La empresa pública del Gobierno sólo podría tomar el control pleno de las hidroeléctricas en 2070

A lo largo de las próximas décadas irá finalizando la concesión de explotación de las centrales hidroeléctricas que se concedió a las compañías eléctricas a principios del siglo XX. A partir de ahí, pasarán a formar parte del Estado aunque el debate sobre su futuro está en el aire.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha sugerido la posibilidad de crear una empresa pública para gestionar las centrales hidroeléctricas una vez que vayan finalizando sus concesiones, con el fin de poder reducir la tarifa de la luz.

Pero ¿es posible? Según la Ley de Aguas 1/2001 de 20 de julio, ‘toda concesión se otorgará según las previsiones de los Planes Hidrológicos, con carácter temporal y plazo no superior a 75 años’. Sin embargo, muchas de esas concesiones se renovaron a finales del siglo pasado y algunas otras se prorrogaron, con lo que las principales centrales podrían llegar al final de su concesión más allá de 2070.

Actualmente hay unas 800 centrales hidroeléctricas, con un rango de tamaño muy variado. Hay 20 centrales de más de 200 MW, que representan en conjunto el 50% de la potencia hidroeléctrica total. En el otro extremo, existen decenas de pequeñas presas con potencias menores de 20 MW, repartidas por toda España. En total suman una capacidad instalada de 17.792 MW (el 19,5% del mix eléctrico).

En contra, los municipios

El anuncio de la ministra Ribera no es nuevo. Es una de las reclamaciones que lleva haciendo la izquierda muchos años. Unidas Podemos ya ha pedido en varias ocasiones la creación de una eléctrica pública ya sea renacionalizando o creando una nueva, pero el PSOE lo que propone es recuperar las centrales hidroeléctricas conforme vayan caducando las concesiones públicas a las empresas privadas.

Hace más de cuatro años en Aragón, sus Cortes autonómicas aprobaron una resolución para hacerse con la gestión de las instalaciones de su territorio con el objetivo, dicen, de bajar el recibo de la luz. Pero no todos están de acuerdo con esta solución.

Y es que mientras la concesión esté en manos de empresas privadas cuya cifra de negocio supere el millón de euros, la ley establece la obligación de pagar el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), un tributo gestionado por los ayuntamientos y del que reciben el 90% del importe total, además de un recargo que va a parar a la Diputación Provincial correspondiente.

Por eso, los municipios que ahora se benefician de la explotación de las centrales hidroeléctricas no están muy contentos con la idea y amenazan con presentar batalla. De hecho, llevan décadas reivindicando un cambio en la tributación del IAE y en poder aumentar el valor catastral de las instalaciones. 

Una empresa pública, ¿REE?

Poco después de tomar posesión de la cartera de Transición Ecológica, en 2018, la ministra Teresa Ribera avanzó que “hay un volumen [de MW hidroeléctricos] limitado, y que nos debería permitir pensar en dos opciones básicamente: garantizar un cierto precio para consumidores vulnerables y una cierta capacidad de almacenamiento y moderación de precios medios”.

Incluso habló de la posibilidad de otorgar al operador del sistema, REE, una función que éste venía reclamando desde hace años: la gestión de las centrales hidroeléctricas reversibles de bombeo (producen electricidad con agua pero la recuperan para almacenarla y volverla a usar), lo que se reduciría al control a un pequeño porcentaje de plantas. Es decir, solo hay unos 4.000 MW de potencia instalada de bombeo hidroeléctrico.

La Directiva Europea 2019/944 sobre mercado interior de la electricidad, en su artículo 68, prohíbe expresamente que REE pueda entrar en generación eléctrica, porque establece que una misma persona no puede ejercer control sobre funciones de generación y suministro y, al mismo tiempo, ejercer control sobre la red de transporte, pero abre la puerta a la gestión de una central de almacenamiento.

Un calendario que lleva a 2072

La posibilidad de recuperar las concesiones y que se vayan integrando en una empresa pública que gestione su actividad es posible, pero el proceso se antoja bastante largo. De hecho, se necesitará casi un siglo para que las centrales hidroeléctricas pasen a manos del Estado, según la cartografía actualizada del Observatorio de la Sostenibilidad.

Grandes centrales como Aldeavila (Salamanca) de 1.243 MW finalizarán su concesión en 2038, o La Muela (Cortes de Pallás, Valencia), de 1.750 MW, no será hasta 2063. La de Estany-Gento Sallente (La Torre de Cabdella, Lérida), de 568 MW, seguirá también hasta 2060 en manos de las compañías privadas. 

Fin de concesiones hidroeléctricas

Aún así, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) recoge la necesidad de regular el fin de las concesiones hidroeléctricas. 

“Con el fin de garantizar que se lleven a cabo las inversiones necesarias y que las centrales no dejen de funcionar una vez terminen las concesiones existentes, se hace necesario definir reglamentariamente los procedimientos y plazos aplicables a estas instalaciones”, señala. 

El documento prevé también impulsar las hidroeléctricas reversibles que permitan gestionar la producción renovable, al poder almacenar la energía.