Las medidas para bajar el precio de la luz recién aprobadas en el RD-Ley 17-2021 han provocado un maremoto en el sector energético. No solo afecta a las grandes compañías eléctricas, con sus centrales nucleares y grandes hidroeléctricas, también a las comercializadoras independientes, a las renovables y a los consumidores en general.
"Al Gobierno no le quedaba más remedio que actuar, hemos cambiado el foco diario de la incidencia de la Covid por el precio de la luz", señalan a Invertia fuentes del sector renovable. "La erosión pública era evidente".
Sin embargo, no afecta igual a todas las tecnologías. "Es cierto que las centrales nucleares, grandes hidroeléctricas (construidas, la mayoría, hace un siglo) y centrales de carbón cobraron los denominados CTCs (Costes de Transición de Competencia) y por tanto deberían estar amortizadas, así que tiene sentido que se les pida que devuelvan la retribución sobrevenida, no así pasa con los parques eólicos".
Así que no entienden que se les haya metido en el mismo saco que a las otras tecnologías.
"Con datos de futuros de 2019, en los últimos 20 meses la eólica ha ganado un 0,6% menos de los ingresos que se esperaban, y si ahora el precio de la luz está tan alto es porque no sopla el viento y por tanto es una tecnología que no vende su generación", añaden las mismas fuentes.
Tampoco entienden que se les reduzca su retribución a aquellos parques que han firmado PPAs bilaterales, "aunque sean precios fuera de mercado" si incorpora los precios de la electricidad del mercado mayorista, según el artículo 4 del RD-Ley. "Esto va a suponer que el Ministerio para la Transición Ecológica tendrá que solicitar a REE todos los PPAs que se han firmado hasta la fecha en España y ver cuáles están dentro de la obligación de devolver dinero y cuáles no".
"Por la misma razón que cuando el mercado mayorista estaba a 20 euros/MWh, como pasó en los meses de confinamiento, nadie entendió que se le pagara más, no es justo que ahora que está más alto se le quite esa retribución".
"Habría que mirar mejor qué otra tecnología renovable sigue generando todos los días, porque el sol sale todos los días, y cobra los precios récord históricos marginalistas".
Retroalimentación del pool
No todo es negativo. Para la consultora andaluza Tempos Energía "estas nuevas medidas pueden suponer una oportunidad de cobertura para la gestión energética a pool de las empresas nacionales".
El director general de la consultora energética andaluza, Antonio Aceituno, ha explicado que una parte importante del Real Decreto se centra en proveer de liquidez al mercado de futuros. Será gracias a las futuras subastas de electricidad a largo plazo que obligan a los grandes generadores a ofertar 15.830 GWh, equivalentes al 6,3% de la demanda eléctrica nacional en 2020.
Tempos Energía considera que "la industria y la empresa nacional tendrán que prestar especial atención a cómo influirá esta medida en el proceso de casación horario de la energía".
"Tres son los motores que empujan a los futuros y que están trabajando a altísimas revoluciones: gas, el CO2 y el propio pool, produciéndose además retroalimentación positiva entre los dos primeros", han destacado desde Tempos Energía.
Cruzar líneas rojas
Los equipos jurídicos de todos los agentes afectados por las nuevas medidas miran con detalle el texto de Gobierno para buscar algún resquicio que les pueda llevar a los tribunales. "Casi cualquier medida regulatoria en materia energética siempre termina en los juzgados", confirma, por su parte, el abogado Seguimundo Navarro, partner en inARB, dedicado al arbitraje y la litigación internacional.
"Es lo que llamamos pleitos instrumentales, que se utilizan para meter presión, hacer lobby y finalmente conseguir un acuerdo favorable".
Sin embargo, en esta ocasión, en su opinión, "la cuestión está bien planteada y podría tener encaje en los mecanismos para abaratar el precio de la luz y para intervenir en el mercado de precios de los productores, al amparo del contenido de la Directiva (UE) 2019/944. Habrá que examinar más a fondo el contenido del RDL para evaluar si se han cumplido las condiciones legales para esta actuación".
Aún así, "entiende que desde las compañías eléctricas buscarán cualquier defecto que se haya cometido, porque lo permite el derecho contencioso-administrativo", añade Seguimundo Navarro. Lo que no queda tan claro es si solicitarán medidas cautelares para paralizar la puesta en marcha de la normativa.
"La ley dice que hasta que no haya una consecuencia práctica de la norma no se puede recurrir, pero como hay consecuencias prácticas per se en el documento que se activan en el mismo momento que se aprueba, podrían solicitarse".
Por eso, el abogado considera que lo más normal es que pidan. "Lo que no creo es que las concedan porque tienen a la opinión pública en contra, y es una mera cuestión económica que no tiene impacto directo para adoptar un medida cautelar".