Galán presiona a Pedro Sánchez y repercute a las grandes empresas el hachazo de Ribera a las eléctricas

Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL-Invertia, Iberdrola ya ha comunicado mediante cartas a sus principales clientes que será necesario renegociar sus acuerdos de tarifa plana conocidos en el sector como PPA (Power Purchase Agreement) y que hasta ahora garantizaban el suministro de electricidad por un precio fijo blindándoles ante eventuales subidas de la luz. 

En la práctica, Iberdrola traslada los costes de este hachazo eléctrico a empresas ajenas al sector como Danone, Bayer, Heineken o Telefónica y agita el avispero contra el Gobierno de Pedro Sánchez implicando a toda su red de clientes empresariales en un problema que hasta ahora era solo de las eléctricas. 

Las compañías cifran en 2.600 millones de euros el impacto de las recientes medidas aprobadas por el Gobierno que apuntan directamente sobre la línea de flotación de beneficio de las eléctricas, al obligarlas a devolver la 'retribución sobrevenida' por los altos precios del gas y sobre la fiscalidad en la factura. 

El objetivo, según fuentes ministeriales, es que "los consumidores paguen este 2021 una cantidad equivalente a la que abonaron en sus facturas durante 2018, ajustada por el IPC", unos 600 euros anuales en el caso de un consumidor medio en baja tensión. Y no solo los hogares, "el elevado precio eléctrico pone en riesgo la recuperación económica, e impacta también en las industrias y las empresas en general".

Nuevos PPA

No obstante, con este movimiento Iberdrola traslada precisamente el coste a las grandes empresas con las que tiene contratos elevando la factura de todos los sectores productivos españoles. De hecho, se produce un efecto contrario al que persigue el Gobierno de aliviar la factura de las industrias y las empresas. 

Fuentes cercanas a la compañía indican que este cambio en las condiciones no tiene una lectura política sino que es un movimiento necesario para poder compensar el duro impacto que estas medidas tendrán en sus cuentas.

Sostienen que las nuevas normas se traducen en un aumento de 75 euros el precio del kilovatio por hora, algo que se hace inasumible. Indican además que los cambios no se producen sólo en las condiciones de los PPA, si no en los contratos a largo plazo con todas las grandes empresas.

Las fuentes consultadas por este diario indican además que Iberdrola ofrece varias alternativas que van desde renegociar los contratos al alza, cancelarlos o cobrar una tarifa extra durante el tiempo que estén en vigor las medidas del Gobierno. Incluso se ofrece la posibilidad de devolver parte o todas las alzas cuando se normalice la situación.

Para rescindir estos contratos argumentan circunstancias extraordinarias que han cambiado completamente las condiciones en las que se firmaron estos PPA y que pasan fundamentalmente por el decreto del Gobierno y el cambio en las condiciones de mercado para las eléctricas.

"Estabilidad y predictibilidad"

De esta manera, estamos ante un nuevo episodio de la guerra que se ha abierto entre las eléctricas y el Gobierno de Pedro Sánchez. El propio Galán dijo hace unos días desde Nueva York que el sector eléctrico y del conjunto de la economía de debía contar con "estabilidad y predictibilidad".

Unas declaraciones que hizo en un evento organizado por la Cámara de Comercio España-Estados Unidos, al que originalmente iba a asistir el presidente de Gobierno, pero al que finalmente no acudió "por motivos de agenda".

En ese momento, Galán insistió en varias ocasiones a lo largo de su intervención en que los inversores necesitan actuar sobre el largo plazo y, para ello, necesitan que las leyes no cambien a mitad del partido, sino que sean capaces de ofrecer estabilidad y predictibilidad.

El presidente de la eléctrica cree que el cambio en las leyes puede provocar el efecto contrario: desviar la inversión y que esto obligue a posponer los objetivos climáticos porque no se pueden impulsar las tecnologías que lo permiten.

Una guerra que el Gobierno está librando con todas las eléctricas. El distanciamiento comenzó con el proyecto de ley para el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, con el objetivo de ampliar la financiación de las renovables a gasistas y petroleras.

Guerra con las eléctricas

Después, continuó con los "dividendos de CO2", que apuntaba a la línea de flotación de las nucleares, y ahora se ha puesto la guinda con la reforma eléctrica para bajar la luz. Precisamente esta última medida tiene una alta probabilidad de judicializarse.

Las casas de análisis coinciden en que la reforma eléctrica, y en especial la medida que obliga a devolver al Estado la retribución sobrevenida por los altos precios del gas, es "un tratamiento especial que debilita el trasfondo jurídico de la normativa y facilitará las apelaciones en los tribunales de las compañías eléctricas tradicionales".

De hecho, aseguran que "los clientes de electricidad liberalizados verán una enorme inflación en sus facturas de electricidad en los próximos meses y, lo que es más importante, en su conjunto, ya que el aumento de la incertidumbre regulatoria y el consiguiente aumento de la prima de riesgo hará que la recuperación económica española sea más lenta y costosa", indican.