Por qué los históricos precios de la luz han acelerado la subasta de renovables
En mitad de la época estival y ante un panorama futuro de precios eléctricos caros, el Gobierno quiere apresurarse en el aumento de potencia renovable.
18 agosto, 2021 02:56Noticias relacionadas
El Gobierno ha lanzado, casi sin esperarlo, una nueva subasta de renovables que se celebrará el 14 de octubre. Sería la segunda de este año y también de la era Ribera donde se aumenta el objetivo hasta los 3.300 MW, con una horquilla que podría llegar hasta los 3.498 MW.
Sin embargo, no será la única. Antes de que finalice el año se tendrá que convocar una tercera subasta en la que se puje por instalaciones de solar termoeléctrica (200 MW), biomasa (140 MW) y otras tecnologías (20 MW).
"La impresión que da, con tanta prisa y corriendo, es que el Gobierno necesitaba tomar alguna decisión para hacer frente a las críticas por la imparable subida del precio de la luz", explica a Invertia Yann Dumont, CEO de la consultora de energía renovable Reolum Renewable Research y presidente de la Asociación Española de Almacenamiento de Energía.
Pocas diferencias con enero
"El diseño es el mismo, la única diferencia son los cupos para las diferentes tecnologías", añade el experto. Se destinarán 1.500 MW para eólica terrestre, otra de 700 MW para fotovoltaica, 600 MW para proyectos ultrarrápidos, otra de carácter neutra de 200 MW y otra de 300 MW para sistemas solares distribuidos.
En el caso de la subasta para los 600 MW de instalaciones ultrarrápidas, "solo podrán acudir aquellos proyectos que estén muy avanzados, incluso en construcción para cuando se celebre la subasta, porque tienen que estar finalizados en un plazo de ocho meses".
Y aunque pueda parecer difícil, hay tanta actividad en el sector renovable que se espera que se cubra la previsión que oferta el Gobierno, aunque principalmente con proyectos fotovoltaicos al ser más ágiles en su construcción.
"Se entiende entonces que se subasten 1.500 MW eólicos porque sumando los 700 MW con los ultrarrápidos, estarían a la par".
"Hay muchos proyectos que se están construyendo y para ello, tanto si van a merchant o con un PPA, ya han debido de conseguir la financiación, pero pese a todo, acudirán a la subasta porque pueden conseguir más cobertura a su inversión con la subasta", añade Dumont.
Diferentes precios
Lo que sí podría ocurrir es que "los precios para la puja, al menos en este cupo ultrarrápido, no fueran tan agresivamente bajos porque ya tienen asegurada la financiación, si no, no estarían en marcha".
En la celebrada el pasado 26 de enero (3.034 MW) se fijaron precios por debajo de mercado y un 43% inferior a la estimación de precios a largo plazo. La subasta llegó a registrar un precio mínimo de adjudicación de 14,89 euros por MWh, en el caso de la fotovoltaica, y de 20 euros por MWh, para la eólica.
No se prevé que en octubre influya la escalada sin precedentes en los precios del mercado mayorista de electricidad de estos meses, pero sí podrían variar en función de la tecnología y de los requisitos para poder participar en cada uno de los cupos.
Falta la biomasa
"Se nota cierta improvisación política porque en esta segunda convocatoria no se incluye la solar termoeléctrica ni la biomasa porque requieren unas condiciones más complejas", concluye el experto.
Lo que sí se ha incorporado son las instalaciones pequeñas. Para la asociación fotovoltaica UNEF, a falta de analizar con más profundidad los detalles de la licitación, hay que celebrar que por fin se apoye la petición que lleva años realizando al Gobierno para que se celebren subastas específicas para instalaciones pequeñas. Considera "fundamental" que los proyectos pequeños puedan concurrir en las circunstancias adecuadas para su desarrollo.
El presidente de UNEF, Rafael Benjumea, aseguró que la convocatoria "aporta certidumbre al sector y permite a la fotovoltaica avanzar en su compromiso para cumplir los objetivos climáticos y aportar riqueza, empleo y valor social a la ciudadanía española".
Además, UNEF estima que el éxito de esta próxima subasta "está condicionado a que las administraciones eliminen las barreras" que todavía permanecen en mayor o menor medida para la tramitación de proyectos, así como de que se respeten los plazos correspondientes.