Las diferencias irreconciliables entre los Estados miembros impiden que la UE intervenga para frenar el alza de la luz. Alemania, Holanda y los países nórdicos han redoblado su oposición a las medidas que reclama la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera. En una declaración conjunta firmada con otros 8 países, Berlín alerta de que la reforma del sistema de fijación de precios que defiende España pondría en riesgo la seguridad de suministro, aumentaría el coste de integración de las renovables y fragmentaría el mercado eléctrico europeo.

"No podemos apoyar ninguna medida que represente un alejamiento de los principios de competencia en el diseño de nuestro mercado del gas y la electricidad. Desviarse de estos principios socavaría una descarbonización asequible de nuestro sistema energético, pondría en peligro su rentabilidad y amenazaría la seguridad de suministro", concluye la declaración conjunta. Los firmantes son Alemania, Austria, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Irlanda, Luxemburgo, Letonia y Holanda.

A la ofensiva de Berlín y sus socios, España, Italia y Francia han contraatacado con una iniciativa conjunta en la que vuelven a exigir una reforma del mercado europeo de la electricidad con el fin de limitar el alza de precios. "Debemos garantizar que los consumidores de energía eléctrica compartan plenamente los beneficios de las tecnologías de emisiones cero a partir de ahora mismo, evitando la volatilidad excesiva de los mercados de gas natural", dice el texto, que cuenta además con el apoyo de Rumanía y Grecia.

El cruce de declaraciones prepara el campo de batalla para la tormentosa reunión de ministros de Energía de la UE que se celebra este jueves en Bruselas. Pese a que la subida del precio de la luz ha disparado la inflación en la eurozona al 4,9% en noviembre, récord desde la creación del euro, del encuentro no se espera ningún resultado concreto debido a la profunda división entre los socios. Los Veintisiete no coinciden ni en el diagnóstico de las causas de la crisis energética, ni tampoco en las recetas para poner límites al alza de precios.

Por un lado, España y Francia reclaman medidas urgentes a escala europea frente a lo que consideran un shock sin precedentes, que pone en riesgo la recuperación. Italia, Polonia, Grecia o Portugal apoyan todas o parte de las demandas de Madrid y París. En el extremo contrario, Alemania, Holanda y los nórdicos creen que se trata de un fenómeno transitorio que remitirá en la segunda mitad de 2022 y se oponen a cualquier intervención de Bruselas.

Dos informes negativos

Los dos bandos ya se enfrentaron en la anterior reunión de ministros de Energía y en la cumbre de líderes europeos celebradas el pasado octubre, en las que no hubo ningún avance concreto. La única novedad ahora es que la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) ha publicado ya el informe que le encargó la Comisión de Ursula von der Leyen sobre el mercado eléctrico europeo. Un estudio que dinamita las pretensiones de París y Madrid y refuerza los argumentos de Alemania y los nórdicos.

El estudio concluye que las propuestas de reforma de España y Francia "amenazan con poner en peligro la seguridad de suministro a medio y posiblemente también a corto plazo". Cualquier intento de fijar un tope a los precios o de cambiar el actual diseño marginalista -que se traduce en que es la tecnología más cara (el gas) la que fija el precio mayorista de la luz- provocaría que algunos participantes en el mercado no puedan recuperar los costes y se acaben saliendo y limitaría la llegada de nuevos actores.

Además, "existe el riesgo de fragmentación del mercado europeo de la electricidad, que ahora está bien integrado". Un estallido que tendría consecuencias negativas "importantes", tanto a la hora de "descarbonizar la economía europea al menor coste" como para "mantener la seguridad de suministro y la resiliencia del sistema en el futuro", asegura ACER. 

También la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA, por sus siglas en inglés) ha publicado su propio informe sobre el funcionamiento del mercado europeo de CO2, cuya conclusión es que no hay pruebas de que los vaivenes de precios se deban a fenómenos especulativos. Por tanto, la ESMA no ve necesario adoptar medidas para combatir la volatilidad, como defiende Ribera.

España, con la reforma del mercado

Pese a estos dos informes negativos, la vicepresidenta tercera tiene previsto aprovechar la reunión de Bruselas para volver a la carga con sus propuestas, según explican fuentes diplomáticas. Ribera insistirá en que la UE debe poner en marcha una plataforma conjunta de compra de gas, como ha hecho con las vacunas contra la Covid-19. Una medida que el Ejecutivo comunitario considera difícil de llevar a la práctica. Además, volverá a pedir la reforma del mercado eléctrico para que no sea el gas el que determine el precio mayorista.

Y junto a España, otros países apoyan sus propuestas: Italia, Francia, Grecia y Rumania. Una alianza no solo para la reforma de la compra conjunta de gas sino para pedir que a medio o largo plazo se reforme el modelo marginalista de casación de precios en el mercado diario de electricidad. 

Según el documento que llevará Ribera a la reunión, "el diseño actual del mercado puede que no esté preparado para el futuro, por lo que es necesario comenzar sin demora una evaluación en profundidad de la idoneidad y el funcionamiento del mercado interior de la electricidad para el horizonte de 2030".

"Se debe lanzar una amplia consulta para identificar, en un plazo de seis meses, las reformas necesarias del mercado eléctrico actual para hacerlo a prueba de futuro y adecuado al objetivo del 55%".