La Asociación Española de Cogeneración (Acogen) y Cogen España consideran que la propuesta de orden de subastas del Gobierno, que prevé adjudicar 1.200 megavatios (MW) de cogeneración en los próximos tres años, "empeora el régimen actual".
En su opinión, "establecer importantes restricciones adicionales que minoran las opciones de operación y dificultan la integración de la cogeneración en la gestión energética eficaz", por lo que piden modificaciones para "lograr un marco confiable para los inversores industriales".
En las alegaciones presentadas a la propuesta de orden, los cogeneradores alertan sobre "un exceso de nuevas obligaciones y barreras operativas, técnicas y económicas que complican la gestión y desincentivan el acudir a las subastas".
Así, a pesar de considerar que la propuesta de marco regulatorio es "positiva" para la industria, los sistemas energéticos y la descarbonización, abogan por ciertas modificaciones encaminadas a una "menor rigidez y mayor flexibilidad".
Especialmente, Acogen afirma que resulta "imprescindible" adecuar previamente las revisiones de los precios gas y dióxido de carbono (CO2), que, como están, "penalizan injustificada y gravemente al sector".
22 alegaciones
En las 22 alegaciones presentadas, el sector de los cogeneradores considera que se eliminan opciones de venta actuales de la electricidad cogenerada, estableciendo requisitos de autoconsumo excesivos con penalizaciones adicionales que "dificultan gravemente la flexibilidad en la operación de las cogeneraciones y sus industrias".
También se reduce en exceso la vida útil de una cogeneración de los 25 años actuales a solo 10 años, "claramente un plazo exiguo que el sector reclama se modere a 15 años".
Además, subrayan que la cifra propuesta de 1.200 MW por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico es "claramente insuficiente". Son necesarios, en su opinión, 1.800 MW de potencia solo para mantener el parque actual que finaliza su vida útil a 2025, a los que habría de sumar la demanda de nuevas cogeneraciones.
También piden completar la propuesta con información metodológica sobre las instalaciones tipo (IT) a subastar, para que las industrias puedan evaluar y planificar con certidumbre sus inversiones, ya que se trata de "un punto esencial para captar inversión y confianza industrial, ya que la información remitida a información pública es insuficiente".
Finalmente, piden mejoras en la tramitación administrativa, ya que "preocupa la eficiencia del ciclo administrativo que empeora en la propuesta al retrasar el inicio del devengo del régimen retributivo".