Cuando hay un desastre ambiental, todos intentan 'echar balones fuera'. Y así ha pasado con el derrame de petróleo de una refinería de Repsol en Perú el pasado 15 de enero. El Gobierno del país no avisó de las consecuencias de la erupción submarina del volcán Tonga a más de 10.000 kilómetros de distancia.

Las olas del tsunami tras su erupción (científicos de la NASA aseguran que liberó energía como cientos de bombas de Hiroshima) provocaron numerosos daños en la costa del Pacífico del continente americano. Y Perú fue el único país que no alertó del peligro.

Cuando la compañía española se enteró de que se había producido la explosión preguntó a Marina de Guerra, el ejército de defensa marítima de Perú.

Pero, según fuentes consultadas por este diario, les dijo que podían continuar con sus operaciones. Ese día Repsol estaba bombeando petróleo a la única refinería que posee en el país andino. 

Otros países como las islas Vanuatu, Fiyi, también Australia, Nueva Zelanda o los estados norteamericanos de Samoa Occidental o Hawái, Chile, Ecuador e incluso Japón, sí que emitieron distintas alertas y avisos meteorológicos por el riesgo.

Amenaza de expropiación

Ante la magnitud del desastre ambiental, el Gobierno peruano, de izquierdas y constituido hace año y medio, ha dicho que evalúa el contrato de Repsol en busca de sanciones por el derrame de petróleo. Incluso evalúa pedir la expropiación de la Refinería La Pampilla de Repsol, por los daños ante el derrame.

"Algo así ya les paso en Venezuela y pagaron una sanción, probablemente tendrán que hacerlo ahora también y reponer todo", explica a este diario María de la Torre, experta legal en Gobernanza y socia directora de Governance & Compliance.

"En general, este tipo de expropiaciones son muy complejas y, además, el sometimiento de Perú a los órganos de disputas internacionales y la debilidad de su Gobierno dejan esta opción como muy improbable", coincide por su parte Juan Martínez Calvo, socio de Simmons & Simmons y abogado especializado en el sector energético.

"La posibilidad técnica y legal de expropiar la tiene cualquier país, pero les tiene que compensar todo el proceso", añade Seguimundo Navarro, partner en inARB, dedicado al arbitraje y la litigación internacional. 

"No se ha abierto todavía ningún expediente sancionador, pero si se lleva a los tribunales Perú tendrá que demostrar que no fue una negligencia de las autoridades del país, porque más parece que están utilizando una empresa extranjera para ocultar su responsabilidad", añaden fuentes conocedoras. 

Intereses de Repsol en Perú

La compañía está presente en el país por su amplia red de gasolineras, la refinería protagonista del derrame de petróleo y por su participación de un 10% en un yacimiento de gas, Camisea. 

La Refinería La Pampilla tiene el 54% de la capacidad de refino de combustibles de Perú, y fue comprada por Repsol en 1996 en medio de un proceso de privatización en el país.

Dentro del consorcio de Camisea, la argentina Pluspetrol es el socio mayoritario con el 27% de participación, seguido de la estadounidense Hunt Oil (25,1%), la coreana SK Innovatión (17,6%), la argentina Tecpetrol (10%), y la argelina Sonatrach (10%). Repsol tiene el otro 10%.

Camisea produce 92% de la producción de gas natural de Perú y su gas permite generar más del 40% de la energía eléctrica consumida a nivel nacional.

No es la primera vez que el nuevo Gobierno peruano habla de expropiación. Durante la campaña electoral, el partido del actual presidente Pedro Castillo, Perú Libre, ya hablaba de ello y en septiembre pasado, volvió a lanzar la idea de expropiar, en concreto el yacimiento de gas Camisea.