Sedigás pide una reducción de la fiscalidad también a consumidores de gas

La Asociación Española del Gas, Sedigás, ha lamentado que el Gobierno no utilice los mismos criterios para todas las energías a la hora de proteger a los consumidores vulnerables y se ha mostrado disconforme con la no reducción de la fiscalidad que afecta a los consumidores de gas y reclama un trato similar.

Así, considera que lo más apropiado es que el gas se beneficiase también de la rebaja fiscal, tanto del IVA, como del Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH), "garantizando así un tratamiento justo y equilibrado respecto del otorgado a la electricidad". Y lo ha dicho pese a compartir que algunas de las medidas extraordinarias aprobadas por el Consejo de Ministros eran necesarias para proteger de forma temporal a los consumidores energéticos más vulnerables.

De esta manera, el gas es uno de los escasos suministros básicos de los hogares que se mantendrán al tipo máximo de IVA (21%), frente a otros suministros como el agua o la electricidad, que se situarán en un 10%. Además, seguirá soportando en su integridad el tipo vigente del IEH (0,234 céntimos euro por kilovatio hora).

Por ello, la asociación insta al Gobierno a que extienda las rebajas fiscales al resto de fuentes de energía que se están viendo afectadas, con ocho millones de consumidores, en el caso particular del gas.

Sedigás censura los términos actuales de la propuesta del Ministerio de Transición Ecológica sobre la aplicación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), y reitera que este "impuesto", que se encuentra en proceso de aprobación parlamentaria, "supondría una fuerte discriminación geográfica para los consumidores de fuentes de energía no eléctricas, al sacar los cargos de la factura de la electricidad para hacerlos recaer sobre el resto de fuentes de energía, entre ellos, y de forma destacada, el consumo de gas".

Este tipo de medidas, tal y como puso de manifiesto Sedigás en junio, y de acuerdo con la evidencia internacional, afectan en mayor medida a las zonas despobladas, las cuales suelen estar en zonas climáticas continentales con temperaturas más bajas, que utilizan fuentes de energía con un menor grado de electrificación.

"Y confirma de ese modo el carácter regresivo de la medida, dado que se reduciría más, en términos porcentuales, la renta de los hogares con menos ingresos y, por tanto, más vulnerables. Todo lo contrario del espíritu de las medidas anunciadas en el día de ayer", recalca.

Por otra parte, la asociación considera que el Ministerio no ha proporcionado la información mínima necesaria para valorar adecuadamente el mecanismo de atenuación inmediato del incremento del coste de la materia prima incluido en la tarifa de último recurso (TUR) y cómo se verá recuperado en las futuras revisiones trimestrales a partir del segundo trimestre de 2022.

¿Déficit tarifario?

Sedigás esperará a conocer los detalles técnicos del citado mecanismo que deberá desarrollar el Gobierno para hacer una valoración fundada ante la posibilidad de incurrir en un potencial déficit tarifario de carácter estructural para el sistema gasista. También puede poner en riesgo su sostenibilidad económico-financiera y cuestionar el proceso de liberalización del sector emprendido hace ya más de dos décadas.

"La asociación reitera su compromiso con el diálogo y la cooperación con el Gobierno y todos los agentes implicados para acelerar la transición energética hacia un modelo descarbonizado", concluye el comunicado.

De hecho, "busca el equilibrio entre el cuidado del medioambiente y la garantía de suministro, el crecimiento de la economía y el bienestar de los consumidores".

Entre las medidas aprobadas por el Gobierno para frenar la escalada en el precio de la electricidad y proteger a consumidores más vulnerables figura la limitación de la tarifa regulada de gas natural con un tope de alrededor del 5% durante cada uno de los dos siguientes trimestres.

El plan de choque incluía una serie de medidas fiscales, entre las que figura la reducción del IVA al 10% de la factura eléctrica, que el Gobierno ha descartado aplicar para el gas.