de invierno con períodos de fuerte demanda de calefacción, créditos de emisiones de CO2 costosos y una falta de importaciones de gas natural licuado debido a la competencia con Asia culminan en una combinación alcista de precios.

Dado que las exportaciones estadounidenses crecen estructuralmente, y dado que los elevados precios mundiales del gas podrían moderar la demanda asiática, debería haber suficiente suministro para Europa.

Sin embargo, para que lleguen los barcos de gas natural licuado, el precio debe ser correcto y, por lo tanto, es probable que la fortaleza actual del precio persista por más tiempo.

A esto se suma un mercado de CO2 desbocado, con una especulación salvaje de los hedge funds que ven en la tonelada de CO2 un nuevo activo con gran potencial de subida. Y es que, en teoría, el precio del carbono no tiene límite.

Hidráulica

En este mercado la oferta empieza a escasear y sus precios pueden dispararse hasta niveles irracionales, como señala Régis Bégué, director de gestión de renta variable de Lazard Frères Gestion.

No obstante, para la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, hay un tercer factor que tiene que ver con la hidráulica. El 10% de la electricidad está relacionado con la quema del gas, los ciclos combinados, que es "la tecnología más cara y la más contaminante", dijo hace poco más de un mes en una comparecencia en el Congreso de los Diputados.

Sin embargo, no siempre es la tecnología que marca el precio marginalista. En la mayoría de las horas, es la hidroeléctrica la que aprovecha la oportunidad de que el gas esté tan alto, y oferta a un precio superior. Lo que hace que finalmente se pague mucho más el MWh. 

"Es un asunto que nos preocupa porque muestra cómo a veces se producen distorsiones en el mercado eléctrico, perfectamente legales pero indeseables desde el punto de vista de la administración pública que debe velar por los intereses de los ciudadanos", recalcó la ministra.

Este rally alcista tiene un efecto inmediato en la economía española. No solo afecta a los hogares, también a las pymes, grandes empresas e industria. La nueva factura de la luz, que entró en vigor el pasado 1 de junio, penalizará especialmente a las empresas que no puedan evitar hacer su mayor consumo en el tramo de hora punta durante la semana (de lunes a viernes de 10 a 14 horas y de 18 a 22 horas).

Medidas del Gobierno

Ante esta situación, el Gobierno aprobó la reducción del IVA del 21% al 10% hasta fin de año para todos los consumidores con potencia contratada hasta 10 kW. También se puso en marcha una suspensión temporal, en el tercer trimestre del año, es decir, julio, agosto y septiembre, del 7% del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE).

Las organizaciones de consumidores como Facua estiman que, si tomamos con referencia el recibo medio de una familia española en 87 euros al mes, la factura mensual quedaría por debajo de la barrera de los 80 (79,1 euros). Aunque no toman en cuenta la factura disparada de los meses estivales. De hecho, otros expertos advierten de que este impacto se ha anulado en julio y agosto. 

Dentro de las medidas a medio plazo para rebajar la factura ya desde el punto de vista estructural, el Gobierno envió al Congreso el proyecto para limitar los beneficios "caídos del cielo" de las eléctricas con carácter de urgencia. La medida impedirá a las empresas lucrarse cobrando el coste de los derechos de emisión de CO2 cuando generen la energía a través de centrales nucleares o hidroeléctricas, que no emiten estos gases.

Sin embargo, desde España es poco lo que puede hacerse para bajar el precio mayorista de la electricidad, ya que somos parte de un mercado regulado comunitario, que depende de la UE y opera a escala internacional. Por ello, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero ha vuelto a pedir este martes que la UE revise la estructura del funcionamiento del pool eléctrico.

Hace una semana, la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, reclamó a la Unión Europea que tomara medidas para frenar el encarecimiento de la electricidad. En una entrevista con Financial Times, defendió fijar un tope máximo a sus precios en lugar de que la factura se determine por el precio máximo que las redes eléctricas nacionales están dispuestas a pagar.

Mecanismo europeo

Ribera defendió que, en caso de que no se establezca un techo para las subidas de los precios de la electricidad, los consumidores podrían rechazar las iniciativas europeas para reducir las emisiones de dióxido de carbono, que implican un mayor coste en la factura energética al aplicar tasas ambientales. 

La ministra de Transición Ecológica criticó que la normativa europea sobre precios energéticos y costes marginales se adapta mejor a las condiciones de mercados como el de Alemania o Polonia, en los que se necesita fomentar la inversión para el desmantelamiento paulatino de su industria del carbón.