La Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), organización que engloba a las grandes petroleras del país, ha pedido "mayor contundencia" contra el fraude de biocarburantes cometido por algunos operadores.
En un comunicado, la asociación, de la que forman parte Repsol, Cepsa, BP, Galp, Eni, Saras y Gunvor, aplaude la aprobación por parte del Gobierno de la resolución por la que se incrementa el pago obligatorio al fondo compensatorio en caso de no disponer de los certificados de biocarburantes. Sin embargo, cree que "no es suficiente por sí sola para atajar el fraude, que tiene un impacto negativo en el medio ambiente y en la competencia efectiva entre operadores".
En este sentido, considera que los operadores que no incorporan el porcentaje obligatorio de biocarburantes "provocan un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero arriesgando el cumplimiento de los objetivos de descarbonización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC)". También se suma "la competencia desleal y la obtención de beneficios ilegítimos provocando la pérdida de ventas de quienes cumplen la normativa vigente".
En concreto, estas prácticas fraudulentas se producen por la brecha de precio entre los biocarburantes y los combustibles tradicionales, y, dada la falta de incentivo para introducir el biocarburante, hay operadores que cobran el carburante fósil al precio del bio sin incorporarlo. Con ello se ahorran el sobrecoste del biocarburante y obteniendo un beneficio ilegítimo por la diferencia entre ambos precios. A esto se une el incumplimiento masivo de pagos al fondo compensatorio por parte de los operadores con déficit de certificados.
Por ello, AOP viene reivindicando la actuación frente a estas prácticas fraudulentas, "que no solo obstaculizan el avance real y efectivo en la reducción de emisiones, sino también provocan una competencia desleal dañando y desincentivando a las empresas cumplidoras".
Una de las medidas que la patronal de las grandes petroleras reclama es el establecimiento de una garantía financiera proporcional a las obligaciones en materia de biocombustibles que tiene cada operador como condición necesaria para operar al por mayor. Estima que "tendría un carácter claramente disuasorio para el que pretenda incumplir, dificultando el fraude, y en caso de que éste se produjera, las Administraciones podrían recuperar, al menos en parte, el dinero defraudado".
Asimismo, aboga por "un sistema ágil" de reporte del cumplimiento de las obligaciones y del régimen sancionador oportuno para aquellos operadores que incumplan.
Objetivos biocarburantes
Además, la asociación reivindica la necesidad de que la Administración marque una senda "clara" de objetivos de incorporación de biocarburantes a 2030 que les permita llegar a los objetivos que marcan tanto la Directiva Europea de Energías Renovables (RED II) como el PNIEC.
La RED II prevé que el Estado debe imponer una cuota de energías renovables en el consumo final de energía en el sector del transporte que, en 2030, ha de ser mínimo del 14%. Por su parte, el PNIEC fija un objetivo mayor, que pasa por alcanzar un 28% de renovables en el transporte en 2030.
Sin embargo, España aún no ha transpuesto por completo la RED II, fijando solo los objetivos a cumplir para 2021 y 2022, a diferencia de otros países europeos que ya tienen una ruta definida hasta 2030.
Para AOP, la ausencia de esta senda "provoca una inseguridad jurídica en la inversión desincentivando la misma y dificultando el alcance de los objetivos marcados".